La censura en el chavismo alcanzó un pico dramático en 2019, producto de la expansión del guion constituyente a través de la plataforma del CNAC que es dominada por el régimen, desde la imposición inconsulta de Roque Valero a la cabeza del ente rector. La gestión del hombre de las dificultades expone la imagen de un títere que ríe cínicamente, delante de las cámaras, aparentando que nada pasa.
En septiembre, el actor junto con el ministro generaron el pote de humo del evento Innovamos o erramos, para bajar la línea definitiva del cierre del año ante el reto del cese de la usurpación.
Frente a la respuesta blanda de la oposición en el ámbito cultural, la revolución escala la arremetida contra la libertad de expresión de creadores venezolanos al prohibir la difusión de dos proyectos terminados de directores disidentes.
Al primero de ellos, Flavio Pedota, le impidieron concretar la fase de “cedulación” de su película de muertos en vida, Infección, bajo una serie de argumentos falaces y de omisiones propias de una operación tortuga.
Así la burocracia oficialista quiere torpedear la posibilidad de estrenar la cinta de zombies sobre un país, muy nuestro, afectado por la propagación de la plaga socialista. Los militares en el poder demoraron el proceso de registro del largometraje para boicotear la difusión de un contenido crítico.
La medida carece de sentido, pues incentiva el interés del público por descubrir el filme. La gente buscará los caminos paralelos, los canales de acceso, que permitan consumir la pieza sin filtros.
De todos modos, el gremio debe alzar su voz en el ánimo de defender los derechos de un colega agredido; otro autor que se suma a la lista negra que admite Ernesto Villegas con su silencio.
Los tiempos de bloqueo de cuentas han provocado el recrudecimiento de un clima de impunidad que pretende acallar las propuestas de los directores vernáculos, dentro y fuera del territorio.
Por algo, la historia reciente reporta un nuevo caso de escándalo en el seno del cine venezolano, al publicarse la sentencia que prohíbe, de facto, la difusión del documental Chavismo: la peste del siglo XXI en universidades y espacios públicos.
Vivimos, por tanto, en un estado de sitio, de excepción, que en la forma de un golpe perpetuo le ha puesto un cepo, un velo a la cartelera de arte y espectáculos en el mes de octubre, tras la cancelación de la ronda de negociaciones.
El libreto del diálogo ha tenido como colofón la proyección de una estructura distópica que radicaliza las secuelas de la ley Tascón, del macartismo de Farruco Sesto y de la hipocresía del reglamento de “la convivencia pacífica”.
En realidad, el desgobierno ha declarado la guerra a realizadores como Gustavo Tovar-Arroyo que denuncian los desmanes de la quinta república con imágenes contundentes de ciudadanos comiendo de la basura.
El problema del hambre no se resolverá en Caracas interviniendo en la programación de la Universidad Simón Bolívar y la UCV.
La autonomía sufre los embates de la visión sectaria que ampara Unearte, Román Chalbaud y Liliane Blazer, quienes prefieren callar y fingir demencia en lugar de solidarizarse con las víctimas de la miseria comunista.
Hay que exigir justicia, protestar, no quedarse de brazos cruzados. De lo contrario, el contagio se instalará en las mentes de una sociedad ya manipulada, aterrorizada y resignada.
Seamos proactivos, organicemos encuentros que aporten soluciones.