En algún momento cercano se impondrá inexorablemente la urgencia de pensar en la necesidad de ordenar la economía venezolana. No ocuparse del asunto desde ahora solo debilita las posibilidades de enfrentarlo con éxito. La reciente contratación oficial de la empresa europea Rothschind and Co. como asesor financiero podría ilustrar sobre las dimensiones de unos compromisos que sobrepasan con mucho los límites de lo que el país está en condiciones de asumir. Con la cuantificación de la deuda, la alternativa de un programa de refinanciamiento parece imponerse como una necesidad
La historia de los programas de refinanciamiento remite normalmente a las recetas del FMI y del BM. El análisis de los resultados prueba en muchos casos que las exigencias de ajustes económicos recomendados por estas instituciones no han conducido siempre a los resultados esperados. Son varios los pensadores de la economía para los cuales la aplicación de estos ajustes lejos favorecer una mayor prosperidad y la reducción de la desigualdad ha servido ciertamente para fortalecer la economía de algunos sectores, pero con escaso efecto en el bienestar de las mayorías y, en algunos casos, con desmedro de sus condiciones y agravamiento de fenómenos como la desigualdad. El énfasis en las estadísticas económicas ha desviado la atención sobre los verdaderos intereses de las personas y de la sociedad.
Es imperativo, pues, revisar las premisas que inspiraron algunas de las recomendaciones de las grandes instituciones financieras. Ishaan Tharoo, columnista de asuntos exteriores en The Washington Post, apunta que “a medida que la globalización se debilita, el mundo sigue volviéndose más desigual”. Hace un año, el propio asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, decía que Estados Unidos “quería pasar de décadas de ortodoxia económica y globalización sin restricciones a un acuerdo diferente entre naciones y sus sociedades”. La ralentización del crecimiento, sin embargo, ha tenido importantes efectos para los países ricos de Occidente, pero, como apunta Ishaan Tharoo “es aún más preocupante para las naciones más pobres del mundo en desarrollo”. La propia Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, lo reconoce: “Como el crecimiento es lento, las posibilidades de ponerse al día en realidad empeoran”.
En el caso de Venezuela, el reciente Informe de Coyuntura Venezuela Abril 2024 del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB deja evidencia de la magnitud de los problemas a resolver en materia de financiamiento. El estudio destaca paralelamente índices que revelan los efectos sobre la población en términos de desigualdad y calidad de vida. Advierte, por ejemplo, que en 2023 no se registraron avances en la reducción de la pobreza y que las políticas públicas redistributivas continuaron teniendo fallas estructurales. La debilidad del nivel de actividad económica, las distorsiones en la estructura del mercado laboral y las carencias de las políticas sociales y redistributivas seguirán siendo factores que impiden mejoras sustantivas en el nivel y distribución del ingreso y de la riqueza. No tiene sentido esperar avances relevantes en la reducción de las debilidades que ubican a Venezuela como una sociedad y una economía de muy pobre desempeño. La investigación recuerda que Venezuela sigue siendo el país más inflacionario del continente y destaca que más que una pobreza de ingresos se trata de una pobreza multidimensional, razón más para pensar en las otras dimensiones de la desigualdad, las que tocan las oportunidades, el acceso a la educación, a la salud, al trabajo bien remunerado, a los bienes de la cultura.
Urge pensar en la necesidad contar con expertos talentosos para negociar la deuda externa en medio de condiciones que, sin duda, van a agudizar los problemas. Cuando el país logre recuperar las instituciones y se alcance la madurez política necesaria, ordenar la economía deberá ser un tema central. Para hacerlo, el país va a necesitar la concurrencia de actores y competencias de primer nivel, capaces de entender y resolver la resistencia a las iniciativas y a los programas encaminados a poner orden en las finanzas nacionales.