El pasado lunes 27 de marzo los sindicatos agrupados en el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha convocaron a una jornada nacional de protesta, ante la cruenta realidad de devengar un salario mínimo, pensiones y jubilaciones de 5 dólares mensuales, y la suspensión indefinida de los convenios colectivos y la seguridad social.
Estas exigencias ante la precarización laboral se han reforzado desde inicios de 2023, teniendo como respuesta de diferentes voceros gubernamentales controversiales opiniones. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, declaró el 25 de marzo: “Yo me imagino a mi comandante en jefe (Nicolás Maduro) pariendo como está para pagar los salarios, pariendo para mantener la Fuerza Armada, pagarle a los maestros y las maestras, recuperar las escuelas, ambulatorios y hospitales”. Así también, semanas atrás, el 16 de marzo, la inefable ministra de Educación, Yelitze Santaella, afirmó: “El gobierno de Nicolás Maduro no tiene recursos para aumentar los salarios de los docentes”.
Estas justificaciones de “pobreza presupuestaria” no resistieron ante el inmenso desfalco anunciado de 3.000 millones de dólares de las cuentas por cobrar de Pdvsa -otros hablaron de casi 23.000 millones de dólares-, lo que reafirma lo conocido por todos y es que estamos en presencia del régimen mas corrupto de la historia de América Latina. En resumen, los tanqueros salían repletos de crudo venezolano y el dinero era desviado a los bolsillos de taimadas figuras del régimen, práctica por cierto reiterada durante la gestión de Hugo Chávez.
En la arenga de la protesta laboral del pasado lunes también resonaba la consigna “si hay para robar, por qué no hay para pagar”, lo que indica la indignación justificada de millones de trabajadores, jubilados y pensionados que pasan la roncha diaria de subsistir con ingresos que varían entre 5 y 30 dólares al mes, ante una boliburguesía que llegó en cotizas a Miraflores para hoy lucir yates, Ferraris, mansiones y apartamentos suntuosos.
El cerco se estrecha y Maduro lo sabe, ¿qué maromas traman para definir un nuevo salario? Ya los trabajadores conocen las sucesivas estafas sufridas con los rimbombantes signos monetarios, de bolívar a bolívar fuerte (2008), de bolívar fuerte a bolívar soberano (2018), de bolívar soberano a bolívar digital (2022). Todos derivaron en burla y mofa a un pueblo que creyó en las postrimerías del siglo XX el mensaje redentor del socialismo del siglo XXI.
Hasta el presente varios lances se han observado y nada se ha resuelto en concreto con las reuniones del Foro Social auspiciadas por la OIT y desarrolladas en territorio nacional desde 2022. En consecuencia, han fijado para el mes de abril la definición de parámetros según los cuales se establecerá el nuevo salario mínimo, un ingreso real que dote de verdadero poder adquisitivo a los trabajadores venezolanos.
¿Será esto posible?, en un país alejado totalmente de instituciones democráticas por un régimen dictatorial, el espacio creado luce oportuno solo para denunciar las atrocidades de la tiranía madurista, que argumenta como chantaje el levantamiento de las sanciones acordadas justificadamente por la comunidad internacional.
Distinto sería si viviéramos en democracia, como se observa durante 2023 en varias regiones del mundo: en Francia, el presidente Macron deberá negociar con los sindicatos la inconsulta reforma de las pensiones; en Alemania, la huelga del transporte público por 30% de aumento; en Inglaterra, la huelga de la salud conllevó a acuerdos salariales; en el caso de Israel, el gobierno de ultraderecha encabezado por Netanyahu tuvo que ceder ante el rechazo a la reforma judicial; y en Estados Unidos, con la huelga de la educación en California que derivó en acuerdo con aumento cercano al 30% solicitado por los sindicatos.
En el caso venezolano es paradójico, ante un régimen que se define “obrero y revolucionario”, cuya reacción ante las protestas es emplear el uso desmedido de la fuerza pública a manos del Sebin y la PNB, además del aparato judicial para acosar y apresar a sindicalistas cuyo único delito es exigir derechos laborales consagrados en la Constitución y en las leyes laborales de la república.
Por tanto, ante la indolencia y el caradurismo del autoritarismo del régimen, el paso decisivo es el fortalecimiento de la protesta popular, extendiéndola a las regiones y a los diferentes sectores de la economía como garantía de fuerza ante un régimen violador de los derechos laborales, que al mismo tiempo ha evidenciado la podredumbre de la corrupción dominante, insertada a todos los niveles del Estado.
Como se dice en el campo del derecho: “A confesión de partes, relevo de pruebas». Este es el término adecuado para describir justamente una situación como esta, este término es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo.