En el municipio Libertador, en el estado Carabobo, se está registrando un fenómeno que quizá pueda verse con igual preocupación en el resto del país: la alcaldía vacía. La sede del gobierno municipal se encuentra, incluso en horas pico del día, con muy poca gente, a veces, nadie. No hay ciudadanos haciendo solicitudes, ni funcionarios recibiéndolas, solo alguna persona resguardando la entrada y algunas otras personas sentadas frente a una computadora con el entusiasmo propio de jugar solitario.
Esto puede deberse a la confluencia de distintos factores, el primero, gracias a que el presupuesto 2021 aprobado por la Asamblea Nacional 2020 recortó a la mitad el situado constitucional inventando la dualidad de la partida de Ingresos Ordinarios, pues, el municipio se queda sin recursos para funcionar, para hacer obras, para prestar servicios o para siquiera operar. Esto, eventualmente, hace que los salarios sean bajos, que no existan beneficios contractuales, que el funcionario gane, si acaso, para poder pagar el pasaje de la buseta para llegar a su oficina, lógicamente, no va a la oficina.
No solo es la ausencia en la oficina, 70% del municipio no tiene servicio de agua potable por las fallas en los sistemas de bombeo. El instituto municipal de agua no tiene los recursos para adquirir y sustituir las bombas dañadas en los pozos de la jurisdicción. Si no hay cómo repararlas, ¿para qué enviar funcionarios a las estaciones de bombeo?, ¿para qué recibir a las comunidades y vecinos afectados en las oficinas? ¿Para qué recibir cartas de quejas? El vecino simplemente busca resolver con el camión cisterna, con largas mangueras o se muere de sed, pero perder el tiempo en la alcaldía está fuera del guion.
En mi municipio, como es sabido, no hay sedes de centros de educación superior, por tanto, los estudiantes deben trasladarse a Valencia, Naguanagua o San Diego para cumplir sus actividades académicas. Las recordadas iguanas, las unidades de transporte de color verde que movilizaban a la comunidad estudiantil, dejaron de existir. El comedor universitario de la UC, dejó de funcionar y, por ambas situaciones, un estudiante universitario debe gastar en promedio unos 40 dólares semanales para al menos asistir a sus clases. En ese contexto, se decretó el aumento del pasaje en las camionetas.
En otros tiempos esa sola situación hubiese generado la movilización de los estudiantes universitarios a la sede de la alcaldía a reclamar la disposición de varias unidades de transporte para aliviar el problema de movilidad de la comunidad estudiantil. Pero como existe, no la duda, la certeza de que la Alcaldía de Libertador no tiene cómo responder a semejante solicitud, los estudiantes ni se molestan en ir a hablar con el director general, porque también, difícilmente, los recibirá el mismo alcalde. Un funcionario que, al parecer, requiere cinco anillos de seguridad.
La Constitución y la legislación vigente obligan a diseñar un presupuesto municipal participativo, cuando en sus redes sociales la alcaldía anunció que haría “consultas” (sin definir para qué) resalta que el lugar para recibir al vecino interesado era la sede municipal del PSUV. Lógicamente, la generalidad de los vecinos no se sienten convocados, si acaso, el militante de ese partido. Luego de las “consultas” no se informó de cuáles fueron sus resultados y, muy probablemente, al igual que el presupuesto vigente, tampoco será conocido públicamente el presupuesto de 2023.
Es que hasta los concejales son anónimos, si se hiciera una encuesta el hallazgo estadístico sería que los libertadorenses no pueden recordar dos de los nueve nombres de los concejales que sesionan en su Cámara Municipal. No sorprende entonces el fenómeno de la Alcaldía vacía en Libertador. Vacía de vecinos, de funcionarios, de concejales y hasta de alcalde. El barco a la deriva.
@rockypolitica