Después de escuchar a un comerciante respetable del estado Aragua, que tenía que vender un local cerrado, porque el aumento exagerado del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, le obligaba a pagar una gran cantidad de millones de bolívares, así como otros casos, como es de la adquisición de un pasaporte nuevo que vale una gran cantidad de recursos constantes y sonantes y observando un caso de “la vida real” de una persona que tiene 6 meses buscando una tarjeta de débito de un banco público y no hay forma de que la consiga por las vías formales, he llegado a la conclusión de que existe un ejercicio de locura circular, donde se combinan el petro para castigar a productores y comerciantes, el dólar estadounidense como única tabla de salvación de los que ofrecen Bienes y Servicios en dicha divisa y el Bolívar Soberano que sirve como herramienta de castigo para los pensionados, empleados públicos y cualquier otro infeliz ciudadano que no tenga ingresos, excepto en bolívares.
Uno había de suponer, que con la llegada de la pandemia COVID-19, el gobierno aplicaría medidas de corte económico a objeto proteger a lo poco que queda de la economía venezolana, que ha perdido más de 70% del PIB desde 2014, a través de “créditos blandos”, inversiones a fondo perdido y las asignaciones directas o subsidios.
Sin embargo, nadie le explicó a la administración de Nicolás Maduro que sus esfuerzos nacionales van seguramente a fracasar si no protegen a los comerciantes e industriales de las jaurías de fiscales municipales voraces, que están desesperados por conseguir recursos a cualquier costo y ajustan tasas e impuestos usando el petro como medida de cuenta, a un precio de 60 dólares estadounidenses, fijado por el Banco Central de Venezuela, lo cual genera sin duda una gran distorsión, de la misma forma como se produce en el cálculo de los demás impuestos y contribuciones cuando se intercambian en divisas estadounidenses (más de 60% de las ventas según algunas fuentes periodísticas), pero se registran en bolívares para su facturación al cliente y su correspondiente pago de los siguientes ítems:
· Impuesto sobre la renta (ISLR)
· Impuesto al valor agregado (IVA)
· Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física.
· Ley Orgánica de Drogas
· Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
· Impuesto Municipales
· INCES
· Seguridad social
· Vivienda y hábitat
Se entiende la naturaleza e importancia de los impuestos municipales, pero es evidente su falta de solidaridad y consciencia política y sensibilidad social, cuando en medio de esta espantosa crisis, se comienza una agresiva campaña de recaudación fiscal que afecta a comerciantes e industriales, estén o no realizando su actividades habituales y cuando es obvio para todos la caída de las ventas en todos los sectores a escala nacional.
Es la misma situación crítica, que se presentó cuando millones de trabajadores públicos recibieron 0,5 La Bedrera para sus gastos cotidianos y solamente una fracción de los millones de trabajadores pudo hacer uso de dichos recursos por la situación de desespero en que cayeron muchos comerciantes al no poder cambiar con la suficiente velocidad sus petros en bolívares, para comprar dólares estadounidenses u otras divisas útiles para la importación de materias primas o productos terminados.
Recordando que el presupuesto estimado para el año 2021, se calculó a 488.000 bolívares soberanos para un total de 8.133 millones de dólares y en el momento de este escrito, vale el doble, reduciendo a la mitad (poco más de 4.000 millones de dólares), cuando falta todo el mes de diciembre 2020, no es exagerado pensar que estamos a las puertas de otra catástrofe monetaria, que parece derivar en su punto final en la sustitución definitiva del bolívar soberano por otra moneda, dada la resistencia política de gran parte de la administración Maduro de profundizar la dolarización informal o formalizar una política de dolarización que corte de plano la hiperinflación como sugieren economistas como Steve Hanke y otros expertos financieros.
En medio de esta debacle, con un dólar estadounidense subiendo en ascensor y unos sueldos y prestaciones, cada día mas devaluados, es necesario preguntarse qué sentido tiene utilizar el petro como látigo tributario para flagelar en las instituciones del Estado a la hora de pechar los compromisos fiscales, mientras que el salario mínimo, que jamás debería bajar de ½ petro, ósea 30 $, no se ha ajustado desde su creación y actualmente, tiene una distorsión de más de 20 veces su valor hacia abajo, lo que implica el deterioro muy acelerado de la situación de los trabajadores en Venezuela, que subsisten en el sector privado, gracias a bonos calculados o pagados en dólares ($), mientras que el sector público sufre una sangría laboral que nadie se atreve a describir, siendo imposible de conocer la cantidad de trabajadores que han renunciado o simplemente han abandonado sus puestos de trabajo.
Por todas estas razones, es importante que se supere esta situación agobiante y se resuelva de una vez la situación del bolívar soberano y el petro con relación al dólar ($), antes de que la relación alcance varios millones de bolívares por unidad y se vuelva absolutamente inmanejable la economía venezolana, donde un pasaje mínimo urbano, estaría por el costo de varios centenares de miles de Bs S, existiendo la posibilidad de que un salario mínimo no alcance ni para una semana de pasajes para ir al trabajo, mientras recordamos el precepto constitucional (Art. 91º) que señala lo siguiente:
CRBV Artículo 91 Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento.
No entender esta realidad, de vivir en una economía y peor aun en una sociedad con 2 tipos de moneda, que dividen a la misma, en ciudadanos de primera y segunda categoría, que a su vez son azotados por unos servicios tributarios implacables, llevara a la “muerte súbita” de la economía nacional en cualquier momento, lo que se puede interpretar como el cierre sin retorno de miles de comercios restantes y la fuga de su personal calificado fuera del país.
Parece quedar poco tiempo …