El secretario general de la OEA, Luis Almagro, plantea la tesis de que ante la estabilidad del régimen lo conveniente para el país es negociar un status de “cohabitación con contrapesos” – lo que eso signifique, porque el proponente no entra en detalles –,  uno supone que se trata de compartir el gobierno entre el chavismo y las fuerzas democráticas.

No es lo mismo la coexistencia existente en los poderes regionales y municipales entre factores del mundo democrático y el chavismo, permitida por el régimen porque le es funcional a sus intereses de aparentar lo que no es, a lo propuesto por Almagro. La diferencia estriba en el cuestionamiento que se hace desde la oposición democrática a la legitimidad de origen, de gestión del gobierno Maduro y a sus esfuerzos para desplazarlo del poder.

La cohabitación propuesta tampoco es lo mismo que ha sucedido en Francia debido a las particularidades de su régimen mixto (combinación de presidencialismo con parlamentarismo) en el cual no es traumático que el presidente y el primer ministro provengan de sectores enfrentados porque las competencias de gobierno de esos mandatarios están claramente establecidas en la Constitución; además ese escenario siempre se ha dado entre fuerzas republicanas y democráticas aunque ideológicamente diversas.

La actual fortaleza del régimen es un dato de la realidad a tomar en cuenta, sobre todo para internalizar lo difícil y complicado de su superación. Tal acto de realismo no tiene por qué llevar a la conclusión de que la alternativa correcta, única para la sociedad venezolana y sus fuerzas democráticas es proponer un acuerdo de cohabitación con el régimen. Cómo escribió alguien, la propuesta tiene un tufillo a aquello de que si no lo puedes vencer únete a él.

Lo cual sería una virtual rendición y  conversión de los partidos democráticos en satélites del PSUV como sucede en la actualidad con Alacranes, Mesitos, Alianza Democrática, Avanzada Progresista quienes en la Asamblea Nacional usurpadora ni siquiera hablan para oponerse a los desaguisados que en ese escenario se aprueban. Esos sectores políticos tienen con el oficialismo una relación de subordinación. Colaboracionismo puro y duro.

Sería un acto de sometimiento al statu quo imperante porque la propuesta no provendría desde una posición de fuerza sino de debilidad, de la aceptación de que el régimen seguirá siendo más fuerte indefinidamente. Admitiendo de hecho que el enorme retroceso en todos los índices civilizatorios del Estado y la sociedad acaecidos durante el régimen chavistas no son reversibles desde la política. Consideración que desdeña las enseñanzas de la historia sobre la mutabilidad de las condiciones políticas y de que nada dura para siempre. En nuestro caso: el gomecismo en 1930 parecía eterno; igual sucedía con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1956. Más allá de nuestras fronteras pocos previeron el colapso del bloque comunista.

Otra cosa sería un acuerdo de transición hacia la restauración del orden constitucional que pase por una cohabitación para aceitar y facilitar los cambios necesarios. Acuerdo con objetivos, metas y plazos claramente definidos, auditables, con sanciones por  incumplimientos sin justificaciones de fuerza mayor.

¿Está el chavo-madurismo por una cohabitación donde tenga que ceder poder y el objetivo de la misma sea facilitar la restauración del orden constitucional?

La concepción dictatorial del ejercicio del poder de parte del chavismo y la ausencia de apertura política – más bien lo que hay es un endurecimiento autoritario en el discurso y la acción– no autorizan a ser optimistas respecto de la posibilidad de un acuerdo en el sentido del que venimos hablando.

Tropezamos de nuevo con la ausencia de incentivos para que el oficialismo acepte una negociación dirigida a buscar y materializar mecanismos para superar la crisis política. De hecho, en días pasados anunciaron una nueva demanda a satisfacerles para volver a las conversaciones; ya no es solo el levantamiento de sanciones, la incorporación de Alex Saab a las conversaciones sino que ahora se trata de la devolución del avión (¿venezolano-iraní o viceversa?) detenido por las autoridades argentinas. Más claro imposible.

La misión de las fuerzas democráticas no es asimilarse a un régimen dictatorial, injusto e ineficaz; es luchar por su superación y la instauración de uno nuevo con capacidad para crear una sociedad libre, justa, próspera y segura.

 


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