El empeño de un grupo de partidos (G3) en poner fin al gobierno interino resulta incomprensible para muchos dentro y fuera del país. Un empeño descabellado, sin fundamento jurídico, con intereses políticos inconvenientes e inoportunos, en un proceso extraño en el que habrían participado y votado unos y otros.

Con consecuencias adversas muy graves, debemos plantearnos ante todo si esos partidos políticos, esos 72 diputados que votan a favor de la inconstitucional liquidación del gobierno interino y del establecimiento de una suerte de gobierno parlamentario, representan realmente a los venezolanos que les eligieron en 2015. Pareciera que no, si vemos que más de 70% de los venezolanos, según encuestas serias divulgadas estos días, distintamente a lo que piensa este grupo de “representantes”, apoya la continuidad de la vigencia de la Ley del gobierno interino, independientemente de que sea Juan Guaidó u otro, y de que sea otra su estructura e incluso su funcionamiento. La mayoría ve en esta institución la herramienta más importante de cambio y de reconocimiento de la lucha. Esto significa que el grupo de partidos hoy en acción perversa estaría actuando por su cuenta, sin considerar la opinión de los venezolanos que piden una lucha justa y dentro de ella, la continuidad del gobierno interino, aunque fuese con una nueva directiva de la Asamblea y del mismo gobierno.

El grupo mayoritario en la Asamblea, minoritario en la calle, pretende reformar la Ley de Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución  de la República acordándose con ella una ilegítima modificación del Estatuto por “constituir de hecho una mutación del gobierno interino que pretende sustituir la figura del presidente encargado de la República (art. 233 de la Constitución) por un órgano parlamentario, figura contraria a nuestra historia republicana” como lo dice el Bloque Constitucional de Venezuela (BC) en su comunicado del 24 de diciembre último.

Independientemente de las razones que pueda haber para elegir una nueva directiva de la Asamblea y un nuevo presidente encargado, tal reforma tendría implicaciones muy graves. Ante todo, como precisa el BC, de ser aprobada esta reforma que excede claramente los límites de sus competencias, sería el cese del estado actual de excepción constitucional que pesa sobre el país (…) con ocasión de la usurpación de la presidencia que mantiene fraudulentamente Nicolás Maduro a la fecha. Además, políticamente, lejos de avanzar en el proyecto de país de poner fin a la usurpación, con esta aberrante reforma se fortalece al régimen dentro del país y en el ámbito internacional, a la vez que se debilita hacia su desaparición, el posicionamiento logrado hasta ahora en la comunidad internacional.

Esta decisión del G5 tendrá un impacto importante dentro. La gente aumentará su desconfianza en el cambio, en el proceso, en su dirigencia que se autofactura sin piedad. Se pierde la seguridad acerca de lo que debemos hacer y en quién lo debe hacer. Vendrá un nuevo período de desilusión y lo más grave, de la indeseada desesperanza lo que promoverá el surgimiento de un nuevo liderazgo político que responda realmente a los intereses de Venezuela y de los venezolanos.

En el exterior no podemos esperar reacciones distintas a la confusión, la desconfianza y al desapoyo a un proceso que se había defendido a toda costa. Aunque se afirme que los gobiernos amigos han dejado en nuestras manos la solución de nuestra crisis, lo que sería muy sano desde todo punto de vista, ellos tendrían ahora que restablecer sus relaciones con Venezuela, con el régimen de Maduro, quien resurge legitimado por ese grupo de opositores, lo que significa reconocimiento y legitimidad, por si esos diputados todavía no han interpretado estos términos y sus efectos y alcance. Los gobiernos extranjeros se acercarán al régimen de Maduro para garantizar sus propios intereses, aunque no habrán de ignorar que el origen de esta nueva realidad no tiene fundamento jurídico, más claramente, que estamos ante una nueva realidad que se inicia con una violación flagrante de la Constitución Nacional por quienes pretendieron estos años un cambio en el marco y el respeto de ella misma.

Los activos en el extranjero que con tanto apetito buscan el régimen y sus aliados quedarían desprotegidos, es más, pasarían a las manos de la usurpación. Sustituir un gobierno interino por algunas comisiones ejecutivas, en concreto, un atípico Consejo de Administración y Protección de Activos, no garantizara una función sana ajustada a las normas constitucionales.

La decisión del jueves próximo será determinante al proceso de cambio. Los constitucionalistas tienen sus opiniones: ilegalidad de la decisión, actuación más allá de sus competencias; también los politólogos: inoportunidad e incongruencias de la decisión; los analistas por supuesto, confundidos elaborarán teorías para hacer entender a la gente lo que realmente significa todo este descalabro; y, los internacionalistas, los juristas, me refiero, quienes deberemos pensar en las consecuencias jurídicas internacionales y medir y revaluar el sentido del reconocimiento y del desconocimiento, sus alcances, sus efectos.

Se pierde la representación en el exterior que sin dejar de ser sui generis, propia de una realidad concreta como la nuestra y a pesar de los errores en su concepción y dirección, permitió un posicionamiento importante ante gobiernos y organizaciones internacionales que tras una decisión como la planteada se perdería. A partir de ahora no habría más representantes del gobierno interino o de la democracia. No habrá más contactos oficiales lo que para cualquier analista está a la vista, impedirá una acción coordinada de la verdadera oposición en el exterior, un punto más para el régimen que recupera todos los espacios y, lamentablemente, a cambio de nada.

El resultado será, de fracasar cualquier intento de negociación y de acuerdo con los distintos grupos participantes en el acto de defenestrar al interinato, probablemente, el fin de una etapa en la lucha por reconquistar la democracia, la que tomará un nuevo ritmo ante la realidad de un régimen fortalecido paradójicamente por los “opositores” que se “opusieron” a los mismos “opositores”. Se abrirá, sin duda, un nuevo espacio a la dirigencia eficiente y sana que debe tomar desde ahora, las primarias por delante, las riendas políticas del país.


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