En mi último artículo, publicado el 8 de febrero y titulado «Cultura de la legalidad para salir del último puesto», hacía alusión al resultado obtenido por Venezuela en el último reporte de percepción de la corrupción publicado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional. En esa oportunidad indicaba que nuestro país había logrado, desafortunadamente, uno de los últimos lugares en la percepción registrada de manera imparcial y científica.
En esta oportunidad, solo por curiosidad, hallé el reporte mundial de indicadores de gobernabilidad, elaborado por el Banco Mundial. Desde 1996, la organización multilateral elabora y publica los resultados de un detallado estudio, el cual mide el desempeño de los países en gobernabilidad. La versión más reciente del estudio data de 2018, y en ella analiza el comportamiento de los países en 6 sectores: libertad de expresión y transparencia, estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo, efectividad del gobierno, calidad regulatoria del gobierno que permita y promueva el desarrollo del sector privado, Estado de Derecho y control de la corrupción. Los indicadores establecen como la calificación más alta +2,5 y las más baja -2,5. Efectivamente, los lectores intuirán que mi siguiente comentario será que Venezuela una vez se ubicó entre los últimos puestos de los indicadores anteriores. Así fue, no es necesario ser muy hábil en Estadística para reconocer que Venezuela desde 1996 ha descendido estrepitosamente en la evaluación independiente y objetiva del Banco Mundial.
Es posible coincidir con los resultados del Banco Mundial al analizar, a la luz de algunos de los citados indicadores, la realidad nacional en los últimos días. Si bien es cierto que el gobierno constitucional de Venezuela es presidido de manera interina por Juan Guaidó, el régimen de facto encabezado por Nicolás Maduro cumple una peligrosa función de gobierno. Entonces, a quién toca analizar para determinar que las políticas públicas siguen colocando al país entre los últimos puestos de cualquier indicador de gestión gubernamental? Sin duda, al régimen de facto liderado por Nicolás Maduro, el cual usurpa funciones de gobierno.
En este sentido, hace unas semanas, la asamblea nacional constituyente, ente inconstitucional, aprobó reformas a la Ley de la FANB, mediante la cual incorpora la Milicia Bolivariana a la institución militar. Así mismo, aprobó la reforma del Código Orgánico Tributario, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Aduanas a fin de reducir el déficit en las cuentas públicas. Todas parecen ser reformas relevantes por su nefasto impacto en la ya deteriorada institucionalidad y en la economía nacional. De cualquier manera, tenemos a dos actores tomando decisiones perjudiciales para la gobernabilidad del país. Aunque estos hechos ocurrieron recientemente, otros iguales han sido la norma en los últimos años. Por esta razón, la evaluación de 2018, en materia de Estado de Derecho, calificó al país con -2.34/-2.5. Por ejemplo: Somalia obtuvo -2.33/-2.5.
Más recientemente, a propósito del retorno al país del presidente interino, después de una gira internacional, puso de nuevo en evidencia los mecanismos represivos e intimidatorios del régimen de facto. En esta oportunidad, así como ya es costumbre, fueron utilizados civiles para enfrentar a otros civiles. Al mismo tiempo, representantes de los medios de comunicación fueron objeto de la violencia por grupos organizados para intimidar a la sociedad civil durante la llegada del presidente interino. Mientras tanto, agentes de la Fuerza Armada Nacional que se encontraban presentes, observaban lo que muy seguramente habían planificado y concretado, junto a los líderes del régimen de facto. Todo lo anterior, se desarrolló sin pérdidas humanas que lamentar, lo cual seguro fue parte del mismo plan. Lo sucedido es una clara imagen de lo que ha sucedido durante años en el país, lo cual explica la calificación de -1,41/-2.5, en materia de libertad de expresión y transparencia obtenida en 2018.
Resulta imposible pasar por alto las maniobras militares de los últimos días. El régimen de facto, aprovechando el apoyo mostrado por el presidente Trump al gobierno constitucional de Venezuela, reaccionó empleando la violencia organizada. El régimen mostró a una Milicia Bolivariana, que según la última reforma a la Ley de la FANB ahora es parte de la institución castrense, para intimidar. Ante ello, no se han hecho esperar las críticas por el uso de civiles para este fin. Así como las especulaciones de posibles escenarios en los cuales el régimen intentaría atacar nuevamente a la población con grupos organizados. Además, después de la reforma a la Ley de la FANB surge la duda de cuál será el papel del resto de la FANB ante una posible agresión a la ciudadanía.
Además, el régimen moviliza artefactos de guerra en las ciudades, intentando aparentar que posee alguna capacidad militar real. Sin embargo, si la situación llegase a escalar en un escenario armado, lo que muy probablemente suceda es que las milicias y grupos civiles armados por el régimen, así como los artefactos de guerra tendrían efecto contra la población. Para 2018, la medición del Banco Mundial, nos calificaba con -1,34/-2,5 en el indicador de estabilidad política y ausencia de violencia. En la actualidad, cualquier cambio a favor o en contra de este indicador mantendrá al país resignado a los últimos escaños.
Mientras todo lo anterior sucedía, la criminalidad en todas sus formas, la escasez de los recursos más básicos para vivir y ausencia de gobernabilidad continúan imponiéndose entre la apatía, la impotencia y la incómoda resignación de la población. Al mismo tiempo, el gobierno constitucional de Venezuela sigue ensayando la mejor manera de salir de la usurpación, lo cual es plausible en un escenario social y político como el actual. Al final, ¿quién tendrá la última palabra para decidir el fin de la usurpación y regenerar el Estado de Derecho? La ciudadanía con una determinada empatía por legalidad. Si así fuese, con absoluta seguridad superaremos las consecuencias de 20 años de mala gestión gubernamental, apatía ciudadana y resignación.