De nuevo recurre el régimen madurista a sus prácticas autoritarias al decidir unilateralmente el nuevo salario mínimo nacional, sin haber consultado a empleadores privados ni a trabajadores representados en centrales sindicales o federaciones nacionales su opinión en la materia.
Con su actitud este gobierno bandolero no escatima esfuerzos en demostrarlo, en el país y ante la comunidad internacional, al desestimar que este año 2019, específicamente en julio, vino una Comisión de Encuesta de la OIT a propósito de la queja introducida por Fedecámaras en relación con la urgencia de la consulta tripartita establecida en el convenio 26 de los estatutos del organismo.
Pues bien, la actitud contumaz de la tiranía se agrava luego del informe final de esta misión internacional, emitido el pasado 30 de septiembre, en el que se conmina al gobierno su obligación de sentarse en la mesa tripartita con empleadores y trabajadores, a fin de decidir sobre salarios específicamente, y adicionalmente le indica la liberación inmediata de Rubén González y Rodney Álvarez, sindicalistas de la empresa básica Ferrominera, entre otras decisiones del organismo internacional.
Entonces, a tan solo 14 días de manifestarse este órgano de la OIT, impone un nuevo salario mínimo que en nada resuelve el tema del poder adquisitivo tan resaltado en el Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, dado a conocer por la alta comisionada Michelle Bachelet este mismo año.
El nuevo aumento alcanza la cantidad de 300.000 bolívares, según la nota gubernamental emitida por redes sociales. Es presentado en forma fraudulenta como salario integral, cuando en realidad es solo salario la cantidad de 150.000 bolívares, utilizable para el cálculo de utilidades, prestaciones sociales, vacaciones, horas extras, etc. El resto es solo un bono sin ninguna incidencia salarial.
En realidad este nuevo aumento tendrá el mismo destino de los otros y es demostrar su incapacidad de restaurar el poder adquisitivo ante una canasta alimentaria que según el Cendas-FVM está cercana a los 5.000.000 de bolívares y una canasta básica de bienes y servicios próxima a los 8.000.000 de bolívares, lo que significaría adquirir 6% de la primera y 3,75% de la segunda.
Esta realidad no la reconoce un vocero de marras oficialista, diputado a la fraudulenta ANC, al informar que es suficiente el aumento para adquirir todos los productos de la caja CLAP, argumento risible porque ese mecanismo de distribución alcanza a 30% de la población y sus productos son de pésima calidad, en muchos casos descompuestos.
Lo que es evidente es la manipulación de un régimen tirano y farsante, que ofertó en agosto de 2018 un salario mensual equivalente a 30 dólares mensuales y hoy, luego de 14 meses con indicadores de inflación de 7 cifras, implanta un ingreso mensual cercano a los 15 dólares. Datos que nos colocan en el inframundo de la pobreza extrema, al indicar la OIT y el Banco Mundial que el salario de pobreza extrema es de 1,9 dólares diarios y el nuevo ingreso mínimo alcanza solo 0,5 dólares diarios, como resultado de la política económica mas brutal y exterminadora contra un pueblo.
Situación que se complica más con la actual distribución de la población en Venezuela, pues los adultos mayores, pensionados y jubilados representan hoy la data de 4.500.000 personas que están obligadas a sobrevivir con la pensión o jubilación de 150.000 bolívares y están condenadas al infortunio luego de haber aportado décadas de labor y esfuerzo a la prosperidad del país.