El sistema de justicia en el país necesita ser imparcial e independiente, como lo establece la ley orgánica del Poder Judicial y la Constitución, para recuperar su credibilidad ante la sociedad venezolana.
Mientras la justicia penal siga politizada, las garantías constitucionales y los derechos humanos establecidos en nuestra carta magna son letra muerta.
La vulneración del debido proceso, establecido en el artículo 49 de la Constitución, es sistemática. El derecho a la defensa de los presos políticos los decide el tribunal nombrando a defensores públicos. Les niegan la posibilidad de ser representados por sus abogados de confianza. Asimismo, las audiencias se convocan y al llegar al tribunal son suspendidas en innumerables oportunidades para profundizar el retardo procesal. El acceso al expediente siempre presenta restricciones y la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario está de adorno. Tampoco se investigan los tratos crueles e inhumanos y las torturas contra los detenidos.
Cuando un sistema de justicia vulnera el debido proceso de los presos políticos, sus sentencias arrojan dudas.
La falta de autonomía e independencia de los poderes públicos ha causado un daño irreparable a la justicia. El ciudadano luce indefenso porque sus derechos cada día van desapareciendo.