Si bien es cierto que la enorme crisis que vivimos hoy debe ser resuelta en primera instancia por los venezolanos y que esta nuestras manos su solución y la reconstrucción de un país en el que todos podamos vivir sin discriminación y con iguales oportunidades, la lucha requiere del apoyo de la comunidad internacional, entendida ella como gobiernos e instituciones que comparten los ideales de democracia y libertad.
El acoso a los opositores, el intento de impedir que María Corina Machado, la candidata escogida por la oposición, participe en la elección que debe celebrarse este año, es preocupación de gobiernos, parlamentos y organizaciones que se han pronunciado de manera clara en apoyo a las elecciones libre y justas, lo que significa el apoyo a un proceso transparente mediante el cual todos los venezolanos, sin discriminación alguna, puedan postularse, expresarse y escoger al nuevo presidente de la República, lo que supone el reconocimiento y la aceptación de los candidatos que los mismos decidan y no aquellos que en juego colaboracionista participen como farsantes del plan de la dictadura. Intenta copiar el régimen el nefasto ejemplo de la dupla Ortega-Murillo: una elección pret-a-porter.
En pocas palabras, como se ha dicho, la comunidad exige un proceso en el que todos los venezolanos, los que están en el país y los que se han visto obligados a emigrar, puedan votar, para lo cual debe actualizarse el registro electoral y brindar todas las facilidades para que millones de electores puedan hacerlo libremente. Pero, además, la comunidad internacional ha sido clara al precisar que el régimen debe aceptar todas las candidaturas que los venezolanos decidan y no obstaculizar el proceso mediante vetos ilegales que todos dentro y fuera sabemos que no tienen fundamento alguno y que han sido manipulados descaradamente por razones políticas por el Tribunal Supremo de Justicia, cuya parcialidad y dependencia de Miraflores y del partido oficialista es evidente.
La democracia es el único sistema en el que se pueden ejercer y disfrutar todos los derechos humanos. La comunidad internacional exige que se respeten los principios y valores democráticos, el Estado de derecho y las libertades, para que los ciudadanos puedan progresar dignamente.
La preocupación de la comunidad internacional, como lo hemos dicho siempre, lejos de ser un acto de injerencia en los asuntos internos de un país, como lo presentan de manera distorsionada los agentes de las dictaduras, es un acto de solidaridad con los pueblos oprimidos como el de Venezuela hoy, que finalmente parece haber encontrado el camino hacia la libertad.
Los gobiernos forajidos que pretendan aniquilar a sus pueblos, eternizarse en el poder y enriquecerse con prácticas corruptas y delictivas deben ser sancionados, tal como lo han anunciado en relación con la dictadura de Maduro, que insiste en impedir el paso hacia la democracia y la estabilidad que muchos de sus partidarios también desean hacia una transición pacífica y ordenada que permita la reconstrucción integral e inclusiva del país.
Las sanciones no son ilegales ni ilegítimas, como lo pretenden las dictaduras que oprimen a sus pueblos. Por el contrario, son medidas que buscan contribuir con el reconocimiento pleno de los derechos humanos en los países sumergidos en crisis, como Venezuela desde hace un cuarto de siglo.