Definitivamente, la más reciente noticia de que un grupo superior a 20 venezolanos fue detenido tratando de arribar ilegalmente a la isla de Aruba (una de las jurisdicciones de Países Bajos en el Caribe), apenas iniciando el 2023, revela que el fenómeno migratorio por parte de la agobiada nación suramericana no va a detenerse, y ni siquiera a disminuir. Por el contrario, el hecho de que durante el último trimestre de 2022 se haya acelerado la devaluación, y que el fantasma de la hiperinflación vuelva aparecer dentro de una economía en la que el salario mínimo y las pensiones ni siquiera llegan a los 10 dólares al mes; en un contexto en el cual el sector construcción, industrial y petrolero no muestran mínima posibilidad de reactivación, demuestra que la mejoría de un sector comercial no es suficiente para que la economía pueda dinamizarse en su integridad, lo que en consecuencia mantiene restringido el crédito bancario y financiero tan necesario para el consumo y otras áreas complementarias, como las empresas de seguros y salud.
Venezuela es un país que lleva una década en plena destrucción económica y social desde que Nicolás Maduro accedió al poder político. De hecho, Petróleos de Venezuela, que producía casi 3 millones de barriles de crudo por día, apenas si llega a 600.000 por día, de los cuales 500.000 son enviados a China sin ningún tipo de pago por deudas contraídas. Esto ha liquidado las arcas del Estado, obligando a pechar a los ciudadanos con una elevada tasa de impuesto al valor agregado (IVA) que ronda el 16,5%, sin obviar los escandalosos impuestos regionales y municipales por cualquier acción comercial, importación o exportación; todos son costos que por cualquier vía son trasladados al consumidor, y por ende, afectan seriamente la capacidad de adquirir bienes y servicios, al punto de que hasta la capacidad de compra en dólares se ha visto muy mermada. Esta es la razón por la cual, al cierre de 022, apenas si se podía comprar el 50% de lo que se adquiría al inicio del mismo año.
Esta dramática situación aunada con el colapso de los servicios públicos, fundamentalmente el agua y electricidad -hay poblaciones que pasan hasta meses sin la llegada del líquido y otras en el interior del país donde los racionamientos de energía eléctrica de hasta 12 horas diarias se han vuelto comunes-, también ha impactado significativamente los casi anulados servicios de educación y hospitalarios de carácter públicos, y cuyos salarios -tanto de educadores como de médicos-, en el mejor de los casos si rozan 20 dólares al mes, pues, estamos en presencia de un apocalipsis, más allá de cualquier propaganda oficial que intente promover el régimen neototalitario del madurismo; y cuyas acciones de persecución y encarcelamiento por razones políticas no se han detenido, al punto de que durante este 2022, Nicolás Maduro fue condenado por la Organización de Naciones Unidas por violaciones de los derechos humanos.
Tal realidad llevó a que la propia ONU dijera que los niveles de emigración venezolana superarán los 7,1 millones de personas este 2022, sin que el gobierno de Nicolás Maduro haya intentado mejorar las condiciones de vida de la población; por el contrario, estamos muy lejos de poder encontrar una praxis distinta que pudiera amilanar tantas dificultades al pueblo venezolano. Es más, el madurismo ha hecho mucha alharaca con la apertura de la frontera con Colombia desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, pero la realidad es que el vecino país ha establecido que carros particulares, de carga y transporte público con más de 20 años de existencia no puedan atravesar la zona limítrofe; es decir, que un país como Venezuela con un parque automotor envejecido, precisamente por la profunda crisis que ha vivido en la última década, resulta evidente que muy pocos serán los vehículos que podrán llegar hasta las ciudades neogranadinas fronterizas.
En este contexto, no hay muchas expectativas positivas. La emigración venezolana por el Darién con rumbo a Centroamérica, México y Estados Unidos, o con destino hacia los países de América del Sur va a seguir aumentando. La situación se va a convertir en una catástrofe geopolítica, cuyas dimensiones han dejado a la patria del Libertador sin profesionales calificados y con una educación en estado de postración, sin generación de relevo; pero tampoco puede negarse que han emigrado personas con escasa formación técnica y profesional, lo cual, por supuesto, agrava los problemas sociales de las otras naciones del continente, y lo que es más grave, es un fenómeno que pareciera no tener final mientras Nicolás Maduro permanezca en Miraflores.
América Latina debe tomar conciencia de que la otrora nación petrolera, receptora en esos tiempos de ciudadanos de otras latitudes, fundamentalmente del continente y de Europa, necesita volver a la democracia, a la libertad y sobre todo al cauce de la prosperidad. Los presidentes y mandatarios de la región no pueden seguir viendo el problema de la emigración nacional como algo “solo de los venezolanos”. La solución está en la mesa para dirimir el infierno político del madurismo, y el diálogo con un empresario venezolano es la clave para alcanzar un futuro distinto. Lo demás es la muerte de la república bolivariana.