La corrupción es definida como todo abuso del poder público, con el propósito de obtener gratificaciones de índole privada o beneficios políticos. Entre los factores de carácter jurídico, que favorecen las prácticas de corrupción destacan: la falta de una regulación específica en la materia.
La corrupción es un término, que generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con este Estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales.
La corrupción política se refiere a los actos deshonestos o delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influyen a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Según Hernández Gómez, la corrupción se define como «toda violación o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta». Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo.
Participar en un acto de corrupción, de cualquier tipo, implica por tanto una trasgresión a las instituciones del Estado y a la convivencia social, la cual deteriora en el largo plazo la confiabilidad de las personas en las instituciones y en las mismas personas que cuentan con el poder público.
En política, como lo señalamos en párrafo anterior, el concepto de corrupción refiere al acto de abuso de poder para sacar provecho, generalmente económico, que no responde a las funciones que ese poder asigna. Con esto se ve la relación con el espíritu etimológico del término: en la política, el poder debe tener un fundamento filosófico de búsqueda del bien común, y la vulneración de eso por perseguir intereses individuales, es uno de los actos por excelencia de traición, y por lo tanto, de corrupción.
Se incurre en actos de corrupción de distintas maneras, y las citamos a continuación:
- La extorsión al amparo de altos cargos en la función pública o privada, para obligar a otras personas a hacer cosas más allá de sus funciones.
- La falsificación de adjudicaciones publicas falsificadas, con contrataciones falsas y por fuera de las vías que la ley impone.
- El tráfico de influencias, utilizando los beneficios o las amistades en los cargos jerárquicos, para favorecer o perjudicar causas o proyectos.
- El uso ilegal o con malas intenciones, de los bienes que han sido conferidos para otro uso.
- La falta de ética, sobre todo en altos niveles jerárquicos. Es delito que un funcionario vea un ilícito y no lo denuncie o advierta.
Obviamente la corrupción tiene consecuencias más que negativas, para la mayoría de las organizaciones e instituciones que no saben combatirla, por cuanto favorece la reproducción de las burocracias, limita la credibilidad de los gobiernos, reduce los recursos para el trabajo honesto y perjudican sobremanera a quienes con su dinero o con su apoyo legitiman este delito.
El debate sobre la corrupción suele darse en la mayoría de las democracias del mundo, y no faltan los partidos políticos que se consideran paladines en la lucha contra la corrupción. Pero para solucionar estos problemas se necesita un cambio en el sentido común de la sociedad y una cultura de pertenencia a las decisiones, que se toman en los estratos superiores de las instituciones, que esa sociedad legitima.
Venezuela vive en los actuales momentos no solo una crítica y abrumadora situación económica, que no ha hecho mella en la conciencia de los depredadores del erario nacional, quienes por intermedio de la otrora primera empresa petrolera del mundo: Pdvsa, han desencadenado la mayor corrupción que ha vivido el país, desde el nacimiento republicano.
Lo cierto es que el modelo de empresa pública que funcionaba con la eficiencia de una privada, con personal de alta calificación y sueldos competitivos, que constituía una suerte de privilegiados, chocó contra el socialismo marxista y mal llamado bolivariano, hoy día en desgracia y con un futuro incierto ante la proximidad de las elecciones presidenciales, el venidero año 2024.
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