La comunidad internacional es una entidad abstracta. Nadie puede actuar en su nombre, salvo quizás el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante la ruptura de la paz y de la seguridad internacionales. Pero ella existe, integrada por Estados, organismos internacionales y otros actores, como la sociedad civil. Sus facultades son, sin embargo, limitadas el encontrar ante sí una barrera aún difícil de superar: la soberanía del Estado, a la que recurren las dictaduras y los regímenes forajidos para impedir el escrutinio sobre sus actividades contrarias al derecho internacional, en especial, en contra de los derechos humanos.
Algunos y con cierta razón dudan de su importancia, del papel que desempeñan en las relaciones internacionales, más ante situaciones como la que vive Venezuela que afectan los intereses de la humanidad,
Pero lo cierto es que sus declaraciones, resoluciones y decisiones de carácter moral son importantes y se traducen en presión sobre los regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro. Sus efectos no son quizás inmediatos, pero sí en el mediano y largo plazo porque pueden y deben conducir a los otros mecanismos que ha creado el sistema para hacer frente a estos asuntos, entre ellos el jurisdiccional de la Corte Penal Internacional.
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó «su mayor preocupación» en días pasados por la detención y desaparición forzada de Rocío San Miguel, activista de derechos humanos y profesora universitaria, con un incuestionable prestigio dentro y fuera del país, lo que seguramente obligó al fiscal Tarek William Saab a informar sobre su «detención», aunque incurriendo en errores procesales y de fondo que confunden a la opinión pública, pero que evidencian los montajes a los que nos tiene acostumbrado el régimen con sus convenientes “conspiraciones”.
La última declaración de la misión acerca de este atropello confirma la naturaleza y las debilidades del régimen que aplica prácticas violatorias de los derechos humanos, no solamente en contra del «objetivo», en este caso Rocío San Miguel, sino de su entorno familiar, una suerte de aplicación del sippenhaft nazi.
La reacción de los representantes de la dictadura muestra claramente su debilidad, su desespero, ante la probabilidad de perder el poder. Las groseras declaraciones y soeces ataques contra presidentes, parlamentos, organismos internacionales, personalidades extranjeras, todas en favor de la democracia y del respeto pleno de los derechos humanos, les desnuda ante la comunidad internacional.
Un desespero que quedó en evidencia también con la respuesta que tuvieron a las observaciones que hizo sobre el mismo caso de San Miguel la Oficina del Alto Representante de la ONU para los Derechos Humanos: les dieron 72 horas para irse del país, una suspensión que -informó el canciller Yván Gil- mantendrán «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas».
Esa presión sobre la dictadura surtirá sus efectos y más temprano que tarde se verá abierto el camino hacia el retorno a la democracia cuyos valores y principios han pisoteado estos últimos 25 años un grupo de «revolucionarios» hoy despreciados hasta por la izquierda democrática del mundo.