Apelando a un lenguaje político de fácil comprensión para quienes mandan en la economía nacional desde el punto de vista gubernamental, desde su perspectiva de una guerra económica, pudiéramos dividirla en 5 fases o batallas principales, que prefiero calificar conceptualmente de guerras económicas completas, a objeto de lograr que lectores oficialistas lean este artículo y entiendan de una vez que las causas de la derrota de las anteriores fases, batallas o guerras son las mismas que prevalecerán en este nuevo conflicto económico que amenaza con generar gravísimas perturbaciones sociales y económicas.
Veamos a continuación en grandes líneas lo planteado:
Primera guerra económica: a esta la denomino Guerra de la Soberanía Petrolera, que comienza el 26 de febrero de 2007 con el “decreto 5200” que obliga a las empresas de exploración a riesgo y ganancias compartidas a convertirse en empresas mixtas bajo el control del gobierno nacional con el 60% mínimo de capital accionario. Este proceso comprendió la nacionalización de 33 convenios operativos, 11 proyectos de asociaciones y todas las operaciones acuáticas, taladros y actividades de compresión de gas y de agua desarrolladas en la FPO, provocando la expulsión de las empresas estadounidenses Exxon y Conoco.
Hoy, a 2 semanas de cumplirse el 13º aniversario del decreto, la situación de Pdvsa es tan lamentable que todos los periódicos especializados en economía hablan de la inminente privatización de la empresa a manos rusas, italianas y españolas, siendo el epitafio de semejante desgracia para una compañía que estaba entre las 10 más importantes del mundo. Además de las declaraciones de su ex presidente Rafael Ramírez sobre la “pérdida” de centenares de miles de millones de dólares. No es de extrañarse a la luz de esto que el Primero de Mayo, fecha escogida por Hugo Chávez en 2007 para renacionalizar en sus términos la industria petrolera, estén ya privatizados amplios segmentos de la misma.
Entender cómo Pdvsa pasó a semejante estado solo es posible si se admite la corrupción generalizada y el desorden administrativo que hace posible todo tipo de situaciones irregulares sin que se señalen, sino años después de ser acometidas, cuando los implicados, sus familiares y amigos están bien lejos de la geografía nacional.
Segunda guerra económica: es denominada por mí como Guerra Eléctrica el otro conflicto que comenzó en 2009 y que ha continuado de manera intermitente azotando a muchos estados periféricos de la geografía nacional, incluso hasta este año 2020. Ha sido otra batalla por el desarrollo económico que igualmente está siendo perdida por el gobierno nacional, que se sostiene aún por la reducción de la demanda, debido a la huida de millones de venezolanos al exterior y el cierre de miles de empresas consumidoras de variables cantidades de energía eléctrica.
Memorable en este conflicto es el reporte de Jesús Urbina para Transparencia Internacional, en el que señala que de 37.691 millones de dólares invertidos en el sistema eléctrico nacional se robaron 23.033 millones de dólares en sobreprecios, generando una serie de hechos picarescos que no vienen al caso relatar en este artículo, como serían las obras contratadas de la multinacional brasileña del sector construcción e ingeniería Odebrecht, que tenía una política agresiva de sobornos que produjo presos en todos los países latinoamericanos donde contrató menos en Venezuela.
Recordemos que la empresa brasileña Odebrecht obtuvo el proyecto de la Central Hidroeléctrica Tocoma en 2007, que se encuentra en construcción (87,2%) y sin concluir, siendo el último proyecto de desarrollo hidroeléctrico en la cuenca del bajo Caroní, la cual iba a generar 2.160 megavatios para el Sistema Eléctrico Nacional. La fecha de inicio de construcción del proyecto data de marzo de 2007 y debía ser culminado en 2012. El asesor externo de la brasileña Odebrecht y representante del Consorcio OIV no pudo explicar satisfactoriamente a los diputados a la Asamblea Nacional por qué el proyecto tenía cuatro años de retraso cuando se le interpeló en 2016, por lo que fue declarada responsabilidad política a siete ex ministros de Energía Eléctrica: Rafael Ramírez Carreño, Alí Rodríguez Araque, Jesse Chacón, Argenis Chávez, Nervis Villalobos y Javier Alvarado.
Tercera guerra económica: es denominada por mí Guerra de Precios Justos. Fue sin duda uno de los peores momentos de la historia reciente de Venezuela, dando origen al fenómeno social de los “bachaqueros”, como relató un microtraficante de drogas a la cadena BBC News, cambiando marihuana por Harina Pan (19-08-2015), siendo este el momento que originó sin duda la sensación de desesperación de los millones de venezolanos que emigraron al exterior en una especie de fuga ante una inminente hambruna que se veía venir por un aumento dramático del desabastecimiento de productos alimenticios, así como por el precio de estos. Solo después de muchos sufrimientos sociales y reiteradas consejas de los sectores empresariales se permitió una liberación de precios e importaciones que acabó con dicha situación.
De esta época es recordada una institución aparentemente inútil el día de hoy, denominada Sundde y un instrumento legal conocido como la Ley de Precios Justos, que detuvo a muchos empresarios y cerró gran cantidad de comercios, pero que fue absolutamente inadecuada para poner orden en la economía nacional en materia de organizar adecuadamente una contabilidad de costos que pudiera referenciar los bienes y servicios a nivel nacional.
Tan cierto es todo esto que la virtual dolarización de la economía nacional transcurre bajo la existencia legal de estas institución legal anteriormente señalada.
Cuarta guerra económica: la que denomino Guerra Monetaria está ligada sin duda a la batalla del gobierno nacional y especialmente del Banco Central de Venezuela contra la empresa privada DólarToday sobre el verdadero precio de la divisa estadounidense en la economía nacional. Me atrevo a decir que esta termina con la victoria de dicha empresa sobre el gobierno de Nicolás Maduro cuando el mismo presidente determina liberar los precios de la divisa. En la actualidad la tasa del Banco Central de Venezuela ha llegado a superar algunas veces la de los portales digitales, siendo destacable que el mismo Maduro termina admitiendo en el último programa de José Vicente Rangel que la “dolarización” ha sido una bendición para Venezuela en materia económica.
De este período quedará para la historia económica mundial el papel de las autoridades del Banco Central de Venezuela en su obligación constitucional de defender la divisa monetaria nacional y especialmente el ocultamiento durante años de las cifras estadísticas de la economía por razones de seguridad nacional debido a la denominada “guerra económica” en general que persigue al gobierno en su argumentación política.
De este frente monetario destaca la batalla de la hiperinflación, que comenzó en noviembre de 2017, cuando se registró una inflación mensual de 56,7% e interanual de 1.370%. En ese período se anunció la creación del billete de 100 000 bolívares. Es considerada la peor hiperinflación en la historia americana. Durante el primer sexenio de gobierno de Nicolás Maduro, la inflación acumulada entre los años 2013 y 2019 en el país fue de 5.395.536.286%. Para el economista Steve Hanke, en diciembre 2019 la hiperinflación continuaba a pesar de que la tasa de inflación acumulada había bajado a 7.072%.
Quinta guerra económica: la denomino la Guerra del Dólar y está relacionada con esta etapa final de destrucción de las capacidades gubernamentales para dirigir la economía nacional en forma planificada, como han intentado todos los gobiernos desde la aparición de la Venezuela petrolera en el siglo XX, dando al Estado un poder determinante en la conducción de la economía nacional.
En este sentido, el espíritu del decreto 3719 que norma los tributos en dólares, admite la muerte inminente de nuestro signo monetario, el bolívar, al centrarse en la realidad indiscutible de que las transacciones económicas en Venezuela se han desplazado a monedas como el euro y el dólar y no precisamente a criptodivisas, especialmente a esa herramienta tan polémica conocida como el “petro”. En esta situación, un impuesto a la ventas de entre 5% y 25% sumado al IVA de 16% convierte a Venezuela en un país sumamente costoso en términos tributarios y podría producir un aumento exponencial de los precios y la aparición de un mercado “negro” y la resurrección de los “bachaqueros” ante la resistencia de muchos comerciantes que facturan en bolívares y cobran en dólares sus bienes y servicios.
Es evidente que demostrar esto no es difícil en una economía digital en la que cuentas bancarias, puntos de venta y máquinas registradoras están insertadas en un ecosistema de datos financieros donde un pequeñísimo porcentaje se maneja en efectivo, por lo cual es de esperarse que enormes cantidades de los inventarios existentes en “bodegones” y otros comercios pasen al mercado informal de apretarse el pago de estos impuestos, bajo el “látigo” de los funcionarios del Seniat.
No es exagerado pensar que toda la economía nacional puede colapsar de trancarse la circulación de dólares y bienes indispensables y que se desate una nueva espiral de precios ascendentes, por lo cual el gobierno de Nicolás Maduro podría estar a las puertas del “suicidio económico nacional” si se le va la mano en este plan, tal como le estaba pasando con la Ley de Precios Justos, que optó por desaplicar de hecho, mas no de derecho.
Tantas derrotas económicas en tantos campos, sin que hayan logrado conseguir organizar un plan de desarrollo económico operativo a nivel nacional o sectorial y al menos sacar un grupo de empresas públicas productivas de los “números rojos”, es una demostración de la peligrosa conducción económica que amenaza con destruir la esencia de nuestro Estado nacional. Lo observable es que no quieren aprender de los errores cometidos… si no combaten la corrupción administrativa y el desorden estarán destinados al fracaso total.