La primera quincena del mes de julio de 2021 estuvo signada por la persecución y el encarcelamiento de activistas en Venezuela. Cuatro defensores de derechos humanos desaparecidos y detenidos arbitrariamente, un líder comunitario detenido, un diputado desaparecido y detenido arbitrariamente, una periodista perseguida, la madre de un defensor de derechos humanos detenida y una ONG de derechos humanos arbitrariamente allanada. El argumento del gobierno para justificar la arremetida ha sido acusarlos de terrorismo y de traición a la patria.
Entre los detenidos se encuentran tres miembros de la ONG Fundaredes junto a un miembro de la organización Mayday Confavifd, Jhonny Romero, este último liberado horas más tarde. En otro procedimiento, encarcelaron al líder comunitario Jairo Pérez, activista social de la parroquia La Vega. Como en una pesadilla kafkiana, se les imputaron delitos absurdos, sin derecho a ser defendidos por sus abogados de confianza, víctimas de un sistema judicial implacable en el cumplimiento de órdenes políticas.
En el caso de Fundaredes, su director Javier Tarazona y otros dos miembros, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, fueron detenidos arbitrariamente el día 2 de julio en la sede del Ministerio Público en Coro, estado Falcón. Habían acudido para formular una denuncia de acoso ejercido por funcionarios policiales mientras realizaban actividades de formación ciudadana. En lugar de ser amparados, encontraron la cárcel. El hostigamiento en su contra se había agudizado tras solicitar que se investigara la presunta relación de altos mandos del ejército con guerrilleros de las FARC y el ELN.
Luego de ser víctimas de desaparición forzada durante más de 30 horas, a los defensores les fue impuesta una medida privativa de libertad por un tribunal con competencia en terrorismo. Fueron confinados en los calabozos del Sebin en El Helicoide, Caracas, pese a que se había designado como centro de reclusión el antiguo retén de La Planta, rebautizado como Hombre Nuevo. Se les negó el derecho a recibir la visita de sus familiares y abogados de confianza.
Días después, el 14 de julio, el dirigente comunitario y miembro de la iglesia parroquial de La Vega, Jairo Pérez, fue detenido por funcionarios del Sebin y la PNB mientras proyectaba una película para niños de la comunidad. No era la primera vez. Cuatro meses antes, el 24 de marzo, Jairo había sido detenido por funcionarios de la División de Investigaciones Penales de la PNB y trasladado a la sede de la Policía de Caracas, en la Cota 905. La persecución contra Jairo ha sido consecuencia de su participación en protestas para exigir el suministro de agua, así como servicios de gas y energía eléctrica en su parroquia.
Tanto la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, han evidenciado la alineación del Poder Judicial con el gobierno de Maduro. También se han referido a la política de Estado de detenciones arbitrarias y encarcelamientos en las inhumanas cárceles del país. Ciudadanos a quienes se les niega la posibilidad de ser representados por sus abogados de confianza con la intención de forzarlos a declararse culpables.
Franz Kafka, en su novela El proceso, narra la historia de Joseph K., detenido una mañana y procesado sin ningún motivo aparente, víctima de un enrevesado y eterno proceso que solo conduce a la derrota judicial y moral del acusado. Parábola del ensañamiento, la corrupción y la injusticia de una burocracia absurda y perversa. Desde Miraflores han sofisticado el método kafkiano. Su intención: silenciar a quienes reclaman de la dictadura justicia y una vida digna.
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