Por Hernán Sorhuet Gelós
El día de hoy le hemos cedido el espacio a un destacado experto ambiental uruguayo, bien informado sobre lo que acontece en Venezuela, a continuación, exponemos literalmente su opinión.
Focalizando mejor la mirada hacia la preocupante situación que advierte el mundo hacia el futuro de la selva amazónica, debemos prestarle una especial atención a la realidad venezolana.
Su región amazónica abarca nada menos que 52% del territorio nacional, cubriendo una superficie aproximada de 470.000 kilómetros cuadrados, 2,5 veces mayor que la de Uruguay.
Incluye una extraordinaria megabiodiversidad y así como el patrimonio hídrico (agua dulce) más importante del país.
Imaginemos por un instante la situación de caos, inestabilidad y corrupción que vive esa zona, por ser parte de la actual realidad venezolana.
La vulnerabilidad de esa porción de la amazonia está aumentada considerablemente, debido al interés creciente que hay en explotar sus riquezas mineras, combinado con la necesidad urgente de la dictadura de conseguir dinero rápido para mantenerse en el poder.
En 2016 aprobó un decreto creado la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Se trata de un megaproyecto minero que habilita las extracciones de oro, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales de una enorme zona que ocupa 112.000 km2, e incluye áreas naturales protegidas.
Según la propaganda oficial, desarrollando la megaminería se “ordenará la minería ilegal” tan dañina para los pueblos originarios y los ecosistemas naturales de selvas lluviosas. Hablan de “minería ecológica”, “tecnologías ecoamigables”.
Unos días antes de la aprobación de este decreto se creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio de Poder Popular para la Defensa, con amplias atribuciones para dedicarse “sin limitación alguna” a cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con las actividades mineras, petrolíferas o del gas.
Cuesta creer que se llevara adelante tal aberración institucional, cargada de despotismo, al decidir que allí las fuerzas armadas venezolanas no representan el “interés general” sino el “particular”. Se trata de una oscura empresa militar dedicada a generar grandes cantidades de dinero, a acumular poder por encargarse de un área estratégica de la economía nacional como la minería y el petróleo, desplazando a la estatal Pdvsa.
El caos informativo que caracteriza el régimen de Maduro no permite saber a ciencia cierta cuál es la realidad de todo lo que está sucediendo en la Amazonia venezolana.
Lo que sí se sabe es que el Arco Minero del Orinoco habilitó a muchas empresas extranjeras mineras (Canadá, Suráfrica, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, Cuba) a aprovechar incentivos públicos, simplificación de trámites administrativos, exoneración de requisitos legales e de impuestos, acceso a financiamientos especiales, régimen aduanero preferencial para importaciones, mínimos controles oficiales, si se instalaban en la zona.
Con las condiciones del desgobierno actual de Venezuela (sin imperio de la ley, fuerzas armadas con control del poder, sin Poder Judicial independiente y sin libertad de prensa) lo más probable es que el Arco Minero sea en los hechos una operación de abusos de toda clase, de destrucción ambiental a gran escala, y de saqueo los recursos mineros, donde la mayor parte del oro extraído no termina en el tesoro del Banco Central de Venezuela.