Este artículo recoge varios textos que he escrito y divulgado en diferentes ocasiones. Me complace compartirlos una vez más en momentos en los cuales rememoramos muy gratamente aquel histórico parto de gran trascendencia que tuvo lugar con la promulgación de la Ley de Universidades el 5 de diciembre de 1958. Que sirva este recuerdo para reafirmar hoy nuestro compromiso inquebrantable con la universidad autónoma venezolana.

Es preciso reivindicar la autonomía como principio de vida, en tanto componente esencial de la condición humana; es decir, como posibilidad que tiene cada cual –con fundamento en la independencia de pensamiento y acción– de elegir y responsabilizarse por la vida que se desea desarrollar, sin que represente una fuente de agresión o de calamidades para otras personas e instituciones.

Sin lugar a dudas, tal principio es indispensable para preservar la dignidad humana, para que cada quien –bien sea la persona o la institución– disfrute efectivamente del derecho de exigir que se le juzgue por sus méritos y deméritos, por su valor, por lo que realmente es y hace, y no en función de su pertenencia a uno u otro colectivo o de cualquiera determinación que no pueda cambiar.

Como dice Freire en “Pedagogía de la autonomía”, tanto el respeto a la autonomía como a la dignidad constituye un imperativo ético y no un favor que podemos o no darnos los unos a los otros, el cual se apoya en “la inconclusión del ser que se sabe inconcluso” y en “la vocación de ser más propia de los seres humanos”. Una vocación que –tal como lo expresa ese gran maestro– “…no se realiza en la inexistencia de tener, en la indigencia, exige libertad, posibilidad de decisión, de elección, de autonomía”.

Por supuesto, la defensa de ese respeto por la autonomía del ser y la dignidad no puede quedarse en el simple plano discursivo o declarativo. La misma debe ser parte del ejercicio cotidiano de las responsabilidades de las personas y de las instituciones comprometidas con esos valores fundamentales; especialmente en circunstancias en las cuales han sido afectadas de modo importante las condiciones reales que en la práctica hacen posible el cumplimiento de dicho respeto.

Es lo que he expresado precisamente cuando he hablado de la universidad digna, que es aquella que asume con firmeza el ejercicio de su autonomía, en libertad y democracia, sin claudicar ante quienes pretenden subordinarla a las orientaciones de un proyecto político ajeno a los elevados objetivos que dicha institución está llamada a cumplir. Es la universidad que, comprometida con la defensa y el fortalecimiento de pensar críticamente, no acepta por ningún motivo imposiciones que distorsionen su misión primordial, vale decir, que persigan reducirla o someterla a cualquiera determinación o mitificación para minusvalorarla. Es la universidad que no deja de luchar por las condiciones necesarias y suficientes para el ejercicio de la capacidad de conjugar conocimiento, imaginación y decisión en el campo de lo posible: en su vida académica; en la elección de sus autoridades; en la escogencia de su personal; en el cuestionamiento a sí misma y a todo lo que le concierna; en sus normas de gobierno, funcionamiento y administración de su patrimonio; y en la proposición y contribución en la construcción de soluciones y alternativas de cambio que el país requiera.

Hagamos votos, pues, para que el venidero 5 de diciembre, cuando se celebra el día del profesor universitario, la universidad autónoma se declare en rebelión ante el afán interventor del régimen opresor de Maduro con la inconstitucional sentencia 0324 del TSJ. Que esa sea una fecha privilegiada para reafirmar su indeclinable decisión de ejercer y defender la autonomía como principio de vida.

@eleazarnarvaez

 

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