Jorge Rodríguez ha convertido en concurso, como si fuera un show televisivo, una adicción sin remedio de los jerarcas del régimen, lo que debería estar expresamente señalado en la Constitución o las leyes: el día en que se celebran elecciones presidenciales. Eso fue así antes, en la malhadada «democracia puntofijista».
El inefable señor Rodríguez pretende hacernos creer que es una expresión democrática lo que un supuesto consenso de amigos, simpatizantes y proveedores/clientes propongan en torno a la fecha electoral. Y, en su euforia desmedida -una más-, reta a que se le nombre un país de este mundo donde ocurra semejante cosa.
Ningún país más o menos serio inventa una pamplina como la de estos desnortados revolucionarios, que lo que hacen es darle vueltas y vueltas al tema electoral porque temen enfrentarse con todas las de la ley a María Corina Machado.
En su convocatoria del fulano diálogo palaciego dicen que está representado 97% de los partidos políticos. Ninguno de ese 97%, que si acaso sumarán entre todos 15% del electorado, ha hecho, que se sepa, ni una mínima asamblea para elegir a su postulado, pero ya todos los convocados asumen que son candidatos. Machado fue electa con la participación de 2,5 millones de personas. Por esa y por ninguna otra razón valedera es que sacaron de la chistera de su Poder Judicial esa decisión para inhabilitarla.
Ahora, el “consenso Rodríguez” entregará al CNE una carpeta con una propuesta de fecha electoral. Eso es lo que se esperaba pero, en su afán democrático, consignarán 27 fechas, salidas de las cabezas de estos líderes sin auditorio. Eso tampoco ocurre en ningún país del mundo.
Parece o es una ironía. Por meses se ha exigido la fecha electoral, secuestrada desde que el chavismo se hizo hegemónico, y ahora hay 27. El régimen siempre promete “abundancia” y todos los venezolanos saben que lo que reparte es miseria. También miseria electoral.
Jorge Rodríguez, negociador del régimen y presidente de su asamblea nacional, se permitió además anunciar que se emitirán normas para regular el comportamiento de los medios de comunicación y de las redes sociales durante el proceso electoral que se avecina.
El régimen ha descabezado a 300 emisoras radiales en 20 años, cerró el histórico primer canal de televisión del país, ha silenciado a otros, ha comprado los diarios más importantes de Venezuela, con contadísimas excepciones, y encima quiere regular lo que queda. Es decir, controlar, limitar, censurar o imponer la autocensura.
Los únicos medios que pueden y deben ser regulados son los medios públicos, cuya propiedad pertenece a todos los venezolanos. Son esos medios los que están obligados a conceder tiempos y espacios similares para los contendores electorales. Cada medio privado -que en verdad está “privado de libertad”- debería poder hacer lo que su criterio particular, su compromiso con la información y la democracia les dicte. Sin regulación alguna.
Rodríguez y los demás integrantes del círculo del poder tendrían que aceptar que sin la participación de las fuerzas democráticas y su candidata María Corina Machado no hay elecciones creíbles ni el mundo democrático las avalará. Lo que está planteado es la habilitación de María Corina por dos razones: una, fue electa en una votación popular pública y muy notoria; y dos, todo venezolano mayor de edad tiene derecho a elegir y ser elegido. En este caso, a ser elegida.