A diario son numerosos los casos en que los juicios que cursan en los distintos tribunales de la República son objeto de tácticas dilatorias, aplazamientos de los procedimientos naturales del caso, demoras y una serie de irregularidades que dilatan las respectivas sentencias que se ventilan en todas las instancias en lo civil y penal.
En algunos de estos casos, incluso, amén de la impunidad, se ha descubierto una manifiesta corrupción que golpea la aplicación de la verdadera justicia, que claman quienes por distintas razones ventilan juicios en tribunales de la capital de la República y del interior del país.
A ello se suma la imperante desidia que se observa en algunos, no en todos de estos tribunales, en los que secretarias, funcionarios y alguaciles se enfrascan en baladíes y bobaliconas conversaciones en presencia de quienes asisten a solicitar información, revisar expedientes o sencillamente a introducir una diligencia de oficio.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, «desidia» es: «Falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa, ya solo queda la vía del escándalo y denunciar la falta de interés, la desidia y la incompetencia de las autoridades» (sic).
En los Tribunales de Justicia de Maracaibo consiguieron en los ductos de los aires acondicionados montones de oficios de los diferentes juzgados que nunca llegaron a su destino y la mayoría de ellos estaban dirigidos al Cicpc, para inclusión de personas solicitadas desde el año 2018 hasta la presente fecha. En otros casos se descubrió a alguaciles implicados en la falsificación de firmas y secretarias que ocultaron expedientes.
Sobre el tema de la corrupción judicial, la Dra. Gladys Requena, inspectora general de tribunales, expresó que «la historia de esta trama de corrupción judicial es un recordatorio de la importancia de la honestidad y la integridad en el sistema judicial. La justicia debe prevalecer sobre los intereses personales y la corrupción, para garantizar la protección de los derechos y la seguridad de los ciudadanos».
El autor de este artículo, cuyo apartamento fue invadido, y el caso se ventila civil y penalmente desde hace 3 años y 4 meses a través de la Fiscalía 17 del Ministerio Público y del Tribunal Sexto Civil del Área Metropolitana, órgano de justicia que aprobó con lugar el Recurso de Amparo, que el invasor se niega a cumplir, indujo al suscrito a acudir a la Inspectoría General de Justicia, a cargo de la Dra. Gladys Requena, para solicitar respuesta del Tribunal Décimo de Municipio con sede en Los Cortijos, visto que la diligencia introducida hace un mes para agilizar la «desocupación forzosa» del inmueble en referencia aún no tiene respuesta.
En la sede la la DEM (sigla de la abreviatura del despacho) fui gentilmente atendido por el jefe de la oficina de denuncias Dr. Vladimir Rojas, quien recibió el reclamo del que espero pronta respuesta, confiado en la labor que viene desarrollando la alta personera de la justicia, que ha sido objeto de los más encomiables y favorables comentarios sobre su gestión. Ha trascendido su llamada de atención, suspensión y hasta destitución de algunos jueces, que incumplieron con la ética del ejercicio en el cargo que desempeñaban.
En su empeño por adecentar y aplicar la justicia, como reza la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la Dra. Requena ha sido muy enfática al afirmar que se ha avanzado en una aplicación que facilitará poner denuncias a través de Internet, que «permitirá democratizar las mismas, y hará que las personas no tengan que viajar a Caracas, u otros lugares de inspectorías lejanos”. Esto implica, agregó, recorridos de tribunales donde constaten que los mismos estén constituidos y que celebren audiencias.
Soplan aires renovadores y de buen augurio, la gestión que está realizando. El pasado fin de semana durante 4 días celebró un Encuentro Nacional de Inspectores e Inspectoras, que congregó a 187 funcionarios de todo el país y dio la bienvenida a 40 nuevos inspectores, 30 de ellos mujeres, para inducirlos en la nueva tarea que emprenderán, es decir, la aplicación de la ley que es la regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, aspectos de las relaciones sociales.
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