A Claudia González y a quienes son perseguidos o encarcelados injustamente.
Bernardo Arévalo es presidente electo de Guatemala después de la segunda vuelta de elecciones presidenciales realizadas el 20 de agosto. Arévalo, representante del Movimiento Semilla, alcanzó 58% de los votos y tomará posesión del cargo el próximo 14 de enero. Por su parte, Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, quedó bastante lejos, con el 37% de los sufragios.
El ahora presidente electo es hijo de Juan José Arévalo, quien gobernó el país entre 1945 y 1951, tendrá un escenario complejo. El mismo día que fue oficializada su victoria, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió temporalmente al Movimiento Semilla, el cual habría obtenido sólo 23 de los 160 escaños en el Congreso Nacional. La suspensión responde a una orden emitida por el juez penal Fredy Orellana, quien forma parte de un grupo de servidores públicos encabezado por la fiscal general, Consuelo Porras, determinado a violar el Estado de derecho de Guatemala. Si bien la decisión no afectará al nombramiento de Arévalo como presidente, desgastará a los equipos legales de su partido y generará mayor incertidumbre en un país afectado en los últimos años por un auge del autoritarismo y la persecución selectiva de quienes han tratado de luchar contra la corrupción.
La implacable persecución contra la decisión popular ha provocado que el presidente electo, Bernardo Arévalo, anunciara el pasado martes 12 de agosto la suspensión temporal de su participación en el proceso de transición con el mandatario saliente, Alejandro Giammattei. La decisión de Arévalo se produjo después de que agentes del Ministerio Público, cumpliendo una nueva orden del juez Orellana, allanaran el TSE en búsqueda de elementos para probar un supuesto caso de fraude por parte del Movimiento Semilla. Ante esta decisión, el gobierno de Giammattei expresó su preocupación por la decisión de Arévalo ante un hecho ajeno al organismo Ejecutivo.
Hasta aquí lo que podría ser la historia de cualquier país en desarrollo, que realmente impone más obstáculos que facilidades para su progreso. Cuando la escena anterior se produce en Guatemala, la significación de los hechos adquiere un matiz diferente. Guatemala es uno de esos pocos lugares de la región donde aún se encuentran rastros de colonialismo español, marcados en la conformación y pensamiento de los grupos que lideran la política y la economía de ese país centroamericano (Martínez Peláez, 1998). Por ello, resultaría erróneo comparar la izquierda política de ese país con cualquier otra agrupación de la región. El Movimiento Semilla y el presidente electo Arévalo representan una reacción a esa clase colonialista que ha controlado maliciosamente el Estado de Guatemala. Agregó maliciosamente, porque esa clase dominante es acompañada, o forma en algunos casos y momentos, de estructuras criminales que evolucionan y se adaptan a las exigencias del sistema internacional pero sin que signifique actualizar los actores nacionales. Esto explicaría el efecto del triunfo de Bernardo Arévalo, quien no responde a los intereses de las élites.
Guatemala es la economía más grande de América Central, por población y actividad económica. En 2021, su población superó los 17 millones y su producto interno bruto total y per cápita fue de US$86 000 millones y US$5 025, respectivamente. El país ha experimentado un ritmo estable de crecimiento (3,5% en promedio durante el período 2010-2019), respaldado por una gestión fiscal y monetaria y una postura macroeconómica prudentes. Aun así, el país enfrenta importantes desafíos de desarrollo: las tasas de pobreza y desigualdad de Guatemala se encuentran entre las más altas de la región, debido a la existencia de una numerosa población desatendida, en su mayoría rural e indígena y empleada en el sector informal. Lo anterior se explica no porque hayan existido brillantes gobernantes con una visión económica de distribución de la riqueza, especialmente desde el conflicto armado interno, sino porque los grandes empresarios, quienes en su mayoría pertenecen a las familias presentes en Guatemala desde tiempos de la Colonia vigilan las finanzas públicas, e insisto, no porque les interese el bienestar de la mayoría, sino porque comprendieron que la estabilidad de las finanzas públicas asegura la riqueza particular.
El Banco Mundial advierte que Guatemala es un Estado pequeño e ineficaz, donde la falta de educación y oportunidades laborales y los frecuentes eventos naturales adversos han contribuido a la pobreza en Guatemala. Hay que agregar, que la corrupción así como la impunidad de los crímenes producidos profundizan esta tendencia. Así estima el BM que entre 2014 y 2019, la desigualdad aumentó de un Gini de 0,483 a 0,541, manteniéndose alta según los estándares mundiales. Por su parte, los indicadores de capital humano son bajos en comparación con los países de la región y especialmente entre los pueblos indígenas y afrodescendientes, que representaban alrededor del 45% de la población en 2018. La tasa de desnutrición (47%, según el BM) de niños menores de cinco años en Guatemala se encuentra entre las 10 más altas del mundo. Los eventos naturales adversos han anulado los logros obtenidos en capital humano, destruido la infraestructura, reducido la producción agrícola, intensificado la inseguridad alimentaria, propagado enfermedades e interrumpido la prestación de servicios esenciales. Estimaciones recientes sugieren que los huracanes Eta e Iota en 2020 causaron pérdidas relacionadas con la infraestructura cercanas al 0,56% del PIB.
Una pena para un país con un enorme potencial para generar crecimiento y prosperidad a toda su población. Guatemala es rico en recursos naturales, es uno de los países megadiversos del mundo, posee riqueza cultural y tiene una economía diversificada y con proximidad a centros económicos mundiales.
En esta desagradable historia no quedan por fuera quienes luchan contra la corrupción y desean cambiar el establishment por un orden legal, justo e inclusivo. Personas que han arriesgado sus vidas y las de su familia como mi amiga y antigua colega Claudia González, hoy injustamente en prisión por defender a antiguos funcionarios nacionales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Así mismo, a quienes han tenido que refugiarse lejos de Guatemala para no ser castigados por haber intentado construir un país para todas las personas.