Una sociedad fragmentada y desarticulada es una sociedad dividida, débil. Una sociedad que no puede generar contrapresos. Hoy te quiero contar una historia de lo que la ciudadanía puede lograr si se organiza.

La advertencia

El pasado 14 de octubre fue estrenado el podcast La advertencia (disponible en Spotify y en Apple Podcasts). Una historia sobre impunidad, corrupción y justicia en Guatemala. Diego Luna, el reconocido actor mexicano, narra y produce la obra compuesta de siete episodios. Intentaré no contarles lo que hasta ahora ha sido publicado y así invitarlos a escuchar esta interesante historia real.

El relato comienza alrededor de los años cincuenta del siglo pasado, cuando las empresas bananeras estadounidenses influyeron para limitar el interés nacional de Guatemala. En aquel tiempo, el presidente Jacobo Árbenz Guzmán intentó una reforma agraria que beneficiaría al pueblo guatemalteco. El resultado fue un golpe de Estado dirigido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Esta acción produjo una profunda crisis nacional que continúa hasta hoy.

Quienes comienzan a realizar conjeturas sobre lo anterior, me permito precisar lo siguiente: Árbenz fue un militar y un político progresista. Sin embargo, las intenciones entre el guatemalteco y Chávez fueron totalmente opuestas. Por otra parte, la política exterior de Estados Unidos ha cambiado en los últimos años. Chávez y su élite sumieron al país en una profunda crisis, sin necesidad de un golpe de Estado dirigido por la CIA. La situación de Venezuela es el resultado de la avaricia y de la ambición de un selecto grupo, acompañada de nuestra perseverante división social.

Volviendo a nuestro tema, La advertencia es el relato de cómo la presión de la ciudadanía guatemalteca logró perseguir y condenar a una élite corrupta que durante décadas disfrutó la impunidad de sus crímenes cometidos. Esto no fue solo un movimiento de masas. Esa presión social se concretó con el decidido apoyo del Ministerio Público de ese país y el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Esta comisión creada entre el gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas tuvo como mandato principal, investigar y perseguir las estructuras criminales que vinculadas o no al Estado y a sus agentes creaban impunidad.

Hoy día, la Cicig no existe, su mandato venció en septiembre de 2019. El gobierno de la época era investigado por corrupción y jamás hubiese solicitado a la ONU una renovación más al mandato de la comisión. Por el contrario, las estructuras criminales siguen vigentes en Guatemala. Solo queda un reducido y valiente equipo del Ministerio Público, el cual fue creado en su momento para trabajar directamente con la Cicig, la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público lograron resultados importantes. En 12 años de actividad, políticos, empresarios y militares que nunca nadie antes hubiese imaginado fueron acusados de corrupción ante los tribunales nacionales y muchos encarcelados con sentencia definitiva o en su espera. Fueron presentadas propuestas de políticas públicas y reformas judiciales para fortalecer la administración de justicia. Fueron transferidas buenas prácticas de investigación criminal y litigio a las instituciones nacionales para asegurar la persecución de las estructuras criminales que generaban (y generan) impunidad.

Más allá de los resultados concretos del trabajo conjunto entre la Cicig y el Ministerio Público de Guatemala sucedió algo interesante que puede servir de advertencia: la impunidad tiene un límite. Solo basta colocar algunos elementos en un orden preciso y la justicia, como una fuerza moral revitalizante logra su objetivo. Una vez que esto sucede es imposible borrarlo de la memoria colectiva. Quienes ansían justicia nunca olvidan la satisfacción de conocer la justicia. Por su parte, los criminales siempre recuerdan que la ley está tras ellos y no importa lo que hagan para evadirla, tarde o temprano, la justicia llega.

Otra experiencia importante del trabajo de la Cicig y del Ministerio Público fue demostrar que la ciudadanía sí puede. Tal como dice el analista Moisés Naím, el poder no es igual que antes. La sociedad tiene un espacio privilegiado en la toma de decisiones. Pese a ello, el caso de Venezuela es misterioso, pero no inexplicable. La sociedad venezolana ha luchado durante años y sus esfuerzos no han logrado la salida de la dictadura. Tal vez porque a pesar de la lucha de muchos, otros se empeñan en seguir fragmentados de la mayoría y así crear división. Sin embargo, aún hay espíritu crítico y de lucha en la ciudadanía. Mientras eso exista hay esperanza de cambio.

Finalmente, la activa participación de la comunidad democrática internacional es decisiva. No para apoyar golpes de Estado o salidas violentas, sino para presionar, para construir y para fortalecer la democracia. En Guatemala y en otros países en situación de posconflicto sucedió, en Venezuela también puede repetirse y de forma exitosa. Los gobiernos de la región, especialmente, han comprendido que las realidades de nuestros países están interconectadas y la solución se encuentra en la cooperación internacional.

¡La advertencia va para el régimen, pero sobre todo para la ciudadanía porque sí se puede lograr!


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