Los posibles escenarios de solución de la crisis política venezolana parecen haberse reducido a uno solo. La negociación ha surgido, para bien o para mal, como la más probable vía para resolver la situación nacional. La salida militar dejó de ser una alternativa. La tradición histórica de la Fuerza Armada fue abandonada por sus cuadros altos y medios. La ruptura del compañerismo y del espíritu de cuerpo, valores fundamentales para garantizar la unidad interna, impidió que la institución armada cumpliera lo pautado en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional. Tampoco demostró el suficiente patriotismo al haber permanecido impasibles ante la destrucción de Venezuela. Así mismo, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto y Europa no respaldaron la intervención militar multilateral. Era casi imposible que Estados Unidos, sin esos apoyos, se decidiera a tomar, unilateralmente, esa decisión. Además, actualmente enfrentan las crisis de Irán y Corea del Norte, las cuales comprometen de manera más grave sus intereses vitales que la situación venezolana

Ahora bien, ante este cuadro de cosas, ha surgido nuevamente la propuesta de iniciar un proceso de negociación, pero en esta oportunidad respaldada por los grupos antes mencionados y aceptada por los Estados Unidos, Rusia y China. Sin embargo, una vez más, Nicolás Maduro demuestra no tener interés en encontrarle una verdadera solución a la tragedia venezolana. Su insistencia y la de sus representantes en declarar que “las negociaciones se realizan con las oposiciones” señalan que el objetivo central de la estrategia madurista es lograr que las naturales diferencias internas existentes en el ámbito opositor se profundicen a tal nivel que puedan conducir a una verdadera división. Esa situación le sería muy favorable en caso de convocarse a unas elecciones libres y competitivas porque le permitiría una importante opción de triunfo. Así mismo, el éxito de esa estrategia fortalecería la legitimidad del régimen, el reconocimiento de la comunidad internacional y la anulación de las sanciones impuestas como consecuencia de las fraudulentas elecciones de mayo de 2018 y la permanente violación de los derechos humanos.

Por otra parte, parece que se ha logrado el consenso suficiente entre el madurismo y la oposición para restablecer el funcionamiento de la Asamblea Nacional. De ser esto verdad, lo han mantenido públicamente algunos parlamentarios de la oposición, regresarían a cumplir sus funciones los diputados del oficialismo, pero también se requeriría la reincorporación de los parlamentarios, perseguidos, presos y exiliados, de los partidos democráticos. Me imagino que ese acuerdo puede surgir al haber algunos intereses coincidentes. Sin embargo, la oposición deberá enfrentar un reto complejo, en el mes de diciembre, al tener que designar una nueva directiva de la Asamblea Nacional y discutir aspectos complicados del devenir político nacional. Las naturales divergencias que podrían ocurrir se deberán evitar en beneficio de la unidad de la oposición y del fin último de derrotar electoralmente a la dictadura madurista. De allí que sea imprescindible que los diputados opositores asuman sus obligaciones con responsabilidad y sentido patriótico.

Además, de materializarse lo planteado en el párrafo anterior, surge una pregunta: ¿esa acción pone punto final a la mesa de negociación? Si es así, se cometería un craso error. El debate parlamentario es conveniente para discutir los grandes problemas nacionales y visualizar las condiciones requeridas para establecer un nuevo sistema político, pero no para encontrarle solución a la crisis nacional. Estoy convencido de que aspectos de tanta importancia y urgencia como la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la instauración o no de un gobierno provisional y la fijación de la fecha para unas elecciones libres y competitivas, con supervisión internacional, exigen encontrarle solución en la mesa de negociación. En eso quiero insistir. La oposición democrática no es monolítica, existen grupos ideológicos de centroderecha y de centroizquierda con distintas posiciones. De allí la importancia de que Juan Guaidó utilice su liderazgo para convocar a los diferentes grupos opositores a discutir y resolver sus diferencias para poder enfrentar con mayor fuerza al régimen madurista en aras del ansiado cambio político.

Crear una unidad monolítica es un gran reto. Las distintas visiones ideológicas existentes en la oposición democrática impiden alcanzar acuerdos en muchos aspectos, pero no indica que sea imposible lograrlos en ciertos puntos que permitirían evitar una dispersión de la oposición democrática ante unas posibles elecciones. El rechazo a Nicolás Maduro es creciente y abrumador. Cerca de 80% de los venezolanos, según las últimas encuestas, aspiran a un cambio político convencidos de que la crisis social y económica no se resolvería mientras permanezca en el poder el régimen madurista. De todas maneras, esos mismos estudios de opinión sostienen que un candidato oficialista que no fuera Maduro podría obtener entre 20% y e30% de votos. Por lo tanto, presentar un frente único de oposición es imprescindible para garantizar, con certeza, el triunfo en unas elecciones presidenciales. Lograrlo solo es posible si se discuten ampliamente dos aspectos fundamentales: la escogencia del candidato presidencial y la conformación del nuevo gobierno. Serán temas de mis próximos artículos.

 

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