Nada retrata mejor al desempeño opositor de estos tiempos de revolución bolivariana que la vida, la pasión y la muerte del gobierno interino presidido por el diputado Juan Guaidó. Los tres años del ejercicio estuvieron marcados por el subterfugio político, la treta de grupos y la gambeta constitucional. El interinato está recibiendo de sus compinches de banda una cucharada de su propia medicina. Los argumentos que se esgrimen para expedirle los santos óleos son parte de otra artimaña partidista, de un ardid de complotados y de una pirueta argumentativa.
El gobierno interino murió en su ley. Su patrón normativo de orígenes fue la trastada, su desempeño estuvo salpicado por la faena sectaria y la marrullería política; era de esperarse que su final también estuviera montado en la jugarreta. El 23 de enero de 2019, en un cabildo abierto, el diputado presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2019-2020, Juan Gerardo Guaidó Márquez, se juramenta como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y asume el Poder Ejecutivo paralelamente al régimen usurpador encabezado por Nicolás Maduro desde Miraflores. Sus atribuciones más simbólicas, que de hecho ocuparon un importante espacio en los medios, en la emocionalidad, aumentaron la esperanza de la inminencia de un cambio político inmediato y fueron reconocidas por un grupo de países encabezados por Estados Unidos y otros 60 adicionales, el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos. El soporte constitucional fue una triquiñuela exegética que se estiró a lo largo de los tres años de su existencia a fuerza de la dilatación auxiliada de un mandato inútil que ha debido finalizar en el año 2020.
La sorpresa de la proclamación de ese día agarró fuera de la base a la revolución bolivariana, pero también a muchos factores de la oposición que hoy forman parte del cadalso político del interinato, y que estuvieron atentos a la espera, en la bajadita inevitable. Ese primer evento de la posición adelantada del grupo de apoyo al diputado Guaidó se constituyó en la primera factura pendiente para el momento del plantón vengativo. Y le llegó. Las reservas y las diferencias abiertas durante los 3 años de la ¿provisionalidad? fueron parte del archipiélago de posiciones enfrentadas que vivió y erosionó al gobierno interino. Los deslices políticos y militares de la Operación Gedeón y del fallido golpe de Estado del 30 de abril de 2020, la inexplicable consulta popular, más los persistentes indicios de corrupción con la ayuda humanitaria en Cúcuta, las denuncias relacionadas con la empresa Monómeros fueron ensanchando mucho más la brecha interna entre la representatividad del presidente interino y los apoyos dentro de la oposición. El distanciamiento paulatino y el olvido de las primeras líneas conceptuales establecidas para el desempeño del interinato asumidas como el cese de la usurpación, el gobierno provisional y las elecciones libres se fueron diluyendo rápidamente en el tiempo y en la demagogia, apuradas por la ineficiencia, la ingenuidad, la corrupción, el clientelismo y el sectarismo. El gobierno desde Miraflores solo se sentó a esperar que su némesis de papier maché se disolviera en las pifias y los traspiés. Y los otros toletes opositores no hicieron ningún esfuerzo para impedir que a la llegada de los despojos del interinato, este se asumiera en lo que realmente era desde la juramentación en la plaza Brión. Una ficción.
El interinato fue un embarazo ectópico constitucional, creció como tal alimentado por la esperanza de un cambio político rápido y se extinguió sin ningún tipo de intervención como normalmente ocurre con estas concepciones fuera de lugar. Sus tres años de vitalidad inútil se suman al extenso y dilatado expediente de errores que ya es común dentro de la oposición. El gobierno interino murió en su propia ley de la triquiñuela… como nació. El debate parlamentario para certificar su deceso, con los diputados también extendidos y auxiliados por las mismas argucias interpretativas de la plaza Brión, solo contribuyó a tratar de darle una formalidad a esa rocambolesca puesta en escena en que se ha convertido la oposición al régimen usurpador, que solo se ha limitado a observar desde lejos.
Nuestra realidad de la oposición al régimen se manifiesta en la primera discusión en la Asamblea Nacional para certificar lo evidente. Los votos no se expresan a favor o en contra de la muerte del interinato, se enuncian en contra de las posiciones internas de los otros grupos, en una suerte de todos contra todos- a muerte -frente al cadáver insepulto del gobierno interino. La lucha no es por la inconstitucionalidad del occiso, ni por sus bondades políticas para la recuperación de la democracia en Venezuela – que no las tuvo – en el ejercicio, menos por las posibilidades de la unidad frente al gobierno; el combate es por la candidatura en las elecciones del año 2024. Los votos no son a favor ni en contra del diputado Juan Guaidó, mucho menos del gobierno interino. La prenda en juego es la candidatura presidencial para el 2024. Los suspiros y la cayapa parlamentaria del pelotón de fusilamiento del interinato en la tribuna de honor de la asamblea nacional son por la banda presidencial, por la silla de Miraflores, por una banda marcial entonando la marcha presidencial, un jefe de casa militar en la espalda y el reconocimiento de la fuerza armada nacional como su comandante en jefe, para administrar la hacienda pública nacional y para ser el jefe de la diplomacia criolla, con Nicolás Maduro cediéndole el paso en el poder a quien emerja pírricamente victorioso de este mortal combate y en la victoria erosiva que surja después de los novenarios y el duelo por el interinato. Será en los harapos triunfadores y en los jirones vencedores que emergerán más menguados políticamente, más estrujados unitariamente y muchísimo más distanciados de la gente en la esperanza y en la expectativa de un cambio político en el país. Esos guiñapos se enfrentarán a la maquinaria del régimen, que los espera con un liderazgo único, con un plan que han ensayado desde hace 24 años y con el palmarés acreditado frente al mismo enemigo que se repite con mucha más insistencia en su dilatada cartilla de errores.
El actual tema venezolano no es un problema constitucional. Recuerdan los mismos jurisconsultos que salieron a desmontar en la opinión pública el gobierno de Pedro Carmona Estanga el 11 de abril de 2002 con los alegatos hermenéuticos de la misma carta magna que no votaron ni aprobaron en su momento. La misma desde donde extrajeron asombrosamente las justificaciones para crear el gobierno interino y la extensión del mandato de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 y con la que ahora salen de alabarderos póstumos a tratar de hacer RCP. Nunca en la historia de la Venezuela republicana eso se ha tratado de la Constitución y menos en estos años de la revolución bolivariana. Es un problema político que debe ser resuelto políticamente.
Mientras el cortejo melancólico del gobierno interino atraviesa la emboscada balalaika opositora –la coloquial bajadita donde lo estaban esperando desde hace tres años– recibiendo el fuego cruzado, las esperanzas del cambio político en Venezuela se evaporan en la pólvora quemada del actual liderazgo político que se opone al régimen.