Cuando se habla de derechos humanos, es común fijar la atención en los derechos civiles y políticos. Siempre es positiva la liberación de presos políticos. Sin embargo, al jerarquizar la gravedad de las violaciones, se corre el riesgo de dejar en segundo plano a los derechos económicos y sociales. Por ejemplo, el derecho a un salario suficiente que permita cubrir las necesidades básicas.
El derecho a una vida digna implica la libertad personal y también el acceso a un trabajo remunerado que garantice a las familias atender sus necesidades materiales, sociales e intelectuales. Los derechos humanos son interdependientes. Si el salario no alcanza para adquirir comida, ropa, transporte y medicamentos; se afectan los derechos a la salud y a la vida.
El umbral de la miseria establecido por Naciones Unidas indica que una persona que devengue menos de 1,25 dólar por día está en pobreza extrema. Ese monto diario que define la pobreza extrema es lo que representa el salario mínimo de un mes en Venezuela. Es decir, que un trabajador que gane salario mínimo estaría 30 veces por debajo de la línea de pobreza extrema.
La gestión de Nicolás Maduro, autoproclamado “presidente obrero”, ha destacado por la pulverización del salario y las pensiones. Como agravante, una improvisada dolarización de facto profundizó las desigualdades entre quienes tienen acceso a divisas y para quienes su único ingreso es percibido en bolívares devaluados por la hiperinflación. Estos últimos, obligados a migrar forzosamente.
Celebramos la liberación de algunos presos políticos, entre ellos Rubén González, sindicalista encarcelado en jurisdicción militar por defender a sus agremiados. Del mismo, urge el fin del secuestro de los derechos laborales. Indulten el salario de los trabajadores.
@leeficcion