Dos años después de iniciado el ciclo de negociaciones de México, y apenas unas semanas después del Acuerdo en Barbados, el régimen parece estar profundizando su deriva autoritaria al dejar a un lado los compromisos acordados e iniciar una nueva ola represiva contra la oposición. Como ha sucedido en otras oportunidades, ante un revés -en este caso, dos reveses consecutivos, las exitosas primarias opositoras y el referéndum de las mesas vacías-, el régimen niega la realidad y se va por la tangente. En esta ocasión no solo la ha emprendido en contra de la directiva de Vente Venezuela y Súmate, sino también contra varios dirigentes de la Plataforma Unitaria, abandonando el juego democrático y mostrando su intención de volver a crear caos y división en las filas opositoras.

Al mismo tiempo, ha anunciado en cambote un conjunto de medidas sobre el Esequibo, que sirven para develar un poco más los propósitos últimos que tiene con su arriesgada pirueta nacionalista. El hecho de que hayan sido tomadas de manera casi aluvional, indica que todo ha sido artera y cuidadosamente planificado. El 5 de diciembre, apenas dos días después del referéndum, Maduro, cual mago, sacó de su chistera los siguientes anuncios: un proyecto de ley para convertir al Esequibo en un nuevo estado, un decreto para crear una ZODI con 28 sectores de desarrollo integral (¡28 sectores¡ ¡santa cachucha!), unas licencias para que Pdvsa y la CVG -o lo que queda de ellas- exploten el territorio, una Comisión para la Defensa del Esequibo, y un censo y un plan de atención para los habitantes de la zona, amén de la designación de Tumeremo como capital de estado y de un general como autoridad única.

El lanzamiento de estas medidas, y el claro hilo y coherencia que existe entre ellas, nos señalan que fueron preparadas con varias semanas o incluso meses de antelación en los laboratorios situacionales del régimen. Razón suficiente -junto con la imperiosa necesidad de opacar la vibrante primaria del 22 de octubre y la figura de María Corina Machado- para que pusieran a Amoroso a inflar las cifras de participación: nada podía interrumpir un plan estratégicamente elaborado, y que además iba a ser punta de lanza para su posicionamiento electoral y la escalada autoritaria.

El posterior y reciente anuncio de la reunión entre Maduro y el presidente Irfaan Alí, promovida por Lula, nos revela lo que sin duda es otro de los objetivos que el régimen procura con su ofensiva sobre el Esequibo, y que no ha sido -ya lo habíamos advertido- debidamente considerado hasta el momento: una estrategia para presionar a nuestro vecino a una negociación directa, abandonando la vía de la Corte Internacional de Justicia, como venía pregonando en las últimas semanas y se señaló explícitamente en una de las preguntas. Maduro y el PSUV buscan de esta manera lavarse un pecado histórico que los marcará por siempre si eventualmente llegara a perderse el Esequibo por una decisión de la CIJ: la pública aquiescencia de él y de Chávez en la toma de la zona en reclamación por Guyana para realizar actividades de exploración y explotación petrolera.

Esta tesis de reformatear la negociación ya ha sido confirmada por Delcy Rodríguez al instalar la Comisión de la Guyana Esequiba: la idea es, ni más ni menos, intimidar de tal forma a Guyana para que se vea forzada a abandonar el juicio que adelanta la Corte Internacional de Justicia y vuelva al camino de la negociación directa, prevista de igual forma, como es sabido, por el Acuerdo de Ginebra. Todo apunta a que fue el mismo régimen quien sugirió a Lula que mediara con nuestro vecino para buscar la reunión. Por tanto, está claro que el referéndum del 3 de diciembre no solo tuvo un objetivo electoral sino también un objetivo de política exterior, torpedear y echar para atrás el examen y decisión sobre el diferendo por la CIJ. Se busca, como dice el refrán, matar dos pájaros de un solo tiro.

Aunque es indiscutible que el régimen ha logrado crear tensión en la región, lo cual favorece, hasta cierto punto, sus propósitos (al hacer que los vecinos volteen su mirada sobre una controversia de tantos años olvidada) es sumamente dudoso que esta estratagema tenga éxito finalmente, cuando ya está recorrido muy buena parte del camino en el juicio por la CIJ, y teniendo Guyana la posibilidad clara de salir triunfante en este por forfait de su rival. Ella cuenta, además, con el determinante apoyo disuasorio tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, Caricom y posiblemente del mismo Brasil y otros países de la región. Aunque es innegable la audacia de la jugada del régimen, es un movimiento muy tardío y a contramarcha, que en verdad revela la improvisación y grandilocuencia que siempre ha marcado su política exterior, sujeta, por lo demás, a influencias perniciosas, como pasó en este caso con los hermanos Castro y su favoritismo de toda la vida por Guyana en esta controversia.

En lo que se refiere a los frutos que pueda conseguir en el plano político-electoral, la evaluación es igual de dudosa. Pese al maquillaje de Amoroso, la gran mayoría del país, incluyendo los propios militantes del PSUV y los militares, presenciaron y vivieron la soledad de los centros de votación. Si Maduro, Cabello y compañía lo que buscaban era azuzar y explotar un filón nacionalista para recuperar la popularidad caída en el foso, fracasaron en el intento. La gente no picó el anzuelo. No se ha despertado, hasta el momento, ninguna fibra patriótica o patriotera con respecto al vecino guyanés, quien, por lo demás, no genera la percepción de una amenaza real. El altísimo descontento señala que las mayorías no están para distracciones, y que ven como su única amenaza las políticas de hambre y la inflación del gobierno.

Podría decirse que la candidatura de Maduro, de hecho, ha quedado en pico de zamuro, pues representa un fardo muy pesado para que su partido encare unas presidenciales que están cada vez más cerca, aunque seguramente él se va a empecinar en repetir, creando grandes tensiones internas. El escenario de suspender las elecciones aprovechando la situación de conflicto con Guyana, no puede descartarse del todo; pero es mucho más probable el escenario de hacer los comicios en condiciones nada competitivas, aumentando el cerco sobre la oposición, y habilitando solo a los candidatos que sean declaradamente sumisos (el costo de suspenderlas sería muy alto en términos de la legitimidad tanto interna como en el nivel internacional).

Solo queda esperar que ninguno de estos escenarios tome cuerpo, pues significarían la ruptura definitiva de las negociaciones, la retoma de las sanciones por Estados Unidos y un gran percance en el camino hacia la transición democrática y la salida del país de la debacle económica y social que padece. A la oposición le tocará lidiar este cuadro de cosas con mucha sapiencia y prudencia en los próximos meses, manteniendo el foco en conservar la unidad y llegar a una ruta electoral en los términos más pacíficos, transparentes y justos que sean posibles.


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