Ha quedado atrás la frustrada posibilidad de encontrar y transitar una salida política a la crisis que venimos confrontando –nos referimos al referéndum revocatorio que se dio por agotado con pasmosa pasividad, así como al acuerdo nacional que debe verificarse entre todos los sectores de la vida del país–. Mientras esto sucede, a los venezolanos de buena voluntad se les continúa calificando en el exterior como “personas de riesgo” y por ello se exacerban las señales de alerta que podrían significar blanqueo de capitales; hasta el pasaporte venezolano como documento de identidad ha perdido credibilidad y respeto en años recientes. La nueva pauta del liderazgo opositor propone esperar a 2024 para intentarlo una vez más, sin que de ello pueda tenerse ninguna certeza; y no puede haberla porque en Venezuela han desaparecido las instituciones, como demuestran los hechos. Lo peor de todo es que se desestima y prolonga el sufrimiento de los menos favorecidos, quienes desde hace tiempo padecen hambre que no espera hartera.
Douglas North –Premio Nobel 1993– nos propone examinar la economía y su desempeño como proceso evolutivo de las instituciones, esto es, de las reglas de juego que prevalecen en una sociedad organizada, aquellas que configuran y encauzan la interacción establecida entre seres humanos que comparten un mismo espacio geográfico y sus oportunidades: normas creadas por el hombre, que poseen un carácter dinámico y que conminan un determinado comportamiento –a partir de ellas también se configuran los incentivos para las relaciones de intercambio, sea económico, político o social–. Ello incluye tanto leyes escritas y reglamentos –las llamadas instituciones formales–, como las costumbres inveteradas y códigos de conducta, de índole mas bien informal. Y la función primordial de las instituciones es reducir la incertidumbre en los negocios y relaciones diversas, aquella que se origina en informaciones fragmentarias, manipuladas y sesgadas respecto al comportamiento de los individuos. El interés por el estudio de las instituciones y su incidencia en las actividades que intentan satisfacer las necesidades humanas se sostiene precisamente en la certeza que deviene del respeto que profesan los individuos a las reglas de juego establecidas y generalmente aceptadas, así como también en todas aquellas perspectivas verificables que de suyo estimulan el accionar de los agentes económicos. De no existir en sociedades organizadas ese acatamiento al precepto de obligado cumplimiento, no habría confianza ni menos aún desarrollo económico sustentable. Donde ni siquiera se respetan las disposiciones que regulan el tránsito automotor –en Caracas, ante la ausencia de autoridad, los semáforos son motivo de pitorreo–, se hace imposible alcanzar los resultados esperados en cualquier plan de acción.
En este contexto, cabe destacar el todavía creciente interés universal en la formación y puesta en marcha de empresas como camino al desarrollo económico y al fomento de prácticas y modelos innovadores, sobre todo apoyados en el avance tecnológico –para ello resulta igualmente imprescindible la educación pública y privada–. Es igualmente de vital importancia determinar los factores críticos que supeditan la promoción de nuevas empresas, incluso el fortalecimiento de las existentes a través de ampliaciones del capital invertido, investigación y desarrollo. Las leyes promulgadas conforme el pacto social terminarán inexorablemente influyendo de manera positiva o negativa en el desarrollo económico y obviamente en la creación de nuevas empresas. Pero en Venezuela se han complicado innecesariamente los procesos registrales, tanto como para la obtención de licencias y permisos; se han incrementado, entorpecido y encarecido los trámites, acentuándose las ineficiencias del giro operativo a causa de fallas en los servicios públicos que obligan a la autogeneración de energía eléctrica, escasez de insumos como el combustible que debe pagarse a precios a veces desmesurados, ilícitas “pecherías” a cargo de alcabalas que acechan el tránsito vehicular, interrupciones cada vez más frecuentes en las comunicaciones telefónicas y vía internet, entre otras anomalías que no cesan.
La discusión aquí planteada en términos muy preliminares es pertinente en la Venezuela de nuestros días aciagos, donde el primer paso que debe darse hacia la reactivación económica tiene que consistir precisamente en devolver el orden, funcionalidad y respeto a las instituciones fundamentales. La crisis que nos agobia no se resolverá con simples diálogos, reiterados excesos y maniobras del régimen, acusaciones estériles a las naciones democráticas del mundo civilizado, ni pactos inconfesables entre factores políticos. Se hace ineludible el acuerdo nacional que unifique a la ciudadanía y sectores de la vida del país, en torno a propuestas creíbles y ante todo ajustadas al mundo real y a la verdad; sin ello no habrá condiciones favorables al desarrollo.
Se insiste en una visión optimista de la Venezuela pospetrolera, una perspectiva que ignora el deplorable estado que observa el tejido institucional en prácticamente todos los ámbitos de actividad. La reactivación económica nunca será completa si no se advierten mejoras en variables tan básicas como el empleo y el poder de compra de la gran masa de consumidores –no solo de las minorías pudientes que “comen completo” y viajan al exterior con relativa frecuencia–. El hundimiento de la economía venezolana ha ido más allá de unas cuantas cifras que sin duda podrían “mejorar” en lo inmediato –se habla de crecimiento del PIB, como si se tratase de una “gran cosa” después de una colosal caída sin precedentes–, para adentrarse en aspectos cualitativos, incluso organizacionales de sectores que han sido desmantelados o en todo caso afectados severamente por tantas políticas públicas desacertadas.
¿Qué atributos puede fraguar una economía carente de instituciones que provean mínima confianza y seguridad a los agentes económicos? Solo una evolución positiva en los estándares de vida de la gran población venezolana podrá traducirse en mejoramiento económico, algo que parece obvio, pero que deliberadamente ignoran quienes creen que la dolarización y la importación de bienes accesibles para una minoría acomodada, serán suficientes para relevarnos del actual estado de cosas. Porque como bien apuntan los analistas, un exiguo crecimiento de la economía no significa mejoría para todos los sectores de la población, antes bien, se acentúa la peligrosa brecha entre la opulencia o tranquilidad de unos pocos afortunados y las grandes mayorías de venezolanos que huyen al exterior o se resignan a vivir muy próximos al estado paupérrimo de necesidad.