TSJ del régimen

El proceso de Franz Kafka es una obra que recoge literariamente lo que ocurre en los tribunales, al tiempo que narra la historia de Joseph K. Lo que sucede en la novela es paradójico y hasta inverosímil, porque en su proceso se invierte la carga de la prueba y también la presunción de inocencia. K se enfrenta a una burocracia pesada, corrompida, y el proceso se convierte en el primer obstáculo para la realización de la justicia.

La ficción kafkiana hay que recordarla en momentos en que el Tribunal Supremo de Justicia, en un intento de reactivar la actividad judicial, reglamenta una solución digital para permitir a los usuarios del sistema de justicia realizar sus actividades por medios digitales. Así tenemos la sentencia de la Sala de Casación Civil N° 111 del 11 de mayo pasado, que exigió la presentación en forma presencial de un escrito que ya se había presentado en forma electrónica. Si se pretende presentar un recurso o un escrito judicial, hay que enviar un correo, pedir una cita, esperar respuesta para luego presentar el mismo escrito de manera personal. Todo un recorrido burocrático e innecesario.

El asunto es aún más grave porque el abogado que se traslada a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para presentar sus escritos, a la hora que le ha sido fijada, es sometido a una larga espera que supera las tres horas. Aquí hay una violación de los derechos humanos, al dificultar con trabas burocráticas la presentación de los escritos y exponer a los abogados a riesgos innecesarios en tiempos de pandemia. Los colegios de abogados deberían exigir respeto para sus afiliados.

Los sistemas judiciales de Europa y América han diseñado soluciones para facilitar los procedimientos entre los usuarios. Audiencias virtuales, notificaciones y presentación de escritos por vía electrónica han sido implementados para vencer los obstáculos de la pandemia. Y estos sistemas judiciales han podido continuar sus actividades sin cortapisas. Aquí lo que hacemos es poner más trabas a los abogados.

Los procesos judiciales no pueden escapar al impulso de la tecnología. Quien no se adapta, está destinado al fracaso. Pero para ello se necesita de una infraestructura tecnológica y de un servicio eléctrico confiable. Las fallas de los servicios dificultan aún más a la administración de justicia ¿Cómo llevar a cabo una audiencia telemática bajo el riesgo de una caída de electricidad?

Todo esto ha sido planteado por un comunicado de fecho 12 mayo, suscrito por un grupo de más de 20 abogados que presentan una ristra de observaciones a estas fallas que está dificultando el ejercicio de la abogacía. Es una manera de violar el derecho constitucional a una justicia sin formalismos que garantice el principio de igualdad ante la ley

El referido comunicado destaca que se creó una duplicidad en las actuaciones judiciales: se requiere la presentación digital de la actuación judicial y, al mismo tiempo, se exige su presentación en físico a la sede del tribunal. Y es esta última la única que tiene valor. Y esto ha sido ratificado por la sentencia N°111 que se mencionó antes.

Es obvio que el necesario distanciamiento social que se recomienda por pandemia, se rompe al obligar a los abogados a trasladarse a la sede del tribunal es exponerle a un riesgo innecesario. Esto se agrava en el caso de los abogados que viven en el interior del país. La visión autoritaria y burocráticas del socialismo se impone sobre el sentido de justicia.

No hay duda de que el futuro de las actividades de los procesos judiciales tiene en el desarrollo de las tecnologías digitales un aliado necesario para garantizar el ejercicio, la protección y el desarrollo de nuestros derechos y libertades. Pero nada de ello se logrará en un ambiente autoritario, en el cual los jueces están más atados a las visiones burocráticas que a impartir justicia a todos por igual.

Para que sea posible que la tecnología pueda ofrecernos sus virtudes debe hacerse en un ambiente democrático, con separación de poderes en el que prevalezca la figura del juez independiente. De lo que se trata es impedir que una visión totalitaria del ejercicio público utilice la tecnología para hacer a los ciudadanos cada vez más dependientes del Estado y cercenar las libertades.

El proceso digital sin democracias y sin libertades es un ejercicio retórico sin ninguna incidencia en la administración de la justicia. Por eso es necesario oír la voz de los abogados.

El peor enemigo del ciudadano que invoca justicia es el mamotreto burocrático que se ha diseñado desde que comenzó la pandemia. Son tan siniestros que nos hacen recordar a Franz Kafka.


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