El Informe de Hallazgos Preliminares del Análisis de Integridad Electoral de las Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia por los comicios del 20 de octubre de 2019, efectuado por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos, revela las irregularidades encontradas.

Lo primero que hay que aclarar es que en Venezuela no hay observación electoral por parte de ningún órgano internacional desde 2006, cuando el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, firmó en Caracas el acuerdo de observación electoral con la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Lo segundo es que en Bolivia ha actuado la OEA dirigida por el secretario general, Luis Almagro Lemes, lo cual demuestra el compromiso por la democracia del continente. No hay que dejar de lado que el doctor Gustavo Tarre Briceño es el embajador designado por la Asamblea Nacional como representante permanente de Venezuela.

Al día siguiente de las elecciones en Bolivia, la Misión de Observación Electoral de la OEA llamó a que se respetara la voluntad de la ciudadanía; testificó la inequidad evidente entre las candidaturas; manifestó su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas; señaló que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (órgano que hace las elecciones) generó pérdida de confianza en el proceso electoral; instó a la autoridad electoral a que defendiera decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana con estricto apego a la Constitución y sus leyes complementarias de manera ágil y transparente; y pidió que se mantuviera la calma y se evitara cualquier forma de violencia en esa delicada situación, para que los cómputos departamentales se desarrollaran con normalidad y sin interrupciones y con garantías para los observadores y el personal electoral. Como punto final, expresaron que mantenían la esperanza de que el resultado del cómputo definitivo se apegara a la voluntad de los electores manifestada en las urnas.

La Misión Electoral, el día 6 de noviembre, condenó los actos de violencia; mostró preocupación por la abundante información falsa que circula en las redes sociales, incluida aquella que busca dañar la reputación de la auditoría y sus técnicos; y aseveró que se mantendría en Bolivia hasta que concluya el análisis de integridad electoral sobre los comicios del pasado 20 de octubre que efectúa el equipo técnico de la Secretaría General de la OEA.

Me voy a concentrar en una sola de las irregularidades a las que se refiere el Informe de Hallazgos Preliminares de las Elecciones de Bolivia, de fecha 10 de noviembre, una como la que declaró la empresa Smartmatic el 6 de marzo de 2018, cuando dijo que el CNE había anunciado resultados diferentes a los reflejados por el sistema de votación durante las elecciones a la asamblea nacional constituyente, que se había agregado de forma irregular más de 1 millón de votos y que no podía garantizar la integridad del sistema, ni podía certificar la exactitud de los resultados. En Bolivia, la Misión de Observación dice que hay un servidor (equipo de computación) que no se utilizó para el fin para el cual fue notificado. La auditoría de la OEA detectó que el flujo de la información de transcripción, tras la interrupción, fue redirigido a un servidor que no pertenecía a los previstos para el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares en la nube, ni a los equipos físicos de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información. Sumado a esto, no era controlado por la empresa auditora, ni por funcionarios del Servicio de Registro Cívico ni técnicos de la DNTIC, sino por alguien externo. El mencionado equipo no figura en los informes que les entregó el tribunal y todos los actores omitieron su existencia hasta ser detectado por los auditores de la OEA. Relatan que el flujo de actas llegó al servidor principal del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares por dos vías diferentes que no estaban controladas por la empresa auditora y que se modificó el Protocolo de Internet (IP) a 350 equipos, en lugar de utilizar los servidores previstos, lo cual consideraron muy grave. El servidor de respaldo no tenía la misma cantidad de registros y no contaba con la misma información en sus bases de datos. Desde un servidor en una red vulnerada se estableció comunicación con la red del cómputo oficial para transferir datos. La conclusión fue: no es posible dar certeza de los resultados.

Recuerdo que la Misión de Estudio del Centro Carter recogió en su informe sobre las elecciones presidenciales de Venezuela del 14 de abril de 2013 que hubo denuncias acerca de una interrupción por más de 20 minutos del servicio de Internet de banda ancha de Cantv en el momento en que los centros de votación comenzaban a cerrar y el sistema empezaba a procesar los datos de votación. El CNE se defendió aseverando que las máquinas de votación encriptan la transmisión de los votos a través de una red segura y que, si bien la misma es operada por Cantv, funciona de forma independiente del servicio de Internet.

Cualquier parecido con la realidad es muy similar.

@rangelrachadell

 


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