El anunciado viaje de Nicolás Maduro a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en Buenos Aires, planteó de nuevo la aplicación del principio de jurisdicción universal, gracias al cual un tribunal nacional puede conocer de un crimen cometido en el territorio de otro Estado y, también, de los delitos relacionados con personas, víctimas o autores, de una nacionalidad distinta a la de esa nación, es decir, aunque no haya un vínculo jurisdiccional formal.
Esta posibilidad deriva de la convicción de que existen crímenes que afectan los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. La motivación para enfrentarlos va entonces más allá de los conceptos clásicos de la territorialidad como vínculo para poder iniciar una investigación y llevar a cabo un proceso.
Si bien el principio es reconocido por el Derecho Internacional, su aplicación se funda en la legislación nacional que lo autoriza, lo que han aceptado algunos países, entre ellos Argentina.
El tema ha cobrado interés ante la denuncia que habrían formulado ante un tribunal argentino en contra de Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Aunque los delitos no se hayan cometido en ese territorio, ni las víctimas ni los autores sean nacionales, un tribunal local podría ser competente para conocer del caso, amparado en la jurisdicción internacional. Sin embargo, el juez tendría que considerar, para resolver la admisibilidad, la contradicción que podría haber entre la aplicación del principio y la inmunidad personal y de jurisdicción que protege a los jefes de Estado en ejercicio.
Es un tema delicado que puede crear problemas diplomáticos entre los dos países. La aplicación de la justicia no responde, lamentablemente, a una visión estricta y exclusivamente jurídica. Los elementos políticos están presentes. Los tribunales argentinos gozan de independencia e imparcialidad, lo que es propio de todo sistema judicial, pero las presiones desde el poder no cesarán. De hecho, ante las manifestaciones que hubo en Buenos Aires el fin de semana en contra de la visita del gobernante chavista, el presidente Alberto Fernández dejó clara su posición en una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo: «Está más que invitado».
La pregunta que nos hacíamos es si realmente el juez actuaría de forma independiente e imparcial, sin presiones ni influencias del Ejecutivo, e iniciaría una investigación con la correspondiente citación a Maduro durante su visita a Buenos Aires; o, por el contrario, preferiría dejar pasar el tema.
Aunque no haya certeza jurídica en cuanto al procedimiento, la iniciativa tuvo sus efectos y ayer en la tarde se confirmó que Maduro no asistiría a la reunión de la Celac.
Una cosa queda clara y es que los intentos por hacer ver que su reconocimiento vuelve a ser mundial no van a ser tan sencillos como parecieron en la COP27. En esta oportunidad no se arriesgó.