La administración de Joe Biden dio a conocer la reciente normativa adoptada por la Secretaría de la Seguridad del Territorio, a cargo de Alejandro N. Mayorkas, en virtud de la “creciente inestabilidad en Venezuela y falta de confianza que no permite regresar a sus habitantes con garantías de convivencia “, según reza el comunicado publicado el 20 de septiembre. Esta iniciativa beneficia a 472.000 connacionales del otrora rico país petrolero hoy sumido en la pobreza.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, anunció la extensión y re designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela por 18 meses. Esta entrará en efecto en la fecha que se anunciará en una próxima notificación del Registro Federal. Los cambios son solo para ciudadanos provenientes del país suramericano que optaron por el tratado inicial del 8 de marzo de 2021.
La Secretaría de Seguridad Nacional expresa que quienes se encontraban en territorio del país del norte antes del 31 de julio de 2023 que no estén registrados podrán inscribirse en la actualidad a partir de la fecha expresada del Registro Federal.
Tal reciente iniciativa administrativa se toma luego de que dirigentes del Partido Demócrata y 26 senadores del Congreso de la Unión solicitaran modificaciones al actual tratado de permanencia para los venezolanos y nicaragüenses que permita a los transgresores de los límites fronterizos ya introducidos en la unión americana obtener un estatuto de permanencia temporal que los dote de identificación local, permiso de trabajo por la autoridad correspondiente y condición de no deportación por cruzar ilegalmente la línea divisoria de Estados Unidos con México.
En cuanto a la etnia centroamericana indicada esta no fue incluida en el documento para una prolongación temporal por parte de la Casa Blanca.
Dramáticas declaraciones expuestas públicamente por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams: “Van a destruir la ciudad de Nueva York”, en directa referencia a la conducta desordenada violatoria del estamento municipal de convivencia ciudadana de la urbe por parte de los refugiados que ya suman miles; junto al llamado a la autoridad federal de apoyar iniciativas en beneficio de los inesperados visitantes y la paz ciudadana, sin duda hicieron recapacitar a los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad del Territorio, Mayorkas.
Durante los últimos días motorizados se hicieron presentes en diferentes puntos de la Gran Manzana realizando ruidosas maniobras en horario de salida de labores de los habitantes citadinos, los cuales fueron interpretados por algunos de los presentes como una forma de sembrar terror, exigiendo los vecinos a los oficiales del orden público presentes, intervenir.
Escenas para intimidar al parroquiano se pudieron observar en tácticas de traslado de guarecidos. En Staten Island la llegada para ubicar a estos en una casa, antigua Jhon Villa Academy, provocó la ira de los vecinos, quienes rechazaron a los nuevos trescientos residentes hasta el punto de enfrentarse a los custodios de la unidad del transporte público.
Los vecinos luego de los espectáculos de sometimiento mediante el pánico a los transeúntes por los recién llegados, como también la protección que brindan los agentes a los ilegales que traspasan la frontera sur como al colindante proceden a organizarse en grupos de vigilia inicialmente, para luego amparados en la ley con armas al cinto e iniciativas de ”no los queremos” estar dispuestos a costa de lo que pase defender a su familia. Hay que evitar los enfrentamientos tanto en el vecindario como en el punto fronterizo, ello se logra con autoridad.
Los residentes bolivarianos que hacen vida en la nación de Norteamérica no buscan vivir por largo tiempo en este territorio al cual miles están agradecidos de su hospitalidad.
Ellos por años esperan la asistencia de gobiernos amigos para apoyarlos a sacar el dictador al mando en Venezuela, Nicolás Maduro, y su séquito, delincuentes que han causado en Venezuela reiterados hechos de corrupción administrativa en perjuicio de los servicios públicos, la dieta familiar de los parroquianos, la educación de los menores, la seguridad ciudadana y la cada vez más precaria atención de salud pública establecida en la Constitución.
Como prueba de los anteriormente indicado es la información dada a conocer por la prestigiosa agrupación Foro Penal Venezolano, institución que defiende sin fines de lucro al desposeído y que expresa en el informe del mes de julio: “Se cuentan en más de 15.700 los presos políticos desde que Maduro llegó al poder”.