Mi artículo publicado la semana pasada sobre las sanciones y su impacto en las condiciones de vida del pueblo venezolano ha generado comentarios de diferentes sectores representantes del mundo de los trabajadores, los empresarios, académicos; algunos coincidentes, otros divergentes con lo planteado sobre el polémico tema.
Por tanto, ¿quién dijo miedo? Bienvenido sea un debate sobre este asunto crucial, cuya dimensión implica abordarlo en la etapa histórica de mayores contradicciones en nuestro país. La importancia de la cuestión planteada ameritaría desarrollar una especie de foro nacional en el que participen la academia, las ONG, organizaciones sindicales, organizaciones gremiales empresariales, los partidos políticos, la Iglesia y, en primera instancia, el gobierno nacional como responsable de las políticas económicas y sociales durante el siglo XXI y particularmente durante la gestión de Nicolás Maduro.
Gestión que aborda la cuestión de las sanciones solo desde el terreno de la propaganda, colocando a los diferentes actores del diálogo social y a los políticos bajo la confesión de delito de conciencia que conlleve a aprobar su argumento como condición para entablar acuerdos. En pocas palabras, su praxis es arrodillar al adversario para agregarlo como oveja a su redil.
Entre tanto, en el método de las ciencias sociales prevalece como punto de partida el análisis de los datos fácticos, las estadísticas, los números, las evidencias concretas, en resumen, la objetividad en el tratamiento de la información, a diferencia de este caso en el que el Estado define acciones a partir de las opiniones, los prejuicios, la subjetividad, la manipulación de la información como política pública.
La imposición de una versión distorsionada de la realidad como política de Estado tuvo entre tantos casos a Goebbels, Stalin, Fidel Castro, Francisco Franco y en la actualidad a Vladimir Putin, Kim Jong-un, como registro de los ejemplos más perversos de la historia, temática tratada magistralmente en la obra 1984 de George Orwell.
Así que, para abordar el tema de las sanciones económicas, habría que partir de las siguientes consideraciones: ¿Son las sanciones las culpables de la desgracia nacional que padecemos? En ese orden, ¿son las culpables de la precarización de la vida del pueblo venezolano? ¿Cuál es el origen de la caída de 80% del PIB en Venezuela en la última década? ¿Políticas económicas equivocadas durante el siglo XXI o las sanciones aplicadas desde 2017?, ¿se deben suspender esas sanciones aun cuando se viola el sistema democrático?
A título de ejemplo estas son algunas consideraciones para tratar en un debate en el que deben surgir otras importantes, citamos el caso de la calidad de las sanciones adoptadas por la OFAC y la UE, hay sanciones personales individualizadas a funcionarios de la administración Maduro acusados de corrupción, robo de bienes públicos y promoción del terrorismo; y, por otra parte, hay sensaciones corporativas que limitan el acceso al mercado financiero internacional y a las inversiones foráneas en Venezuela. ¿Cuál debiera ser el tratamiento para cada una?
Por supuesto que cada actor tiene su posición al respecto, lo que determina asumir la controversia en escenario público y no clandestino, sin cortapisas, ni insultos, ya que es legítimo que la población conozca detalladamente los argumentos de cada sector frente a la terrible realidad que afecta a todo un país.
Evidentemente, no es un ejercicio estéril en un contexto de un mundo donde las diferentes potencias económicas pugnan por evitar la recesión, superar los efectos de la pandemia del covid-19, los efectos nefastos de la criminal guerra de Rusia contra Ucrania, determina desenlaces igualmente para América Latina.
En el caso de Venezuela nos ubicamos en un hoyo profundo al registrarse adicionalmente un frenazo económico en 2023, que apunta a una incertidumbre económica más aguda y al aumento del éxodo, que debilita aún más el tejido social ante la obstinación del régimen de cerrar toda salida política a las libertades democráticas.