A poco más de dos meses para la elección presidencial en nuestro país, el próximo 28 de julio, Edmundo González Urrutia (EGU) tiene muy poco tiempo para preparar una agenda de trabajo sólida para diseñar y armonizar los procesos de cambios que los venezolanos reclaman.
El panorama general del país tras 25 años de los gobiernos de Chávez y Maduro es extremadamente complejo y no puede resolverse con soluciones simples. Las respuestas deben ser diseñadas y gestionadas inteligentemente, utilizando el tiempo y los recursos financieros y humanos de manera efectiva y eficiente. Muchas cosas están destruidas o casi destruidas, o funcionan de manera deficiente o irregular. Hay un vasto conjunto de problemas que incluyen violaciones de derechos humanos, intervención excesiva del estado en la economía en sectores claves; distorsiones de precios y de cambio; erosión del sector privado; desgaste o destrucción de la infraestructura de las empresas básicas, petróleo, gas, electricidad, agua potable, telefonía fija e Internet, comunicaciones, aeropuertos, hospitales, escuelas y universidades, calles, avenidas y autopistas, parques, iglesias, entre otros muchos sectores.
Peor aún son las condiciones sociales, económicas y culturales de los ciudadanos, empobrecidos y sin calidad de vida. La mayoría carece de sueldos dignos y derechos laborales reconocidos, y depende de un sistema de subsidios y bonos para-laborales, así como de bolsas CLAP con alimentos insuficientes y de muy baja calidad. Además, el sistema de seguridad social (pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales que se definen en la ley) está en decadencia, con un enorme déficit financiero y sin cumplir su propósito constitucional y legal.
Estas complejas patologías no pueden ser tratadas de forma simple, sino que requieren un enfoque diferenciado y transversal. En medicina, esto equivaldría a utilizar radiografías, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas y otros exámenes especiales para determinar el tratamiento adecuado, rápido y eficaz. Sin embargo, en el ámbito constitucional, esto implica, conforme a la Constitución como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, la plena recuperación del Estado democrático y social de derecho y de justicia. Esto incluye la promoción de valores superiores como el respeto y garantía de los derechos humanos, la justicia, la responsabilidad social, la ética y el pluralismo político. Además, se deberá actuar conforme a los principios constitucionales del estado federal descentralizado, que incluyen la integridad territorial, la cooperación, la solidaridad, la concurrencia y la corresponsabilidad.
La agenda de EGU debe ser construida con la participación de la mayoría de los venezolanos, que se encuentra tanto dentro como fuera del país. Esta agenda deberá comprender dos partes: la de campaña (previa-28J) y la de administración y gobierno (post-28J). La primera, la de campaña, ya está en marcha, con el apoyo de María Corina Machado (MCM), quien ganó las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria celebradas el pasado 22 de octubre, y de otros líderes de partidos políticos de la oposición, como Manuel Rosales. Su salida al ruedo comenzó el pasado sábado 18 de mayo en su ciudad natal, La Victoria, en el estado Aragua. Durante esta primera fase, deberá promover un diálogo inclusivo a nivel nacional con todos los sectores políticos, sociales y culturales, con el objetivo de alcanzar consensos sobre las reformas necesarias.
Para ello, EGU requiere, apremiadamente, visitar a la mayoría de los rincones del país, conectarse con los venezolanos de cada región y escuchar sus necesidades. Sostener reuniones con líderes sociales, rectores de universidades, educadores, estudiantes, médicos y personal de salud, amas de casa, trabajadores, obreros y líderes sindicales, empresarios, emprendedores, jubilados, ONGs, familiares de presos políticos y de víctimas de violación de derechos humanos, militares retirados, miembros de gremios profesionales y academias nacionales, entre otros sectores de la sociedad civil, e incluir reuniones con diputados, gobernadores, alcaldes, concejales estadales y municipales.
La segunda parte de la agenda, la de administración y gobierno, arrancará después del 28J. Después de obtenida la victoria. A partir de este punto, el sistema constitucional vigente, esencialmente el artículo 236, ordena el marco de actuación administrativa y de gobierno, es decir, la acción de jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición se dirige la acción del Gobierno, y que implicará el desarrollo de planes nacionales centrados y enfocados a resolver y recuperar el país, diseñados con base en los diálogos inclusivos promovidos en la primera parte de la agenda con todos los sectores del país.
Esta segunda parte comprenderá la reconciliación nacional y estabilidad política de país, que incluya, entre otras cosas, implementar reformas para garantizar futuras elecciones libres, justas y transparentes, restaurando la confianza en el sistema electoral; fortalecer el estado de derecho y garantizar la independencia del poder judicial, para asegurar que la justicia sea imparcial y efectiva. Liberación de los presos políticos y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En el marco económico, aplicar políticas para controlar la hiperinflación, estabilizar la moneda y reducir el déficit fiscal; lo que podría incluir la reestructuración de la deuda y la obtención de apoyo financiero internacional; promover la diversificación de la economía para reducir la dependencia del petróleo, es decir, fomentar otros sectores como la agricultura, la manufactura, el turismo y la tecnología; y, esencialmente, implementar reformas estructurales destinadas a liberalizar la economía y fomentar un ambiente más propicio para la inversión y el crecimiento económico.
Para el nuevo desarrollo social, siendo este un sector muy deformado en los últimos 25 años, implementar programas sociales eficientes que aborden la crisis humanitaria compleja, que incluyan mejoras de los servicios de seguridad, alimentación, medicinas, educación, salud y servicios básicos (electricidad, gas, agua potable); reducción de la pobreza a través de políticas para reducir la pobreza extrema y la desigualdad, proporcionando apoyo directo a las familias más vulnerables; así como fomentar la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones y en la implementación de programas de desarrollo local.
También serán importantes y urgentes reformas institucionales, que incluyan mecanismos de transparencia y anticorrupción que aseguren los fondos públicos; modernización administrativa para hacer más eficiente la administración pública y reducir la burocracia y mejorar los servicios a los ciudadanos; y promover la descentralización del poder, fortaleciendo a los gobiernos regionales y municipales para que puedan responder mejor a las necesidades de sus comunidades.
En lo cultural y ambiental, la promoción de la cultura en general, fomentando la cultura y el arte como medios para la reconciliación y la construcción de una identidad nacional inclusiva; y una urgente reforma educativa para mejorar la calidad de la educación a todos los niveles, asegurando que sea accesible para todos los venezolanos y que prepare a los jóvenes adecuadamente para los desafíos del futuro. En lo ambiental, contribuir significativamente a las acciones ambientales contra el cambio climático implementando medidas y políticas que ayuden a mitigar el calentamiento global: transición a energías renovables; mejora en la eficiencia energética; protección y restauración de ecosistemas; gestión sostenible de recursos naturales, etc.
Cuando Nelson Mandela, llamado «Madiba«, ganó las elecciones presidenciales de 1994, presidió el gobierno de la República de Sudáfrica de 1994 a 1999, siendo el primer mandatario de raza negra que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país, su gobierno se dedicó a desmontar toda la estructura social y política heredada del apartheid a través de políticas de combate contra el racismo institucionalizado, la pobreza, la desigualdad social y la promoción de la reconciliación social. Logró la reconciliación nacional, apoyó la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que tenía como objetivo investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el apartheid y trabajó para unir a una nación dividida por este terrible flagelo. Sus programas económicos incluyeron políticas destinadas a reducir la pobreza y la desigualdad e implementó el acceso mejorado a la educación, la atención médica y la vivienda; también llevó a cabo iniciativas de reconstrucción y desarrollo centradas en mejorar la infraestructura y proporcionar servicios básicos a las comunidades desfavorecidas; en el marco de reformas políticas y sociales, supervisó la redacción de una nueva constitución que garantizaba derechos iguales para todos los ciudadanos, independientemente de su raza; y llevó a cabo reformas en diversas instituciones para asegurar que fueran representativas y justas, esto incluyó la reforma del sistema judicial y la integración de las fuerzas armadas.
En las relaciones internacionales, Mandela trabajó para reintegrar a Sudáfrica en la comunidad internacional después de años de aislamiento debido al apartheid. Finalmente, en el deporte, utilizó el deporte como una herramienta para la reconciliación, notablemente durante la Copa Mundial de Rugby de 1995. Su apoyo al equipo nacional, los Springboks, que históricamente había sido un símbolo del apartheid, ayudó a unir a la nación.
Por su legado y éxito en la reconstrucción de la República de Suráfrica, estableciendo las bases para un futuro más inclusivo y equitativo, en 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) estableció el natalicio del referente como Día Internacional de Nelson Mandela, que, según la organización, se trata de un «reconocimiento a la contribución del ex presidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad».
Después del 28J, Edmundo González Urrutia, tal como lo entendió Nelsón Mandela, tendrá la enorme responsabilidad de reconstruir y recuperar la democracia y el Estado de derecho, por lo que su agenda de administración y gobierno debe comprender todos estos desafíos que requerirán un enfoque multidimensional y un fuerte compromiso con la reforma estructural, la inclusión social, y la cooperación internacional. La capacidad de EGU para abordar estos retos será crucial para la recuperación y el futuro desarrollo de Venezuela. También será tarea de todos los venezolanos.
Por último, ¿cuál será la agenda del presidente-candidato?, ¿mejorar los problemas del país producidos y agravados por su propio gobierno? Solo los regímenes de Cuba, Nicaragua, Bielorrusia, y otros países totalitarios podrían ofrecer respuestas a estas preguntas capciosas.
El autor es abogado (UCAB), especialista en Derecho Administrativo y Procesal. Promotor de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
@darringibbs