El pasado 14 de julio, la Organización de Países Exportadores de Petróleo informó que la producción petrolera venezolana durante el mes de junio fue de 393.000 barriles por día. Esto significa que en un mes hubo una caída vertical e insólita de 180.000 barriles. Puesto que en mayo el promedio fue de 573.000 barriles por día, hablamos de un desplome de casi 32%: una cifra desquiciada, que escapa a cualquier forma de racionalidad.

Estos pocos datos son categóricos e inequívocos. No aceptan atenuantes o excusas. Son el resultado del planificado proceso de socavamiento y perversión de Petróleos de Venezuela y de la industria petrolera en conjunto, que Hugo Chávez activó desde el día en que accedió al poder. Medida tras medida, día a día, fueron liquidando la que era una de las empresas más importantes del mundo. Se despidió, violando las leyes laborales y los más elementales derechos, a más de 20.000 trabajadores de Pdvsa, para así despejar el terreno que ocuparían corruptos, ignorantes del negocio petrolero, incompetentes y rufianes, que se han encargado de su desmantelamiento.

Se distorsionó la misión empresarial para desfigurar su institucionalidad y convertir aquello en una oficina de contrataciones y prebendas, en gestora de falsos programas sociales, en centro de compras para el Estado (con toda la secuela de corrupción que eso produjo). Se nombraron en cargos de enorme responsabilidad, en áreas fundamentales para la operación, a enchufados, amiguitas y amiguitos, militantes y otros incapaces. Se dejó de invertir en las propias operaciones petroleras, con lo cual se estaba sellando el declive de la producción de la que somos testigos. Se abandonaron por completo, en acciones de irresponsabilidad que entrañan delitos de carácter penal, las obligaciones de mantenimiento que exigen operaciones industriales de alto riesgo, en las que se utilizan líquidos y gases de alta capacidad inflamable. Y, lo que es más conocido por la opinión pública, se firmaron convenios con decenas de países para entregar el petróleo a precios irrisorios, a veces por debajo del costo de producción, para garantizar lealtades políticas y diplomáticas. Lo escribo con plena comprensión de lo que afirmo: no hay en la historia de las instituciones un caso de destrucción tan alevoso e implacablemente ejecutado.

Esta sinopsis del procedimiento de demolición, con algunas inevitables variantes, ha sido aplicado al sistema de salud y hospitalario; a las más importantes infraestructuras del país –como el Teatro Teresa Carreño, un simbólico ejemplo–; al conjunto del sistema hidroeléctrico nacional; a la desfalleciente infraestructura educativa nacional, a las universidades, a los puertos y aeropuertos, a museos, salas de conciertos y bibliotecas; a los hipódromos, a represas y embalses; a los parques nacionales, a las regiones donde está avanzando, a velocidad asesina, la devastación causada por el saqueo promovido por Maduro, que lleva el nombre de Arco Minero.

Podría continuar enumerando decenas y decenas de ámbitos y casos en los que la destrucción ha hecho de las suyas. No hay exceso en esta afirmación: nada hay en Venezuela que haya logrado preservarse, nada que permanezca intacto, nada que no presente los síntomas que anuncian su próxima ruina.

Pero llegado a este punto de este artículo, todavía no me he referido a lo primordial: al doblegamiento de las capacidades humanas, a la feroz y constante práctica de debilitamiento y sometimiento de las personas. Es duro pensarlo y escribirlo: el régimen ha actuado para reducir, aplanar, hacer inviable el potencial de la sociedad venezolana. Al rebajar y rebajar las condiciones de vida, en todos los planos donde ello sea posible, está anulando el derecho, la posibilidad de aspirar a una vida de progreso y bienestar.

¿Qué potencial tiene una sociedad en la que 80% de la población vive bajo el asedio de la pobreza extrema? ¿Qué podemos aspirar, en todos los ámbitos de la vida pública –la producción, la formación, la investigación, el ejercicio profesional, las iniciativas de solidaridad, el desenvolvimiento de la política, la organicidad de la sociedad civil– cuando alrededor de 5 millones de compatriotas, en su mayoría jóvenes, muchos de ellos profesionales y personas sólidamente formadas, han huido del país y, en un porcentaje que luce relativamente alto, han logrado establecerse en otras partes del mundo, salvando todas las dificultades que ello representa? ¿Qué clase de prospección le está reservada a Venezuela hacia las próximas dos, tres o cuatro décadas, cuando ahora mismo hay 4 millones de niños y adolescentes que tienen problemas casi insalvables para asistir a la escuela, escuelas donde a menudo no hay maestros calificados, en las que no se cumplen los objetivos curriculares, donde no hay comedores, ni mucho menos computadoras, mi materiales escolares, ni electricidad, ni agua, ni mínima salubridad, ni seguridad, ni nada que remedie este creciente cúmulo de adversidades? ¿A qué expectativas se expone una sociedad que lleva en su seno a 700.000 niños que sobreviven bajo el hostigamiento de la desnutrición crónica, o en la que 60% del total de su población no alcanza a consumir las 2.000 calorías mínimas necesarias para aspirar a una vida activa y productiva? En definitiva, ¿de qué está hecho nuestro horizonte personal, social y como nación, cuando hora tras hora se van reduciendo nuestras capacidades reales de organizarnos y actuar, carcomido nuestro país por el hambre y las carencias?


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