El segundo semestre del 2023 avanza rápidamente y el panorama político-electoral del país está lejos de aclararse. Mientras los principales actores opositores avanzan en sus estrategias y actividades de precampaña en el marco de una lógica de sana competencia, no se avizora ningún acuerdo básico que garantice unas elecciones mínimamente equitativas y transparentes en 2024. Apenas el contacto en Bruselas -que no arrojó, por lo demás, nada cierto ni claro- queda como constancia de que los canales de comunicación no están cerrados, al tiempo que reafirmó la idea de que sin presión ni compromisos internacionales concretos será posible que quienes controlan el poder se avengan a respetar las reglas del juego (lo cual incluye, por cierto, la fecha legalmente pautada, diciembre del año próximo).
El juego del régimen se ha revelado nítidamente en dos notorios movimientos que ha hecho en las últimas semanas, transgrediendo -como es su práctica- cualquier cantidad de leyes y procedimientos administrativos: la renuncia inducida de los rectores del CNE, y la inhabilitación de María Corina Machado, vía Contraloría General de la República. La primera medida busca, por una parte, colocar a rectores con pocos escrúpulos -serán, seguramente, operadores políticos del PSUV, que generen escepticismo en el electorado y estimulen desde ya la tendencia a la abstención, que tanto les favorece en un escenario donde están huérfanos de apoyo popular-. El segundo fue, sencillamente, utilizando el mil veces parafraseado título de García Márquez, la crónica de una inhabilitación anunciada, solo que se adelantó mucho más de lo que pensábamos, debido al arrastre popular alcanzado en las últimas semanas por Machado, que llevó al régimen a intentar quebrar de una buena vez su candidatura y detener su ascenso en el electorado.
Pese a estas jugadas, Maduro y su combo están lejos, al menos hasta el momento, de haber logrado sus objetivos: no solo no desestimularon a Machado y sus seguidores, sino que parecen haberle dado más fuerza, alimentando una especie de épica personal, que incluye habilidosos esfuerzos para vencer a los obstáculos y actos violentos que le interponen los círculos oficialistas en sus giras. Y en cuanto a la sustitución del CNE, no hay, por lo pronto, ningún asomo visible de desazón en la gran mayoría del electorado, y al contrario, el comienzo de la campaña de las primarias ha mantenido y aumentado las expectativas de cambio y participación, con las múltiples concentraciones y actividades de los distintos candidatos por todo el país.
Todo lo anterior explica por qué el gobierno proyecta tomar nuevas medidas para sabotear las internas opositoras, sin decidirse todavía por cuál. Han surgido las más diversas opciones, una más arbitraria y truculenta que la otra: suspender las primarias (es decir, intervenir en un asunto de la sociedad civil que no es de incumbencia de los poderes públicos), inhabilitar, por traición a la patria, a todos los candidatos que pidieron ayuda o apoyo externo durante las candentes protestas de años anteriores, y la última, al mejor estilo de Ortega en Nicaragua, y de Hitler y Stalin en las primeras décadas del del siglo XX, reformar la Constitución para declarar apátridas a todos los que se consideren aliados o amigos de potencias extranjeras.
Todas estas alternativas, sin embargo, de ser tomadas, tendrán costos importantes para el régimen, tomando en cuenta que su legitimidad, tanto en el ámbito interno como en el internacional, se ha deteriorado cada vez más con el paso de los años. En el plano internacional, ya fue notoria la postura de Petro criticando la inhabilitación administrativa de María Corina, y más recientemente, Lula, que desde que tomó posesión ha venido defendiendo peculiarmente la supuesta democracia madurista, ya deslizó una sutil crítica que deja entrever que su apoyo no es incondicional.
El escenario para Maduro es, por decir lo menos, complicado. Biden ha dejado atrás la diplomacia de progresivas concesiones -como la licencia a la Chevron el año pasado- y para cesar las sanciones exige firmemente medidas concretas de avance en el terreno electoral y de los derechos humanos (el petróleo puede esperar). Si el régimen quiere los recursos de la ONU prometidos en el acuerdo de noviembre del 2022, así como medidas adicionales en el ámbito de las operaciones extractivas y comerciales de las compañías petroleras en el país, tendrá que dar mínimas garantías de participación a los candidatos y de respeto a las reglas electorales. Puede negarse a ello, claro, y terminar de patear la mesa, pero eso significa que tendrá que afrontar la campaña electoral en una situación económica crítica y sin contar los recursos para paliar el exasperante cuadro social que agobia al país, escenario que condenaría definitivamente sus posibilidades de triunfo, ya de por sí débiles, aún en el escenario de contar con una oposición dividida -alacranes de por medio-y organizar unos comicios claramente no competitivos.
Precisamente por estar consciente de estas extremas dificultades, para el régimen constituye una materia de primer orden lograr que quien pueda eventualmente derrotarlo, sea alguien que garantice su pervivencia y beligerancia como opción política en los próximos años. Y aunque sin duda jugará a hacerse con el triunfo usando todos los ventajismos posibles, la posibilidad de una transición a la chilena constituye su segunda mejor opción.
Todo esto comporta enormes dilemas tácticos, estratégicos y de cálculo político para la oposición. Cómo afrontar unidos estas circunstancias es el meollo del asunto, en medio de las diferentes perspectivas que tienen los aspirantes y sus toldas acerca de cómo concebir la transición política (rápida o lenta, como una relación suma-cero o una relación suma variable y de cooperación-conflicto -que luce, a nuestros ojos, como la más prudente-, etc.) Entre otros, destaca sobremanera el punto acerca de cómo responder a las inhabilitaciones dictadas y a las que aparentemente están por venir, esto es, si los inhabilitados deben retirarse de las primarias (contrariando lo que ha sido la firme postura de la Comisión Nacional de Primaria), como ya han propuesto algunos dirigentes, o si, en la vía contraria, se mantienen compitiendo; lo que lleva a un consecuente sub dilema: y si alguno de los inhabilitados logra hacerse con la victoria (hipótesis que está planteada en el actual momento, sobre todo en el caso de Machado, quien encabeza las encuestas, pero que también puede aplicarse a Capriles o Superlano) hasta dónde debe mantenerse en lisa durante la competencia presidencial para dar paso a un sustituto eventual.
Son puntos, ciertamente, que van a exigir una enorme tolerancia y capacidad de oír al otro, pero, sobre todo, una gran capacidad de desprendimiento y una firme disposición de poner el interés nacional por encima de los intereses individuales y parciales; siendo el punto ideal y máximo la realización de un verdadero proyecto político unitario, compartido por todos. Donde, obviamente, el candidato o candidata que sea ungido tendrá un aporte decisivo en ese proyecto, pero también tendrá que retroalimentarse y nutrirse de las propuestas e ideas de las demás parcialidades. Si algo en ese tenor no se logra, difícilmente puede concebirse que, de conseguirse el triunfo en el 2024, la transición puede mantenerse y sobrevivir, en un contexto donde la mayor parte de los poderes del estado van a estar en manos de la entente maduro-cabellista.
Ojalá la reciente reunión entre candidatos, organizada por la CNP, haya avanzado algo en ese sentido. Hay que ser conscientes de que consensuar proyectos y rebanar egos es una tarea difícil pero no imposible, como lo demuestra nuestra historia democrática en el siglo XX y la de otros países en décadas recientes.
@fidelcanelon