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Al iniciarse el año quedó claro la total ausencia de voluntad de las FARC de cumplir con su compromiso de entrega al gobierno de Colombia de los bienes que estaban en su poder en el año 2016 cuando se firmaron los Acuerdos de Paz. Esta entrega, prevista en la letra de los acuerdos de La Habana llevaba como fin reparar en alguna medida a las víctimas del conflicto armado.

La obligación había sido normada de manera expresa en un Decreto Presidencial y tal hecho debía haber ocurrido antes del 31 de diciembre el año que feneció. La restitución no podía ser dejada al libre albedrío de los exguerrilleros hoy convertidos en una fuerza política que sesiona en el Congreso. A estas horas solo una fracción de los bienes a retornar siguen aún en manos de los subversivos.

Un inventario de estas propiedades es manejado por la ONU desde agosto del año 2017 y, desde esa fecha, debía haberse establecido un plan de identificación total de bienes y de entrega de los mismos. Tampoco ello ha ocurrido.

El tema es de gran complejidad y en ello se escuda el partido de las FARC para justificar los retrasos. Al revisar el inventario es notorio que allí fueron incluidos bienes de todo origen, muchos de los cuales no pueden ser monetizados para cumplir con la obligación de devolución de los dineros a los dolientes. En los registros oficiales se permitió la inclusión de vías terrestres o terrenos baldíos pertenecientes a la nación – por ejemplo 134 kilómetros de carreteras entre San Vicente del Caguán y La Macarena- lo que además hace pensar en el poco cuidado con el que se manejó, por el lado gubernamental, la sagrada obligación de reparación a las víctimas. La devolución de los bienes se encuentra, pues, dentro de un marasmo incomprensible en el que hay culpables en las dos orillas.

El caso es que aparte del contingente de armas retornada a las autoridades – 390 toneladas- los bienes recuperados en metálico y en oro no superan los 12,5 millones de dólares. Aparte de ello, el partido FARC asegura haber restituido más de 60 propiedades inmobiliarias.

El problema mayor reside en que en este limbo de irresponsabilidades paralelas se encuentra el proceso de reparación al que tienen derecho todos los afectados de la violencia y los desplazamientos en lucha intestina contra la insurgencia guerrillera que Colombia protagonizó durante medio siglo. En la reparación reside el principio de “paz sin impunidad” que fue uno de los ejes de las tratativas de la Habana y que se plasmó en el punto 5 del Acuerdo. Pues bien, es bueno anotar que hace un año la Contraloría de la Nación informó que en el Programa de Reparación Colectiva, tan sólo 1% de los 631 incluidos en el Registro Único de Víctimas había sido reparado de manera integral y completa.

La reparación con ocasión del conflicto armado colombiano es un derecho de las víctimas que han sufrido daños severos en sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales. Igualmente, la reparación integral es un deber de parte del Estado colombiano. Sin ello la reconciliación nacional no puede tener lugar y para que pueda ser instrumentado es preciso que el componte de restitución de bienes por parte de los exguerrilleros se cumpla con premura.


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