El tribunal de arbitraje internacional Ciadi es el epicentro de los ataques contra el patriomonio de Venezuela, allí se acumulan todas las demandas por los actos arbitrarios ejecutados de la dictadura, principalmente por aquellas expropiaciones que tan irresponsablemente decretaba Chávez. De 32 que había, actualmente quedan 13 en curso.  Son procesos que se vienen tramitando bajo total oscuridad, allí se manejan miles y miles de millones de dólares en reclamaciones, gastos, honorarios de abogados y demás. Nunca se produce información pública y tampoco sobre eso se practican los controles institucionales. Ese es un agujero negro y sin fin por donde se desangra la patria.

Me dispuse a develar el misterio

A comienzos del año 2018 me trasladé a la 18th Street de Washington D.C., sede de ese tribunal. Invocando mi condición de abogado y ciudadano venezolano pedí ver los expedientes donde cursan las demandas contra mi país, y después de una hora de espera me lo negaron, me dijeron que allá solo tenían acceso las personas autorizadas por el gobierno nacional (refiriéndose a Maduro) o por su procurador. Participé de esto a la Asamblea Nacional y pedí pública y privadamente al doctor Omar Barboza, quien la presidía, que enviaran un oficio desconociendo la legalidad de la actuación de ese falso procurador y advirtiendo que él no tenía cualidad para actuar en nombre de Venezuela. Pero aquella solicitud no fue atendida. Nunca se ha sabido que nuestra Asamblea Nacional advirtiera de tan grave anomalía ente ese tribunal, donde hemos tenido y tenemos en juego intereses tan vitales para el país y esa es una falta imperdonable.

Falta pelear, pasar a la ofensiva

He escrito al doctor José Ignacio Hernandez pidiéndole que emprenda una acción de nulidad de las sentencias dictadas por el Ciadi contra Venezuela en procesos donde nuestro derecho a la defensa no se pudo ejercer por haberlo asumido una persona que finge ser representante judicial de la demandada, y esto ante la actitud permisiva de quienes allí actuaron como árbitros comprometiendo la importante misión asignada a ese organismo del Banco Mundial para la resolución amigable de conflictos. Estoy convencido de la necesidad y conveniencia de impugnar todos esos laudos o sentencias que ha dictado el Ciadi contra Venezuela, tal actividad la permiten los artículos 51 y 52 del Convenio Ciadi, Reglamento y Reglas. Además, también tenemos la posibilidad de impugnación ante los tribunales donde se nos demanda la ejecución de dichos fallos dada la clara situación de ilegitimidad de quien haciéndose pasar por procurador ha asumido la representación de Venezuela colocando al país en un estado de indefensión absoluta.

Le he insistido en que además del éxito, esa acción provocará la reflexión de aquellos jueces donde se esté pidiendo embargos contra los bienes nacionales. Pero no he podido contra ese muro de la falta de decisión del doctor Hernández, a quien desde aquí le reitero que debe sacar garra litigante.

El caso US Pdvsa Litigation Trust

Por ante la Corte de Distrito Sur de Florida se tramitó una demanda de esa firma contra 42 personas persiguiendo el dinero que durante diez años se robó un grupo de empleados de Pdvsa y comerciantes externos. Ese trust demandante fue creado fraudulentamente en un documento que registraron en Nueva York, en el que intervinieron el entonces presidente de la empresa petrolera venezolana, el falso procurador Reinaldo Muñoz y un grupo de abogados a quienes se autorizó para quedarse con 60% de lo que se recuperara, cantidad que el demandante estimó en la suma de 10.000 millones de dólares.

En aquella oportunidad un grupo de venezolanos actuando por nuestra propia cuenta, costo y riesgo investigamos a fondo toda aquella maniobra, consultamos abogados en Washington, hasta que concluimos aquellos esfuerzos presentando un escrito a la Corte en el que explicamos nuestra intervención bajo la figura de “amicus curiae”, fórmula que permite a terceros ajenos al proceso intervenir en defensa de la justicia. Así denunciamos la trama fraudulenta y pedimos su desestimación, que finalmente se dictó. Allí no debe dejarse eso, hay que demadar la nulidad de dicho contrato -que está vivo- por el que crearon ese trust cediendo a terceros bienes de Pdvsa, hay que acusar penalmente a quienes formaron esa trama fraudulenta, se debe ir a la ofensiva, algo que ojalá atendiera el doctor José Ignacio Hernández. Necesitamos mostrar los dientes y parar esa feroz arremetida que en tribunales extranjeros se adelanta contra la patria.

El juicio por el Esequibo

En situación similar se tramita silenciosamente otro crimen contra Venezuela por ante la Corte Internacional de Justicia para despojarnos definitivamente de nuestro territorio Esequibo. Allí también está actuando prácticamente sin contrapeso la ilegítima representación de la dictadura madurista.

La región del Esequibo, rica en oro, bauxita, diamantes, madera y petróleo en una extensión de 159.500 kilómetros cuadrados que de hecho Guyana viene ocupando y explotando sin pausa, podría serle definitivamente legitimada por sentencia de dicha corte en el proceso que allí cursa desde marzo de 2018 y donde la defensa venezolana se ha limitado a cuestionar la competencia del tribunal y al margen permite la ocupación y explotación  de ese espacio físico y sus riquezas para provecho de los invasores.

El tema de la Corte Penal Internacional

El presidente Guaidó debiera haber destituido a Haifa el Aissami del cargo de embajadora ante la Corte Penal Internacional, cargo que le dio Maduro para que ejerciera influencias ante la fiscal Fatou Bensouda con la finalidad de mantener engavetadas las muchas denuncias que se le han consignado por los crímenes que se ejecutan en Venezuela. En aquella instancia internacional hay que ejercer presión, no está bien que en la ONU y en la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma –que es de la que depende dicha CPI– no tengamos una actividad diplomática, política, jurídica. Le insisto presidente, destitúyala (a Haifa el Aissami) y en su lugar nombre al diputado (j) Walter Márquez, quien cuenta con un historial diplomático y luchador social acreditado, que él sí que va a instalarse allá a dar la cara por las luchas libertarias.

El caso en Ginebra

Como he informado repetidamente, en Ginebra se tramita otro fraude contra la república, es la repetición por vía penal del fracasado intento que tramitaron por ante la Corte del Distrito Sur de Florida conocido com US Pdvsa Litigation Trust.

En contubernio con el falso procurador del régimen, el abogado Reinaldo Muñoz, ahora se inició un nuevo proceso judicial en el que una de las bandas que robó a Pdvsa por diez años y que luego se dividió en dos grupos se pelea por el botín. Utilizando la justicia de Suiza han logrado la incautación de una gran cantidad de bienes y dineros para quedárselos bajo el fraude de US Pdvsa Litigation Trust. Allá en Ginebra, por ante el procurador general donde se lleva este nuevo caso, presentamos un escrito haciéndonos parte y denunciando la trama fraudulenta contra Venezuela. Además, hemos exigido que se continuara con la investigación, pero que los dineros que allí se obtuvieran quedaran no a la disposición de la dictadura, sino del presidente Juan Guaidó.

Por primera vez alguien acusa penalmente a Rafael Ramírez

En ese caso de Ginebra, además de oponernos a la intención del falso procurador de Maduro, también formulamos acusación penal contra Rafael Ramírez alegando que es imposible que él cuando menos no se hubiera enterado de aquel megafraude que se desarrolló en diez años en los que él presidía a Pdvsa. Hemos pedido repetidas veces al doctor José Ignacio Hernandez que nos apoye, que esa acción la estamos haciendo a nuestro propio esfuerzo y costo, y después de tanto insistir me ha informado que ha enviado una comunicación al fiscal de Ginebra alertando sobre la ilegal representación del procurador de Maduro. En ese caso están metidas las manos de Wilmer Ruperti y del propio Rafael Ramírez, cuyos detalles estoy completando e informaré próximamente. Desde aquí le pido al doctor Hernández que comprenda los escenarios de la misión que le corresponde acometer, que hay que batirse en duelo mortal, con la ley en una mano y con la espada en la otra.

Aclaratoria que repito

No me presto para ataques personales que descalifiquen a priori. Mis observaciones están dirigidas al accionar de aquellas personas que por tener responsabilidades importantes en la tarea de reconquistar la libertad deben estar enmarcadas dentro de parámetros de efectividad, y por supuesto de honestidad, de transparencia. A menos que se demuestren sin lugar a dudas actos repudiables de personas que estén de este lado de la lucha, les apoyaré y colaboraré en todo cuanto esté a mi alcance. Así que en lo expuesto en estos escritos dejan a salvo la honorabilidad de las personas que he mencionado, como son el doctor José Ignacio Hernández, el doctor Omar Barboza y por supuesto el presidente Juan Guaidó, quien cuenta con mi total apoyo.

Eso sí, he recomendado al doctor Hernández ofrecer información pública sobre su actividad, porque lo contrario azuza comentarios dañinos.