El populismo militarista es una enfermedad dañina y costosa. Dinamita y destruye el piso de la autoridad. Cualquier decisión o plan se estrella contra la burocracia que el mismo populismo genera. No hay nadie con voz suficiente para imponer un criterio o hacer cumplir una decisión, salvo cuando se trata de someter a la oposición.
Lo ocurrido el pasado 19 de marzo en la Cota 905 es una evidencia de la pérdida del control territorial por parte del gobierno. Las noticias que se transmiten en las redes son espeluznantes. Ellas evidencian el tono desafiante y la violencia con la que desarrollan los actos delictivos. La incapacidad de la “Guardia del Pueblo” para resolver el problema y garantizar la paz ciudadana es asombrosa. Hasta ahora el régimen ha sido muy eficiente para reprimir opositores; pero muy ineficiente para someter a los malandros.
El control territorial ya no lo ejerce el Estado sino las bandas de delincuentes. ¡En la Cota 905 el Coqui, el Vampi y Garbis son más poderosos que el comandante de la Guardia Nacional! Y hasta tuvieron la “gentileza” de devolver la moto robada el jueves al médico porque ellos, advierten, “no se meten con el sector salud”. Lo mismo ocurre en otras zonas de Caracas, como Petare, el 23 de Enero, La Vega y en cualquier zona en la que la autoridad ha sido arrebatada por grupos armados.
El asunto es igualmente grave en los estados Bolívar y Apure, en los cuales la guerrilla colombiana controla amplios espacios. La pérdida del control territorial es una amenaza al Estado venezolano. Hay que agregar que la situación en el país no permite diferenciar las bandas criminales de algunos grupos camuflados en los cuerpos de seguridad del régimen.. A esto se suma la acción de los colectivos bajo la protección del Estado.
De acuerdo con Herman Heller en su obra canónica Teoría general del Estado, hay una relación estrecha entre el control del territorio y la soberanía. Se pierde soberanía si no se controla el territorio. Es lo que está ocurriendo en Venezuela.
Esta inactividad del Estado socialista frente a la pérdida territorial ante los delincuentes y la guerrilla tiene como contrapartida los abusos de autoridad que se ejercen contra los ciudadanos. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en el aeropuerto de Maiquetía con los viajeros que deben salir del país en estos momentos de pandemia. Más de tres horas de controles burocráticos (y malos tratos) para verificar las pruebas de detección del covid-19 (PCR), la seguridad y chequeo del boleto. La Guardia Nacional ejerce un control sobre los equipajes en “busca” de drogas, para lo cual se abren las maletas y se humilla al viajero. No se ejerce la autoridad ante el malandro, el colectivo y el guerrillero, pero se ejerce abusivamente contra el ciudadano común.
También se pierde soberanía cuando la autoridad del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial es arrebatada por los burócratas. Es lo que ocurre con los registros y notarías en los cuales no se permite otorgar operaciones de compraventa cuando la moneda extranjera se acuerda como moneda exclusiva de pago. Y ello viola la Ley del Banco Central que lo permite y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es el poder desbordado del burócrata que se impone sobre la autoridad de las instituciones.
El orden público y la seguridad de los ciudadanos son deberes elementales que competen al gobierno. Por falta de autoridad allí donde debe ser ejercida se produce un daño severo a la sociedad. A esto se junta la zozobra que produce en la sociedad los abusos del burócrata envalentonado por la posición de poder circunstancial que ejerce.
Es preciso rescatar la integridad territorial de todos aquellos adversarios que le salen al encuentro. Esto constituye un deslinde necesario para evitar que bandas como la que tomó la Cota 905 causando zozobra y muerte pueda comprometer el destino vital de los venezolanos.
Los hechos del pasado jueves dejan otra vez en evidencia el fracaso de Maduro y compañía en lo que concierne a la seguridad de los ciudadanos. Muy lamentable… Pero estamos ante un régimen que emite órdenes y no garantiza –¿no puede o no quiere hacerlo?– su cumplimiento, salvo lo que atañe a limitar la libertad de los disidentes. ¡Allí sí son unas estrellas!