Desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana una lacra social que no se ha detenido y continúa castigando a la población colombiana civil de la provincia es el de los desplazamientos forzados. El drama reviste formas diferentes en función de la región de la que se trate, pero Colombia entera está repleta de ciudadanos que son víctimas de esta cruel forma de guerra que penaliza a pueblos enteros.
Hace una semana el sistema de monitoreo de la Defensoría del Pueblo aseguraba que en lo que va de este año cada hora se han desplazado 7 ciudadanos para alcanzar el número de 11.150 colombianos. Sin embargo, esta semana que termina acusó un saldo adicional de otras 2.000 personas que fueron forzadas a huir de sus tierras para salvaguardar sus vidas y su integridad física en el Cauca. Para terminar de agravar el drama humano, otras 5.000 víctimas en la frontera con Venezuela han venido a sumarse al contingente anterior como refugiados en Arauquita. Estos obedecen a otro fenómeno: son el resultado de los enfrentamientos de las fuerzas armadas venezolanas y los rebeldes colombianos y sus socios en Venezuela.
Esta misma entidad oficial reportó en un comunicado que los desplazamientos resultan ser el hecho victimizante que más ha crecido desde que la paz fue decretada y que se alimenta de la población que se encuentra atrapada en hechos de confrontación violenta entre los grupos armados o entre estos y las fuerzas regulares del orden. La más de las veces el fenómeno es similar al que hemos visto en el estado Apure, en el cual quienes buscan hacerse con el control de un corredor estratégico de la zona para controlar el tráfico de armas y otros productos ilegales se enfrentan con otros grupos irregulares o con las fuerzas armadas.
Los entes oficiales colombianos insisten en que hay tres factores instigadores de este crimen. La disputa entre el ELN y el Clan del Golfo es uno de ellos y también el fenómeno de la dispersión de este clan por la geografía colombiana que se ve presionado por la fuerza pública regular del país. El Clan del Golfo es la principal banda criminal de Colombia, con lazos con el narcotráfico y con una relación de asociación inestable con la guerrilla del ELN. Las alianzas que se van armando entre grupos irregulares que tienden a consolidar sus mandos a través de la cooperación es otro fenómeno que dispara los enfrentamientos y alimenta los desplazamientos.
Pero otro elemento que aún no se conceptualiza como un disparador de los desplazamientos internos, pero que en la medida en que el tiempo avance será más reconocido por la Defensoría, es el de los éxodos que se están originando en la violencia del otro de lado de la frontera con Venezuela. Estos no solo alimentan los históricos dramas de miedo y pobreza, sino que representan una carga humanitaria aún mayor para el gobierno colombiano. Los desplazados de Apure son venezolanos que han sufrido muy severas violaciones de sus derechos humanos en manos de las fuerzas bolivarianas: desapariciones forzadas y allanamientos de morada son solo algunas.
Solo que este fenómeno lleva implícito una carga política susceptible de crear estragos adicionales más allá de la atención humanitaria a los desplazados a la que está obligada Colombia. Álvaro Uribe se ha atrevido a calificarlo: “La dictadura venezolana se alía con un grupo narcoterrorista y combate al otro por el control del negocio”. No se aleja de la verdad el expresidente.
La estrecha vinculación del régimen venezolano con el ELN y sus actividades ilegales ha enfrentado a sus fuerzas armadas contra las disidencias de las FARC y dentro de este contexto todo lo que sirva para desestabilizar el gobierno legítimo del país vecino es útil a sus fines. Pero en el Estado limítrofe la situación es bastante más compleja que ello. Desde Miraflores están usando el poder de ataque de las Fuerzas Armadas para combatir a las disidencias de las FARC en contra de las fuerzas de la Nueva Marquetalia, todo ello con el fin de mantener el control sobre el contrabando de todo tipo de bienes –droga incluida– que transitan por la frontera. El pronunciamiento del ministro de la Defensa venezolano inculpando a Colombia y a la CIA de ser los financistas de grupos envueltos en los ataques no hace sino enredar las cosas.
El giro que toma todo este ajedrez fronterizo no trabaja a favor de buenas relaciones entre los dos países. Y el fin, hay que decirlo, no está cerca.