En las últimas semanas, al menos esta es mi opinión personal, el proceso de “apertura” de la economía venezolana del que tanto se ha venido hablando en ciertos círculos, ha tenido algunas muestras de ralentización que deben ser vistas con cuidado. El caso más emblemático y mediático lo constituye la solicitud que realizó el gobierno venezolano a la conocida cadena de farmacias Farmatodo de ajustar los precios y crear un sistema de vueltos en divisas.

Hay quienes sostienen que dichas acciones constituyen meras expresiones efectistas, pan y circo para el pueblo, manifestaciones de demagogia que no afectan ni afectarán el fondo de las transformaciones económicas que se estarían desarrollando en el país. Se trataría, al final del día, de complacer a ese sector de la población y de la opinión pública que constantemente se queja en redes y por doquier de la malignidad comercial de no querer dar cambio en moneda extranjera y de tener los precios de los productos y servicios fuera del alcance del empobrecido bolsillo del venezolano.

Si bien esa premisa está sobre la mesa, creemos que el episodio Farmatodo -cuyos detalles no han salido al público más allá de lo reseñado en algunas notas de prensa- constituye una señal de alerta. Un tema que debe verse con cuidado extremo porque reaparece el fantasma de los controles desaplicados, de la arbitrariedad estatal y de un clima hostil para el campo de los negocios.

¿Cuáles pueden ser las causas que originan este proceder? Es difícil precisar una única razón, pero no se puede descartar un peligro que algunos quieren pasar por debajo de la mesa: el hecho de que el gobierno venezolano lejos está de haber dejado atrás su naturaleza profundamente antiempresarial y contraria al respeto de la propiedad privada y las libertades económicas.

Este es un peligro latente, y es una circunstancia que se introduce en un contexto para nada positivo si ciertamente se está gestando una posible “apertura” de la economía. Porque ningún privado vendrá a invertir al país de forma seria y consistente si se tiene que enfrentar nuevamente al marco de una economía plagada de controles y arbitrariedad. Suficiente tiene ya con manejar las variables macroeconómicas del país -para nada positivas- y el hecho de navegar en un entorno que varios analistas califican como Estado fallido, para tener ahora también que volver a surfear la ola de la planificación centralizada.

Algunos portales noticiosos recogen que en semanas recientes la exportación de petróleo venezolano ha venido en aumento. Ello se traduce en que -presumiblemente- el Estado venezolano comenzará a contar con más ingresos, lo que pudiera incentivarlo a volver a su redil de desprecio a la iniciativa privada simplemente porque en su limitada visión del mundo ya no los necesitaría, o al menos no en la forma en que funcionalmente pudiera pensarse en términos económicos, sino como chivo expiatorio que sirva para justificar el fracaso y devastación económica que atraviesa el país, y cuyo principal responsable es el gobierno venezolano y sus catastróficas políticas socialistas.

Dicho esto, pretender atribuirle a una cadena de farmacias las responsabilidades y obligaciones que legal y constitucionalmente le corresponden al Banco Central de Venezuela no solo es un despropósito, sino que constituye un flaco favor hacia cualquier proceso de transformación y  mejora que se quiera emprender. Si bien la buena fe debe presumirse, las circunstancias no son proclives hoy para pensar en cambios consistentes y constructivos. Más bien conviene recordar lo que señala un antiguo proverbio ruso: «La serpiente cambia de piel pero no de naturaleza».


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