La agresión rusa a Ucrania, en la que parece haber la determinación de las fuerzas agresoras de arrasar con el país y aniquilar al pueblo ucraniano, ha puesto en peligro la paz y la seguridad internacionales, agravado ello por la constante amenaza de Moscú de una eventual guerra nuclear.
La comunidad internacional ha mostrado desde el primer momento y antes, su enorme preocupación por la agresión y ha adoptado una serie de sanciones para presionar a Rusia y lograr que ponga fin a la guerra que criminalmente inicio en febrero de este año, planteando, además, consciente de la necesidad de lucha y erradicar la impunidad por estas atrocidades, que se investiguen los hechos y se sancione a los autores de tales crímenes que se han cometido y se siguen cometiendo desde entonces.
En la reunión sobre rendición de cuentas celebrada en La Haya el 14 de julio, convocada por el gobierno de los Países Bajos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Comisión Europea, se reiteró esta preocupación a la vez que se anunció el apoyo a las investigaciones sobre los hechos, con la recopilación y conservación de pruebas, en lo que estarían participando más de catorce países europeos.
Algunas cuestiones se plantean en relación con la aplicación de la justicia internacional penal: la competencia de la Corte, la naturaleza y la gravedad de los crímenes que se cometen, la responsabilidad penal individual internacional y la efectividad de los órganos de justicia internacional, entre ellos, la Corte Penal Internacional.
En primer lugar, la Corte es competente para conocer los crímenes que se están cometiendo, aunque ninguno de los dos Estados es parte del Estatuto. Ucrania había ya aceptado la jurisdicción del tribunal en 2014 después de la invasión rusa a Crimea, lo que crea el vínculo jurisdiccional que exige el Estatuto de Roma para poder ejercer su jurisdicción. La nacionalidad de los agresores o de los que cometen crímenes es irrelevante a los efectos de la determinación de la competencia del tribunal, en este caso. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, tras la solicitud de más de 40 países, inició en marzo una investigación e incluso abrió una Oficina en Kiev para coordinar los trabajos de investigación en el sitio.
Además, no habría dudas en cuanto a la realización de crímenes que se cometen en Ucrania: crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión, objeto de la competencia material de la Corte. Las pruebas y evidencias son claras. Los ataques a la población civil, los traslados forzosos, los asesinatos, las torturas, la violencia sexual, en violación del Derecho Internacional Humanitario y en forma generalizada y sistemática, en el contexto de una guerra de agresión muestran esta realidad.
Es claro que la Corte podría investigar los dos primeros crímenes, pero no el de agresión, por cuanto ninguno de los dos Estados son partes del Estatuto de Roma, aunque Ucrania aceptó su jurisdicción en 2014. El examen del crimen de agresión exige, además, que ella sea constatada por el Consejo de Seguridad, es decir, que para considerar el crimen de agresión debe haberse reconocido antes el acto de agresión, lo que es claro también que el Consejo de Seguridad no haría, dado el poder de veto de Rusia.
Para establecer la responsabilidad penal individual internacional de los autores la Corte deberá abrir los casos correspondientes en su oportunidad, con base en las pruebas y evidencias recopiladas y conservadas. Serán responsables quienes ordenan, proponen o inducen la comisión del crimen, aunque también, por supuesto, los autores materiales de tales crímenes, lo que ya se planteado en tribunales ucranianos, en donde han sido procesados y castigados por los crímenes cometidos en el Donbás, dos soldados rusos por asesinatos.
La responsabilidad del presidente ruso y de los más altos funcionarios del gobierno, civiles y militares, parece evidente. Es claro que Putin habría ordenado directamente los ataques y los crímenes cometidos por las tropas rusas o sin haberlo hecho y estando en conocimiento de que se estaban cometiendo tales crímenes, no hizo nada por detenerlos, lo que se enmarca en la responsabilidad penal internacional individual del jefe o superior, sea civil o militar, prevista en el artículo 28 del Estatuto. A este respecto debemos recordar también que el Estatuto de Roma “será aplicable por igual a todos, sin distinción alguna basada en el cargo oficial de una persona sea jefe de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno o parlamento”.
De manera que la investigación sobre lo que ocurre en Ucrania continúa y las posibilidades de procesar y castigar a la cadena de mando rusa por los crímenes cometidos los últimos meses en Ucrania son sin duda ciertas, aunque las posibilidades de que ello se haga efectivo no lo sean. La no efectividad de las decisiones de la Corte en algunos casos refleja las debilidades del sistema de justicia internacional penal, más aún en este caso en donde los presuntos autores son los dirigentes políticos de una potencia como Rusia que además de su poderío militar, es miembro permanente del Consejo de Seguridad.
Lo importante, sin embargo, es hacer todo por que se haga justicia y los responsables sean procesados y castigados, sea por la Corte Penal Internacional, por los tribunales rusos que tendrían la prioridad según lo previsto en el sistema de justicia penal internacional actual, cuando, desde luego, cambien las circunstancias políticas internas y nuevas autoridades puedan permitirlo o por tribunales nacionales que autorizados por sus legislaciones internas puedan ejercer la jurisdicción universal por crímenes internacionales cometidos fuera de su jurisdicción y por nacionales de otros Estados.
Se abre también la posibilidad de que se cree, como lo planteó el presidente Zelenski en la reunión de La Haya del 14 de julio pasado, un tribunal especial que pueda conocer esta horrible situación que se traduce en la comisión de crímenes internacionales que, como dice el Estatuto de Roma, son “atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la consciencia de la humanidad”. El planteamiento del presidente ucraniano abre un nuevo espacio para la aplicación de la justicia que podría traer resultados más rápidos y efectivos. La propuesta de un tribunal especial es muy válida, como lo afirmó la ministra de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, aunque admitió que no sería una tarea fácil.