Washington y Caracas están distanciados desde que el gobierno venezolano arrimó su carreta al camino oscurecido de la confrontación con Occidente, la bronca permanente con la Constitución que juraron respetar y el divorcio con los principios fundamentales de la democracia.
Apartado lo anterior, desde el ascenso al poder de la administración Biden, tanto uno como el otro parecen coincidir en una agenda: avanzar en el diálogo.
Hoy en día, el diálogo tiene lugar en México, con la veeduría de Noruega, y de él dependen las elecciones en 2024 y el posible levantamiento de sanciones al país.
Estados Unidos está sirviendo como vigilante de ese proceso, aunque no esté formalmente sentado como los noruegos.
El único que parece no haberse enterado de esto es el propio gobierno de Maduro.
El gobierno ha enredado sus negociaciones en México debido a interpretaciones erróneas que hace de sus interlocutores. A juzgar por los hechos recientes, una vez construida la casa, golpean sus paredes hasta echarla abajo.
Las autoridades de Venezuela cometen un error de cálculo al estimar que un funcionario estadounidense en funciones puede engañarles, considerándolo como un agente que responde a él y no a su gobierno.
No se podría dar el reciente anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de convocar una cumbre internacional en Bogotá sobre Venezuela sin que el embajador estadounidense James Story esté plenamente informado del proceso y cumpla con el mandato de la administración estadounidense a la que sirve.
Al convocar una reunión con países de América Latina y Europa, Gustavo Petro lo hace en comunicación con su canciller, Álvaro Leyva, y con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El próximo encuentro en Bogotá nunca debe ser visto como una negociación que se instalará en Colombia, sino como un apoyo al diálogo cuyo cauce natural es México.
Ni el Grupo Internacional de Contacto ni los países democráticos de la región estarían dispuestos a acompañar el desmantelamiento de lo que se ha avanzado en México.
Dicho esto, quisiera ir al fondo de este ensayo: en la salud política, más importante que un cardiólogo es un otorrino. En el complejo mundo del poder, es crucial no ser el que más quieren, sino el que más escuchan.
A juzgar por los hechos, el otorrino del presidente Nicolás Maduro en el tema de la negociación con Washington está confundiéndolo.
El gobierno parte de una premisa equivocada: que James Story era trumpista y ahora es bidencista. Esta es una manera muy infantil de analizar el asunto, propia de la práctica del chavismo, cuyos embajadores suelen ser agentes de propaganda.
James Story es un diplomático de carrera. Sirve al presidente de Estados Unidos, cualquiera sea su nombre o partido.
Cuando el señor vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela se atreve a injuriarlo, olvida, por su confesa falta de hábito de lectura, que Story fue el director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL por sus siglas en inglés) para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado.
Pienso que Story no se irá de su cargo, al menos no en esta etapa. Pero si aceptamos el improbable escenario de que se fuera mañana (para lo cual México no debería avanzar), el gobierno sería el perdedor más importante.
Primero, el cambio haría zozobrar el restablecimiento de una relación que el chavismo ha buscado y necesita afanosamente, más allá de la retórica mediática.
Segundo, tendrían que esperar a que el nuevo enviado haga contacto y se entienda con ese carnaval en Navidad que es el mundo político de Venezuela.
Tercero, todo el capital de influencia de cuatro años de Jame Story -quien es el embajador de Estados Unidos en Venezuela con más tiempo en el cargo- que le sirve para persuadir sobre asuntos políticos tanto en Washington como en Caracas, quedaría reducido a cero con un nuevo embajador.
Por tanto, lo inteligente sería avanzar con lo que se tiene, en respuesta al dicho popular: «Mejor malo conocido que bueno por conocer».
El otro asunto pendiente es el de las sanciones económicas, traídas como una plegaria cada vez que el gobierno intenta quejarse de Washington.
Buena parte de quienes apoyamos la negociación parecemos estar de acuerdo en que las sanciones al país son inconvenientes para la gente común.
Pero la realidad es la realidad: están ahí y funcionan como instrumento de negociación en un marco donde el gobierno se vea obligado a volver al camino ideal de la democracia.
Afirmar que el país está así gracias a las sanciones es parte de la verdad, pero decir que está así exclusivamente por las sanciones es perjurio.
La producción petrolera se fue reduciendo antes de las sanciones a menos de 2 millones de barriles diarios, sumado a una inflación voraz, la escasez y el hambre producto del control económico.
El gobierno de Maduro debe sentarse urgentemente con la oposición en México, porque si no lo hace, el único perjudicado será él.
Dilatar esto, demandando fondos destinados a ser administrados por la ONU en el futuro cercano, creyendo que Naciones Unidas es uno de esos barcos de Pdvsa que administraba el coronel Pérez Suárez, dispuestos a despacharse bajo la voluntad del militar de turno, no es serio.
Si continúa por ese camino, congresistas del Partido Republicano en el Congreso -con toda razón- van a presionar y acusar al presidente Nicolás Maduro de burlarse de la administración Biden.
La política doméstica estadounidense, signada por explotar las debilidades mutuas de demócratas y republicanos, va a hacer imposible avanzar en el tema de ampliación de licencias a Chevron y levantamiento de sanciones.
Esperemos que el propio gobierno venezolano no siga haciendo el ritual de suicidio japonés por desentrañamiento, conocido como el harakiri.
En conclusión, la situación actual en Venezuela requiere de una solución urgente y la única forma de lograrla es a través del diálogo y la negociación entre el gobierno y la oposición. La dilación en este proceso solo empeora la situación y aumenta el sufrimiento de la gente común. Es necesario que todas las partes involucradas se comprometan con una solución pacífica y duradera para el bienestar del país y su pueblo.