El 20 de diciembre de 1875, durante el llamado septenio, el general Antonio Guzmán Blanco crea la Comisión de Bienes Nacionales y le encomienda la elaboración de un inventario de bienes públicos ─inexistente hasta entonces─ que enumere las salinas y minas, tierras baldías, bienes muebles e inmuebles y, en general, todos los derechos y acciones que correspondan al gobierno nacional en las antiguas provincias que ahora formaban los Estados Unidos de Venezuela. No se trataba de una tarea fácil, pues el inventario suponía la búsqueda de “escrituras, títulos legales ó judiciales, bienes inmuebles, documentos por deudas ó créditos otorgados a favor de la nación, escrituras ú obligaciones de fianzas, expedientes ó títulos de cualquiera clase que acrediten propiedad, dominio o acciones” a favor de la república. El inventario en cuestión, por tanto, abarcaba propiedades en el ámbito civil, elementos de guerra, bienes de la Iglesia y destinados a obras pías, quedando la Comisión facultada para dirigirse a los empleados públicos, civiles y militares, así como a las autoridades eclesiásticas y otras corporaciones, y solicitar de los archivos públicos los datos, documentos o títulos que resultaran necesarios para completar su tarea, con miras “a dejar en claro” los derechos del Estado en los casos dudosos o de manifiesta usurpación.
La Comisión trabajó afanosamente presentando una Memoria al ministro de Hacienda en enero de 1877, valioso trabajo que da cuenta detallada y bien documentada de los bienes públicos inventariados, del que emerge precisa información en torno a la adjudicación que de la antigua casa Factoría de Puerto Cabello, conocida hoy como la Casa Guipuzcoana, se hizo al general José Antonio Páez, así como las serías y fundadas objeciones que encontraron los miembros de la comisión al analizar el caso en referencia. Recordemos que producto de la contienda independentista, se legalizó la confiscación de bienes pertenecientes a españoles como mecanismo para lograr recursos con los cuales satisfacer las exigencias pecuniarias del ejército patriota; todos los bienes muebles, semovientes o inmuebles, créditos, derechos y acciones existentes en el territorio pertenecientes a súbditos del rey de España, estaban sujetos a secuestro y confiscación, siendo muchos de ellos adjudicados a la oficialidad y soldados.
La casa Factoría fue el principal inmueble de los construidos por la Compañía Guipuzcoana en Puerto Cabello, a principios del siglo XVIII, sin duda una de las primeras edificaciones que se levanta allí, utilizándose la planta baja como oficinas y almacén, además de vivienda en su parte alta. Sirvió como sede de la aduana, de la Guardia Nacional, biblioteca pública y oficina del cronista; por su valor arquitectónico e histórico, declarado monumento nacional en 1978 por la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Artístico de la Nación. Lamentablemente, aunque todavía en pie y en relativo estado de conservación, actualmente alberga una abandonada biblioteca y a la milicia. El inmueble junto a un importante número de casas y almacenes, incluidos los antiguos muelles, fueron propiedad de la Real Compañía de Filipinas, creada por una Real Cédula de Carlos III en 1785, la cual asume las funciones que hasta ese momento desarrolló la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, promoviendo el comercio directo entre Filipinas (colonia del Imperio español) y la metrópoli. Es así como los bienes pertenecientes a la Guipuzcoana al momento de su desaparición, localizados en Caracas, La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo, Ciudad Bolívar, entre otros lugares, pasan a manos de su homóloga de Filipinas, quien termina vendiéndolos al rey de España entre los años 1807 y 1808.
En 1827, el general Páez propuso al Libertador la permuta de la casa Factoría por dos hatos que poseía en Apure, llamados El Frío y Perro Flaco. Aunque la permuta propuesta fue aceptada sujeta a los correspondientes avalúos, esta quedó sujeta a condiciones que nunca llegaron a materializarse, toda vez que Páez no presentó los títulos de propiedad sobre los hatos permutados, razón por la cual la operación no llegó a perfeccionarse. A pesar de esto, el inmueble junto a unos almacenes al fondo pasó a su posesión, más tarde al de sus sucesores. Este hecho es advertido durante el examen que se hace de la situación jurídica del inmueble, junto a otro muy significativo. El general Páez, lógicamente, tenía derecho a los sueldos que había devengado en su calidad de jefe de las fuerzas republicanas de Apure, haberes que para diciembre de 1823 alcanzaban 27.800 pesos. Sin embargo, la información recabada arrojó que como consecuencia de rebajas por montepío, adelantos de pagos, etc., aquel había recibido de más 3.809 pesos, de allí que la Comisión afirmara “que el general Páez fue pagado de su haber militar de un modo espléndido”, cumpliendo así la república con sus obligaciones. Encontró la Comisión de Bienes Públicos, entonces, que la casa Factoría le había sido adjudicada al general en contravención de las leyes que regulaban la confiscación, no solo porque ya sus haberes militares le habían sido pagados, sino también porque ese inmueble no estaba sujeto a confiscación, por tratarse de un bien nacional desde que el mismo fuera comprado a la Real Compañía de Filipinas por el monarca español.
Así, concluía la Comisión que la nación tenía derecho a recobrar la casa Factoría, pero devolviendo a los sucesores del general Páez aquellas sumas que resultaran satisfechas por cuenta de la permuta, en particular, las derivadas de los arriendos adeudados por el gobierno que ocupaba la casa desde 1830, para funciones de aduana. Los sucesores del general aun devolviendo la casa y los almacenes todavía debían a la nación aproximadamente 117.721 pesos, pues las cuentas indicaban que solo 6.321 pesos habían sido satisfechos, del total de 24.812,04 en que estaban valuados la casa y sus anexos. La Comisión propone, en consecuencia, la nulidad del contrato celebrado “con el general Páez por la casa y almacenes comprados por el Rei á la Compañía y entrados al patrimonio de la República, cuyo expediente fué pasado oportunamente á la deliberacion del Gobierno”, lo que presumimos ocurrió, siendo ahora el inmueble patrimonio nacional.
@PepeSabatino