El pasado 4 de mayo, InSight Crime publicó el informe “La revolución de la cocaína en Venezuela”, documento que políticos, dirigentes gremiales y sindicales, académicos y profesores universitarios, líderes sociales y ciudadanos preocupados por el destino de Venezuela, deberían leer. Aunque quizá no sea necesario presentarla, recuerdo aquí que InSight Crime es una organización no gubernamental cuya sede central está en Colombia, especializada en investigar y analizar los fenómenos de la delincuencia organizada en América Latina y el Caribe. Llevaré mi recomendación todavía más lejos: quien tenga la oportunidad, debería buscar en YouTube o en la propia página de la organización el video de la conversación que Jeremy McDermott (director ejecutivo y cofundador de InSight Crime), la periodista Sebastiana Barráez, la académica Angélica Durán Martínez y el periodista Javier Mayorca compartieron para comentar y aportar ideas con relación al informe. Este artículo no pretende reemplazar la lectura del informe; al contrario, mi opinión es que el material, disponible en https://es.insghtcrime.org, debe ser leído, discutido y difundido.
Entre los muchos aspectos señalados, el que podría resultar más alarmante es el contenido en el capítulo 1 del material: Venezuela, que hasta ahora ha sido primordialmente una zona de tránsito entre los centros de producción de cocaína ―en Colombia― y sus principales mercados ―Estados Unidos y Europa― se está convirtiendo también en un centro de producción, es decir, en un país donde se cultiva la coca y donde se la prepara en laboratorios para su exportación y consumo. En el estado Apure, municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo, y en el estado Zulia, municipios Catatumbo, Jesús María Semprún y Machiques de Perijá, hay plantaciones, algunas de las cuales tienen dimensiones industriales. Simultáneamente, con la información disponible hasta ahora, en los dos municipios señalados en Apure y en Jesús María Semprún hay centros de procesamiento.
Que estas noticias sean tan inquietantes se debe, principalmente, al potencial que tiene este rubro delictivo. Pensemos en esto, tal como, de algún modo, lo sugieren el informe y los panelistas: en un país con la economía en el suelo, sin instituciones que respondan a las necesidades de las familias; en un país donde hay sectores políticos y militares comprometidos con el narcotráfico; donde la delincuencia organizada se expresa de modos diversos ―pranes, colectivos, narcoguerrillas, bandas civiles o uniformadas―; donde los hombres del campo son sometidos a alcabalas y extorsiones; donde la inflación hace inútil los salarios que no están dolarizados; donde hay zonas que no están bajo el control del Estado ni de la ley, sino que son territorios donde se ha permitido el establecimiento de narcoguerrillas, la probabilidad de que la producción de coca y su transformación química en droga lista para el consumo se expanda por los estados fronterizos no es muy alta sino altísima.
Y es aquí donde es fundamental repetir la advertencia que hizo la periodista Sebastiana Barráez en el panel mencionado: una vez que la economía de las plantaciones y los laboratorios de coca se instalan en un país, su eliminación es, en la práctica, casi imposible: costosísima en lo económico, lo social y lo policial. Como si fuera una maldición, las plantaciones que se erradican un día, reaparecen al siguiente. Los laboratorios que se destruyen son reemplazados por otros. Se instaura un círculo interminable, siempre acompañado por un auge de violencia y muerte.
El otro factor al que debo hacer mención se refiere a las características que tiene el negocio del narcotráfico en Venezuela. Sostiene el informe de InSight Crime que el llamado Cartel de los Soles no tiene una estructura centralizada como otros carteles, sino que es una red distribuida por el territorio venezolano, producto de una especie de reparto de zonas o regiones que, desde el más alto nivel del régimen, se ha hecho de modo que altos funcionarios y jefes militares puedan obtener ingresos y ventajas ―no lo olvidemos, con el negocio del narcotráfico―, a cambio de una firme lealtad política y el compromiso de mantener a Maduro en el poder.
En el informe se lee lo siguiente: “El propósito central del Cartel de los Soles continúa siendo el mismo de siempre: ayudar a un presidente chavista a aferrarse al poder. Sin embargo, los retos que enfrenta Nicolás Maduro han cambiado a medida que el país se ha precipitado a una crisis económica y política. El presidente encabeza un Estado casi en bancarrota y está bajo la presión constante de los opositores políticos en el país, en el extranjero e incluso dentro del chavismo y el mismo Estado venezolano. En este contexto, el Cartel de los Soles ha cambiado para ajustarse a estos desafíos, y ha pasado de ser una red de tráfico poco cohesionada a convertirse en un elaborado sistema de patronaje utilizado para distribuir la riqueza del tráfico de drogas entre quienes, en los ojos de Maduro, son necesarios para mantener la estabilidad del régimen. Al igual que Chávez, Maduro sabe que debe mantener a los militares de su lado si quiere seguir siendo presidente. Pero, a diferencia de su antecesor, no tiene dinero para pagarles: el colapso de la economía venezolana ha hecho que los salarios de los militares rasos caigan a menos de 20 dólares al mes”.
Estos dos temas son apenas parte del desarrollo contenido en el informe, invaluable por la cantidad de información que ofrece sobre la expansión del flagelo, la distribución en el país, casos específicos como el del Cartel de Paraguaná, señalamientos a altos funcionarios como Tareck el Aissami, los modos de actuar de los operadores y otros asuntos relevantes. Repito: hay que leerlo y distribuirlo.