Uno de los momentos de mayor orgullo de mi trayectoria académica fue cuando gané el concurso de credenciales para ser profesor de Derecho Administrativo en la UCV. Tenía 29 años cuando alcanzaba una de las metas que me había impuesto desde joven, ser profesor de la universidad pública más importante y representativa de nuestro país. Recuerdo mi primer curso, todos huían de los “estrictos” Peña Solís y Gustavo Urdaneta, casi 150 estudiantes decidieron probar con el nuevo profesor. Afortunadamente para mí, un mes más tarde, incorporaron a otro colega, lo que permitió que mi curso fuera de “tan solo” 115 personas. Mis clases siempre fueron de noche y con grupos muy heterogéneos (al menos en comparación con la UCAB y la Monteávila), tenía estudiantes de 19 años y de 75 años, algunos acomodados, otros más humildes y, por supuesto, personas de todas las vertientes políticas, porque para bien y para mal, la UCV siempre ha sido un nicho político, la cantera de muchos partidos del país.

La academia y la educación han sido siempre un objetivo del chavismo, porque una persona instruida de manera integral no solo es capaz de divisar a un autócrata o populista cuando habla, sino que además es un individuo con mayores posibilidades de ser independiente, de ser libre, y eso no es muy útil para un gobierno que se sostiene en la necesidad humana, de personas Estado dependientes, ya que con ello se establece el sistema de control que tradicionalmente se aprecia en gobiernos que se mueven a través de ideologías que estiman que el Estado debe encargarse del bienestar y desarrollo de las personas. De allí que el dictador Chávez Frías implementara desde temprano, diversos instrumentos para mantener el control de las universidades públicas. Desde 2001 comenzaron a emitirse desde el Poder Judicial decisiones que afectaban resultados de elecciones internas, se modificó también el marco jurídico universitario y poco a poco se fueron instaurando nuevos elementos que restaban autonomía como la creación de nuevas universidades e institutos manejados casi de forma directa por el partido de gobierno, la arbitrariedad en asignación presupuestaria y alteración de las reglas en materia de elección de las autoridades universitarias son algunos ejemplos conocidos.

Sin embargo, la estrategia más dañina fue otra, la asignación de las plazas universitarias a través la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), conjuntamente con la Misión Ribas. A partir de allí, el gobierno central comenzó a establecer quién entraba y quién no a las universidades públicas, valiéndose supuestamente de 4 variables: (i) índice académico (valorado en 50%), (ii) condiciones socioeconómicas (30%), (iii) territorialización (15%) y (iv) actividades extracurriculares (5%). Estábamos ante una contundente discriminación de estudiantes en función de su nivel socioeconómico (la mal llamada “discriminación positiva”). Sobran los testimonios de personas con promedio de casi 20 puntos discriminados por la OPSU, que para 2015 controlaba entre 70% y 100% de las plazas universitarias. No más pruebas académicas, no más pruebas internas.

Desde mi experiencia docente estimo que la designación discriminatoria de plazas o cupos fue lo peor, porque comenzó a carcomer desde adentro a la UCV. A medida que transcurrían los cursos, el nivel de los estudiantes disminuía, lo que conllevaba más aplazados, y además era obvio que la selección se basaba en temas políticos, al margen de las variables –de por sí inconstitucionales– supuestamente aplicadas. Ahora, ¿qué tiene de especial la Sentencia N° 324 del 27 de agosto de 2019 de la Sala Constitucional? Pues no mucho, una vez más el Poder Judicial violó el artículo 109 de la Constitución (que reconoce a la comunidad universitaria en sus estudiantes, profesores y egresados), volvió a normar a través de una sentencia (en contravención al principio de separación de poderes) y además modificó la pretensión de los accionantes que en el año 2009 solicitaron la anulación por inconstitucionalidad del artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Universidades, que incluye en la “comunidad universitaria” y da derecho a voto en igualdad de condiciones al personal administrativo y obrero. Esta sentencia (de por sí inconstitucional al ser dictada por magistrados inválidos) simplemente está acelerando un plan que inició en 1999.

La decisión 324 ha llegado en un momento en el que la educación superior se encuentra en un estado de coma que desde hace mucho exterioriza sus consecuencias. En 2011 escuché el primer tiroteo en la UCV, justo al lado de la sala de profesores, eran casi las 7:00 pm (hora en que iniciaba mi clase). Si bien mi clase finalizaba a las 8.30 pm, difícilmente lograba mantener al curso completo hasta esa hora, puesto que el temor de salir de noche de la universidad era algo más que razonable, incluso salíamos en grupos, y todos procurábamos evitar pasillos oscuros. Vi cómo los estudiantes con motos se estacionaban prácticamente al lado de los salones de clase, a pesar de que estaba prohibido circular con moto por los pasillos de la universidad, perros y basura por doquier. Escuché a mis colegas relatar que personas armadas entraban a los salones a despojar a mano armada a todos los presentes. Vi cómo las obras de arte se caían a pedazos. Tuve la indignación de oír a mis colegas hablar de las arbitrariedades del consejo universitario, donde alumnos apadrinados eran “aprobados” a pesar de no haber superado el examen de rigor y lo peor, esos alumnos luego iban a la clase del profesor a restregárselo en cara. La sombra se estaba apoderando de la UCV.

Ahora nos impacta la sentencia del TSJ y el golpe a lo que quedaba de la autonomía universitaria, pero de qué autonomía estamos hablando si la propia universidad no puede delimitar objetivamente quién estudia en su recinto, si ni siquiera un profesor es completamente autónomo en su cátedra, donde los malandros son las verdaderas autoridades, donde la comunidad universitaria tiene delincuentes. Honestamente, nos estamos angustiando muy tarde.

Como egresado de la UCAB siempre me ha llamado la atención el amor y admiración que los ucevistas sienten por su casa de estudios, no he percibido eso en ninguna otra universidad (sea como estudiante o profesor). Es admirable que todavía hoy algunas universidades públicas venezolanas sigan apareciendo en los rankings latinoamericanos y eso se debe en especial a su vieja comunidad universitaria, pero de la historia no se puede vivir siempre, algo hay que hacer para mantener con vida los dogmas y excelencia de Vargas, Blanco, Pietri, Razetti, Gallegos, pero también de Febres Cordero, Ímber, Acosta, Roscio, Bello, Picón Salas y de todos aquellos insignes académicos de distintos rincones del país que estudiaron y formaron en nuestras universidades.

Nuestra universidad nos necesita ahora para afrontar el reto más difícil, vencer la sombra del chavismo.