La política en Venezuela adquiere una dinámica que nos ubica dentro de los países en los que se toman decisiones a conveniencia de quienes utilizan cualquier medio, legal o ilegal, para impedir el ejercicio de los derechos constitucionales de los venezolanos a participar en los venideros procesos electorales.
Las inhabilitaciones se han convertido en la manera más expedita para lograr neutralizar a los aspirantes a participar en las próximas presidenciales.
Las principales razones para solicitar las inhabilitaciones que impiden ejercer el derecho constitucional a aspirar un cargo público, bien sea el de presidente, gobernador, alcalde o diputado, están argumentadas en cualquier declaración hecha o posición pública previamente asumida que pueda ser considerada como contraria a los intereses de la nación o la no presentación adecuada de las cuentas de alguna campaña electoral anterior donde se haya postulado a cualquier cargo público.
La implementación de esta estrategia política como el mecanismo aplicado para dejar a un lado los potenciales oponentes políticos con mayores oportunidades de ser electo surge con ímpetu en la medida en que se acercan las fechas para realizar las elecciones presidenciales. Esto crea molestia en la base popular al sentirse limitada en sus derechos de elegir a cualquier candidato que se postule para un cargo público, lo cual para muchos analistas políticos crea desconfianza hacia las instituciones del estado y afecta los derechos constitucionales de los ciudadanos. La inhabilitación de la candidata María Corina Machado es la primera evidencia que esta práctica se va a sostener como estrategia política.
La nación venezolana observa con interés hasta dónde será posible que las inhabilitaciones se conviertan en la vía expedita para descartar candidatos opositores que puedan resultar favorecidos con el voto popular.
¡Estaremos por ver sus efectos!