A pesar de las dificultades, en Venezuela se deberá iniciar en el corto plazo un proceso de transición hacia la democracia, para lo que el país debe estar preparado. No se puede improvisar. Deben acordarse las mejores medidas para garantizar que el proceso que se inicia es el indicado, duradero y seguro y que en definitiva es irreversible. Un regreso a este pasado sería desastroso.
En este contexto la aplicación de la justicia, el castigo y la reparación de las victimas es una de las cuestiones que deben abordarse con inteligencia, a la vez que con firmeza. La lucha contra la impunidad y su erradicación definitiva, especialmente en relación con los crímenes que afectan los valores de la humanidad, como los crímenes internacionales, los de lesa humanidad entre ellos, es una obligación de los Estados. No solo es una obligación impuesta por el Derecho Internacional, sino una responsabilidad ante la sociedad afectada, ante las víctimas y sus familiares que exigen la verdad, justicia y reparación, sea cualquiera la forma que se acuerde.
Los responsables de los crímenes de lesa humanidad y me refiero a los cometidos en Venezuela los últimos años, deben ser procesados y castigados conforme a derecho. No hay ley ni medida alguna, individual: el indulto; colectiva, la amnistía o cualquier otro mecanismo que pueda implicar la exoneración de la responsabilidad penal individual internacional de los autores de estos crímenes. No se trata de venganza ni de retaliación. Simplemente es justicia. Lo hemos dicho siempre. La verdad, la paz, la justicia van de la mano.
El perdón es posible, nadie lo niega. Pero el perdón, que parte del reconocimiento de la falta, debe ser solicitado con arrepentimiento, lo que no necesariamente exonera la responsabilidad ni las penas. Así lo ve la religión católica cuando pecamos y nos confesamos. Pedimos perdón, reconocemos la culpa, expresamos arrepentimiento, pero de todas formas debemos cumplir la pena que se nos imponga por el o los pecados cometidos.
La posibilidad de una negociación con la narcodictadura ha estado siempre presente; pero no ha sido posible iniciarla, menos concretarla. Las tretas y la falta de ética de los representantes del régimen impiden cualquier enfoque serio de lo que, en cualquier conflicto, en cualquier sociedad, parecería lo más deseable. El grupo secuestrador no acepta negociación alguna. No le interesan, por ahora, los acuerdos. Es claro, sin embargo, que tarde o temprano deberá haber algún arreglo para restablecer el orden, hacer justicia, retornar a la democracia y avanzar en la reconciliación nacional que se refiere no a quienes han destruido al país, sino a la sociedad en general. No lo han entendido, por lo que constantemente se abren otras opciones. Y si en algún momento la sensatez los lleva a una mesa, su capacidad de negociación se verá lógicamente reducida y la negociación les será cada vez más difícil.
Mientras tanto y sin que ello afecte cualquier proceso, las acciones internacionales siguen, Las llamadas sanciones seguirán vigentes, incluso en tiempos de coronavirus. Por otro lado, continúan los esfuerzos para activar los mecanismos jurisdiccionales, nacionales e internacionales, para que se procese y se castigue a los responsables de los crímenes que se han cometido que nadie ni ellos mismos pueden negar, evidenciados en informes serios y responsables de organizaciones internacionales: la OEA y el Consejo de Derechos Humanos y de muchas organizaciones no gubernamentales y de individuos que han planteado la situación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Lamentablemente, lo que es además condenable, hasta ahora no se ha logrado el inicio de una investigación en la Corte. La Fiscalía no ha actuado con la diligencia debida. Un injustificado retardo “procesal” para determinar si se debe o no abrir una investigación formal y abrir los casos individuales para determinar la responsabilidad penal de los autores ha afectado la credibilidad de la Corte y de la Fiscalía en particular. El Examen Preliminar, lejos de salvaguardar la integridad del Estatuto, se ha convertido más bien en un obstáculo a la aplicación de la justicia. Su inacción, deliberada o no, en todo caso injustificada, contradice el Estatuto de Roma. La Corte no fue creada solamente como una institución jurisdiccional penal complementaria para reprimir los crímenes más graves que afectan la existencia misma de la humanidad, sino para prevenirlos. Si se hubiese iniciado una investigación, muy probablemente la actitud criminal del régimen se habría detenido, los responsables hubieran quizás pensado en que la justicia estaba cerca pero, lamentablemente, por el contrario, se sienten seguros gracias a la ineficacia de la Corte.
No se puede pensar en los tribunales nacionales para enjuiciar estos crímenes que tendría que ser la responsabilidad primaria. No existe un Poder Judicial independiente, menos imparcial. El Poder Judicial es un brazo de la dictadura. Los procesos se abren solamente en contra de las víctimas, una triste y condenable realidad que todavía algunos “intelectuales” de izquierda en el mundo defienden al justificar y apoyar al régimen de Maduro y Cabello.
En el período de transición se abrirán todos los mecanismos para castigar a los responsables de los crímenes cometidos en el país no solamente desde 2014; mucho antes, desde 1999, cuando se inició una política sistemática que incluye actos que se insertan en el concepto de crimen de lesa humanidad. Se adecentará el Poder Judicial y se intentará hacer justicia dentro, se harán reformas legales que lo permitan. También se deberán considerar otros medios a los que se ha recurrido en otros escenarios poscrisis: tribunales híbridos o internacionalizados integrados por jueces nacionales y extranjeros que puedan aplicar el derecho internacional y actuar conforme al principio de legalidad. También habrá que considerar la aplicación en algunos sistemas judiciales extranjeros, del principio de la jurisdicción universal. Pasos difíciles, complejos, sobre los que hay que trabajar desde ahora.
Y no debemos limitar estas consideraciones a los crímenes internacionales. Debemos ampliar el enfoque, como lo muestran algunas experiencias externas, incluyendo delitos transnacionales graves que afectan el orden internacional y que también han dejado de ser del exclusivo tratamiento de las jurisdicciones internas. Me refiero a la corrupción y los delitos conexos, al lavado de capitales, al apoyo al terrorismo, a la extracción y tráfico ilegal de materiales estratégicos, contra los cuales la comunidad internacional debe actuar solidariamente, más cuando el grupo delictivo/secuestrador funge de poder organizado de un Estado, como es el caso de Venezuela.