Anualmente, desde 1919, la Organización Internacional del Trabajo se reúne en Suiza para analizar y proponer los cambios en el mundo del trabajo. Este año no podía ser la excepción, en un contexto en el que la humanidad ha dado por superada la pandemia del covid-19 y tiene que enfrentar las secuelas sociales y económicas sobre el empleo y la condición de vida a nivel planetario.
A tal efecto, aproximadamente 4.000 delegados de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados Miembros de la OIT abordan muchos temas, entre ellos: una transición justa hacia economías sostenibles e inclusivas, aprendizajes de calidad y protección laboral. Dicho evento iniciado el pasado 6 de junio culmina con la celebración hoy y mañana de una cumbre de alto nivel sobre el mundo del trabajo, bajo el tema «Justicia social para todos”
Los temas esenciales que se tratarán se relacionan con los siguientes puntos:
- Juntos por un futuro mejor sin trabajo infantil.
- La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva como fundamentos del trabajo decente.
- Empleos y competencias para un futuro mejor.
- Asegurar una transición sostenible a lo largo de la vida.
En el desarrollo de la agenda se incluye la situación laboral de aquellos países donde se violan los convenios laborales firmados por los Estados desde la fundación del organismo tripartito hace más de un siglo, siendo Venezuela a lo largo del siglo XXI un país donde su gobierno ha sido permanentemente señalado por las violaciones reiteradas a diferentes convenios, entre ellos el 87 libertad sindical, el 98 contratación colectiva, el 111 discriminación laboral, el 26 fijación de salarios mínimos y el 144 consulta tripartita. Una situación que determinó el envío al país de la Comisión de Encuesta en 2019, la promoción del Foro de Diálogo Social de 2022 y 2023, cuyos resultados deben ser abordados en dicho evento.
Simplemente si nos detenemos a revisar los puntos señalados en la agenda de la 111ª conferencia podemos constatar que el gobierno de Maduro está en deuda con los trabajadores venezolanos en todos y cada uno de los puntos indicados.
En lo referente al trabajo infantil según la ONG Cecodap (2022), la crisis económica, el cierre de las escuelas por la pandemia y la violencia son algunos de los factores que ha empujado a muchos niños en Venezuela a trabajar, un problema «invisibilizado», según expertos, por la falta de cifras oficiales que permitan conocer su alcance real.
En materia de libertad sindical y contratación colectiva la conflictividad sociolaboral persiste por la suspensión indefinida de los contratos colectivos y el desconocimiento a los sindicatos en el sector público, como recién hecho señalamos la agresión a trabajadores de Sidor por cuerpos policiales por reclamar la vigencia de su contratación colectiva suspendida desde 2008. Así también las elecciones sindicales desde 2015, se informa igualmente que directivos sindicales fueron detenidos recientemente.
A nivel nacional la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), registra entre los años 2022 y 2023 más de 2.000 conflictos laborales por salarios dignos, reanudación de la negociación colectiva, cese a los despidos arbitrarios y a las detenciones ilegales de dirigentes sindicales.
Con referencia a empleos la tendencia a la precarización del trabajo resalta ante la necesidad del trabajador por los bajos salarios a realizar dos y tres empleos para obtener el ingreso mínimo para la subsistencia de la familia, así también se señala un desempleo cercano a 40%.
En resumen, todo genera una incertidumbre en torno al futuro del país y a las nuevas generaciones, determinando la diáspora de mas de 9 millones de personas de un país donde el salario mínimo mensual se ubica en 5 dólares y la canasta alimentaria cercana a los 500 dólares.
El caso de Venezuela amerita que la OIT designe la delegación de una oficina permanente de seguimiento a las nefastas políticas laborales de un régimen vigilado por la comunidad internacional, tal como ha decidido la Corte Penal Internacional ante las reiteradas violaciones de los derechos humanos a la población.
Finalmente, vale la pena destacar el apoyo que la OIT ha manifestado a favor de Ucrania al señalar que la agresión de la Federación Rusa ha resultado en una devastadora crisis humanitaria, causando millares de vidas perdidas, destrucción masiva de infraestructura y un inmenso sufrimiento. Posición que contrasta con el tirano Nicolás Maduro, quien se ha postrado ante Putin al apoyar incondicionalmente la guerra contra Ucrania.