En momentos en que cinco barcos iraníes se aproximan a Venezuela, y cuando una flota de Estados Unidos custodia el mar Caribe para combatir el tráfico de drogas en la región, no he podido dejar de recordad la crisis de los misiles cubanos que, en octubre de 1962, tuvo a la humanidad al borde de un desastre nuclear. Por supuesto, hay diferencias notables entre ambos casos; pero también hay algunos elementos comunes.
En plena guerra fría, con la posibilidad real de recurrir al uso de armas atómicas, la crisis de los cohetes cubanos fue, con toda certeza, el conflicto más grave que hemos tenido después del término de la Segunda Guerra Mundial. En esa ocasión, Estados Unidos declaró una “cuarentena” de Cuba, y trazó una línea en torno a sus costas, para impedir la llegada a la isla de unos barcos rusos, cargados de misiles con cabeza nuclear, que, de haber sido instalados, hubieran constituido una amenaza para el territorio de Estados Unidos. En el presente caso, se trata de unos barcos iraníes que, supuestamente, solo traen gasolina para surtir a Venezuela; además, hasta el momento de escribir estas líneas, el gobierno de Estados Unidos no ha prohibido que esos barcos puedan seguir su curso y entregar su carga en puertos venezolanos. Sin embargo, hay otros elementos dignos de considerar, que hacen que esta situación sea lo suficientemente grave como para inquietar a la comunidad internacional.
De acuerdo con las prerrogativas que le confiere su Derecho interno, el gobierno de Estados Unidos ha prohibido que sus ciudadanos, sus empresas, o personas naturales o jurídicas relacionadas con ellas, puedan realizar transacciones comerciales con Irán o, en el caso de Venezuela, con algunas personas o empresas (incluida Pdvsa), señaladas de estar involucradas en el lavado de dinero u otras actividades ilícitas, como tráfico de drogas o promoción del terrorismo. Esos barcos iraníes podrían estar infringiendo las sanciones impuestas a Irán, o a Venezuela, o a ambos, y, en tal caso, Estados Unidos estaría facultado por el Derecho Internacional para aplicar su legislación a los nacionales de su país, o a quienes realicen transacciones de cualquier tipo con instituciones, empresas o nacionales de Estados Unidos. Aunque esta medida pueda generar controversias, es una cuestión estrictamente de Derecho interno de Estados Unidos.
Por otra parte, desde abril pasado, la cuarta flota de Estados Unidos, que opera en el mar Caribe, ha intensificado sus operaciones para combatir el tráfico de drogas en la región, realizando inspecciones de naves que han culminado con el decomiso de importantes cantidades de drogas. Al transportar gasolina para un cliente que no puede producirla por sí mismo, los barcos iraníes, aunque sean propiedad del Estado de Irán, no están ejecutando un acto inherente a la soberanía de los Estados, sino una transacción comercial pura y simple; por lo tanto, dichos barcos no estarían exentos de una inspección, en alta mar, por parte de las fuerzas de Estados Unidos o de cualquier otro país. Pero, a menos que en esa inspección se encuentren drogas, armas, u otros elementos que puedan constituir una amenaza para la paz internacional, de acuerdo con el Derecho Internacional, Estados Unidos no puede impedir que esos barcos sigan su curso hacia Venezuela.
Incrementando la tensión en este conflicto, el general Padrino, ministro de Defensa del régimen de Maduro, anunció que esos barcos iraníes serían escoltados “por naves, buques y aviones” de las fuerzas armadas venezolanas, desde la Zona Económica Exclusiva de Venezuela. Obviamente, el general Padrino no está enterado de que, de acuerdo con la Convención sobre Derecho del Mar, la Zona Económica Exclusiva no es parte del territorio del Estado ribereño, sino que es una parte de la alta mar en la que éste ejerce competencias limitadas exclusivamente a la explotación de sus recursos económicos. La gasolina no es uno de los recursos económicos de esta zona. En cualquier caso, esa escolta militar no exonera a ningún barco de cumplir con las obligaciones que le impone el Derecho Internacional, ni impide a ningún Estado ejercer, en la alta mar, los derechos que le confiere dicho ordenamiento jurídico.
Como si el asunto no fuera suficientemente delicado, en tono amenazador, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán advirtió que cualquier medida de Estados Unidos en contra de esos barcos tendría “consecuencias”. En el mismo sentido, Nicolás Maduro anunció que la Fuerza Armada de Venezuela realizó, en la isla de La Orchila, ejercicios militares, con misiles de largo alcance. En el caso de una violación del Derecho Internacional que cause daños a un Estado, éste tiene derecho a responder a ella de acuerdo con los recursos de que disponga, y de manera proporcionada al hecho que causó ese acto ilícito. Sin duda, en el caso de que la armada de Estados Unidos pretendiera realizar una inspección de la carga que transportan los barcos iraníes, no sería proporcionado que Venezuela respondiera con misiles.
La respuesta a una violación del Derecho Internacional debe ser proporcionada a ese acto. Cuando, en 1960, atropellando la soberanía de Argentina, un comando israelí secuestró a Adolf Eichmann, Argentina presentó una enérgica nota de protesta ante el Consejo de Seguridad de la ONU y, luego de recibir explicaciones satisfactorias de parte de Israel, dio ese incidente por superado. En 1989, luego de la invasión de Panamá, que terminó con la captura de Manuel Antonio Noriega, ni siquiera hubo una nota de protesta de esa nación. Desde luego, hay mecanismos de cooperación judicial internacional que, en esas situaciones, pudieron haberse intentado antes de cometer un acto ilícito; pero sería demencial sugerir que, en un caso similar, el Estado venezolano recurriría al uso de misiles para impedir la captura de alguien señalado como responsable de graves delitos.
Venezuela tiene derecho a exigir el acatamiento del Derecho Internacional, del mismo modo como tiene la obligación de respetarlo. Sería lamentable que, con el pretexto de defender nuestra soberanía, se provocara la escalada de un conflicto internacional que acabara con la vida de seres humanos inocentes, y que pusiera en peligro la paz y la seguridad del continente. No hagamos, de la llegada de unos tanqueros, una reedición de la crisis de los misiles cubanos.