La Misión independiente de determinación de los hechos de la ONU debe pasar del diagnóstico sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano a la solicitud de audiencia ante la CPI para consignar el nuevo informe y exigir que se firme el informe preliminar.
La Misión independiente de determinación de los hechos del Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU y la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, tienen que hacerse presente en la CPI y consignar este último informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares donde se ratifica el patrón de las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad como las detenciones arbitrarias, desaparición forzadas de personas, torturas aplicadas con métodos horrendos que se comparan con la de los nazis, ejecuciones extrajudiciales, porque de lo contrario es crear expectativas muy lejanas de justicia internacional que pudieran agravar el dolor y sufrimiento de víctimas y familiares de estos crímenes cometidos por el Estado.
Es infructuosa defensa de funcionarios del Estado en intentar lavarle el rostro a un sistema de justicia penal politizada y en toda su estructura judicial desde el TSJ hasta los tribunales ordinario que siguen careciendo de autonomía e independiente como lo establece nuestra CRBV y la ley orgánica del Poder Judicial, el sistema de justicia siempre permitió la invasión de facultades y competencia de nuestra justicia ordinaria para los civiles por la justicia militar al detener y procesar a manifestantes civiles vulnerando el juez natural y debido proceso estipulado en el artículo 49 de la Constitución derechos y garantías constitucionales sagradas en nuestro sistema jurídico.
El daño irreparable causado a los derechos de los ciudadanos por la falta de separación de poderes, falta de independencia e autonomía, la falta de acceso a la justicia y el aniquilamiento de los derechos humanos establecidos en el artículo 19 de la Constitución y el no cumplimiento a las convenios, pactos internacionales en materia de los derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado venezolano, el sistema de justicia por inacción dio luz verde a los cuerpos de seguridad del Estado y componentes que integraron el represivo sin límites llamado «Plan Zamora» creado por decreto presidencial en el año 2017 para violar sistemáticamente los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en contra de los ciudadanos que salieron a manifestar.
Exijo a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, insistir ante el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, la firma definitiva del informe preliminar para que se inicie la investigación por crímenes de lesa humanidad. El expediente está plagado de hechos, el informe de gestión dejado por la fiscal saliente Fatou Bensouda sobre los hechos y esta última actualización del informe de la misión independiente de determinación de los hechos de la ONU son pruebas suficientes, no hay excusas.